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Política

Derogaron el DNU que obligaba a organismos del Estado a contratar a Nación Seguros

El expresidente, Alberto Fernández, había promulgado un DNU que establecía que ministerios y organismos del Estado debían contratar pólizas con Nación Seguros.

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Luego de que estallara el escándalo de corrupción que involucra al expresidente Alberto Fernández, el Gobierno derogó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de 2021 que establecía que los ministerios y los organismos del Estado debían contratar las pólizas con Nación Seguros. La medida fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

El DNU 823, que todavía estaba vigente, precisaba que “las jurisdicciones y entidades comprendidas en el artículo 8° de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional” deberían “implementar la contratación de las pólizas de seguros que requieran en el ejercicio de su gestión a través de NACIÓN SEGUROS S.A. en todas las ramas en las que esa institución opera”. La directiva, fechada el 2 de diciembre de 2021, lleva la firma del por entonces jefe de Gabinete, Juan Manzur, y de quien en aquel momento estaba al frente del Ministerio de Economía, Martín Guzmán.

De acuerdo al primer artículo del texto publicado esta madrugada, quedan derogados también “los decretos 1187/12, 1189/12 y 1191/12″. La decisión de la administración de Javier Milei se sustenta en que “mediante el Decreto N° 70/23 se declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal y administrativa, entre otras, hasta el 31 de diciembre de 2025 y se dispuso un programa general de desregulación de la economía a través de la eliminación de barreras y restricciones estatales que impiden su normal desarrollo”.
En ese sentido, señalaron que “por el artículo 50 del citado Decreto N° 70/23 se estableció que las empresas en las que el Estado Nacional sea parte accionista no gozarán de ninguna prerrogativa de derecho público ni podrá el mismo disponer ventajas en la contratación o en la compra de bienes y servicios, ni priorizar u otorgar beneficios de ningún tipo, alcance o carácter en ninguna relación jurídica en la que intervenga”.

En esa línea, el Gobierno barrió también con el decreto 1187/12 que determinó la obligación de implementar el pago de haberes al personal de la Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional mediante el Banco Nación, así como la normativa que imponía a las entidades públicas el deber de “contratar con YPF la provisión de combustible y lubricantes para la flota de automotores, embarcaciones y aeronaves oficiales”.

De la misma manera, el Ejecutivo echó por tierra el decreto 1191/12, que “dispuso la obligación para las jurisdicciones y entidades del Sector Público Nacional de utilizar los servicios de Aerolíneas Argentinas, Austral Líneas Aéreas y Líneas de Aéreas Cielos del Sur Sociedad Anónima y de Optar Sociedad Anónima para la compra de pasajes que requieran para el traslado por vía aérea, tanto dentro como fuera del país, de sus funcionarios, empleados o asesores contratados bajo cualquier modalidad, o de terceros cuyos traslados financiaran”.

El escándalo de los Seguros

El escandalo estalló el 29 de febrero, cuando Alberto Fernández, su amigo y broker de seguros Héctor Martínez Sosa y el extitular de Nación Seguros Alberto Pagliano fueron imputados por el fiscal Ramiro González. Se requirió la instrucción de la causa por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de fondos.

De acuerdo al expediente, al que accedió LA NACION, el fiscal solicitó como diligencias para prueba que la Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia informen los antecedentes al decreto 823/21, ahora derogado por Milei. Asimismo, solicitó incorporar todos los convenios o contrataciones realizadas desde las distintas reparticiones del Estado Nacional bajo ese decreto firmado en la administración el Frente de Todos.

A principios de abril, María Cantero, exsecretaria de Alberto Fernández y esposa de Martínez Sosa, también fue imputada en la causa. La mujer fue acusada por diversas fuentes de haber realizado llamados a funcionarios para que su marido fuera designado como intermediario de las pólizas para las distintas áreas gubernamentales

Política

La Legislatura acompañó la presentación de un trayecto de formación en estrategias de prevención del suicidio

La propuesta impulsada junto con la Facultad de Psicología de la UNT y la Fundación Manos Unidas por la Paz, tiene el objetivo de fortalecer las herramientas de profesionales, docentes y agentes que intervienen ante situaciones de riesgo.

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En la Presidencia de la Legislatura de Tucumán se presentó el Trayecto de Formación en Estrategias de Prevención del Suicidio, una propuesta impulsada por la Secretaría de Extensión de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), junto a la Fundación Manos Unidas por la Paz, que contará con el acompañamiento de la Legislatura.

El encuentro contó con la presencia del vicegobernador y presidente de la Legislatura, Miguel Acevedo; el presidente subrogante de la Cámara, Sergio Mansilla; la ministra de Educación, Susana Montaldo; la decana de la Facultad de Psicología de la UNT, Silvia López de Martín; la secretaria de Extensión de esa unidad académica, María Julia López García; y la licenciada en Psicología Agueda Duarte.

La iniciativa propone generar espacios de formación y reflexión destinados a fortalecer las capacidades institucionales y comunitarias para la prevención del suicidio, promoviendo herramientas de detección temprana, prácticas de cuidado y trabajo articulado en red. Está dirigida especialmente a profesionales y agentes vinculados a las áreas de salud, educación, seguridad y comunicación, considerados actores relevantes para la identificación y el abordaje temprano de situaciones de riesgo.

El trayecto contempla instancias presenciales tanto en la Facultad de Psicología de la UNT como en la ciudad de Aguilares, con el objetivo de descentralizar las acciones formativas y fortalecer las estrategias de prevención en el territorio.

El primer módulo se desarrollará los días 18 y 19 de septiembre. En la Facultad de Psicología se dictará la conferencia “Prevención del Suicidio”, a cargo del licenciado Ernesto Páez, y la clase-taller “Estrategias de Promoción y Prevención Comunitaria”, dictada por el licenciado Martín Alejandro Álvarez. En Aguilares, ambos profesionales estarán a cargo de una clase-taller sobre prevención del suicidio el sábado 19.

La ministra de Educación, Susana Montaldo, destacó la importancia de la propuesta y su articulación con las políticas de salud socioemocional que lleva adelante la cartera educativa.

Estamos viviendo situaciones complejas en la sociedad y por eso nosotros desde el inicio de la gestión trabajamos con la Facultad de Psicología en una línea que es fundamental en nuestro proyecto de política educativa, que es la línea de salud socioemocional. Todo esto hace a la salud emocional de los chicos, que puedan resolver sus conflictos en forma pacífica. Formamos mediadores porque los chicos, cuando no encuentran un canal de comunicación, pueden llegar a estas situaciones que no queremos que se den”.

Montaldo agradeció el trabajo conjunto entre las instituciones que participan de la iniciativa y anunció que se dispondrán 50 lugares gratuitos para docentes, tanto para la formación en Capital como en Aguilares.

Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer tanto a la Legislatura como a la Facultad de Psicología, en la persona de su decana, por haber abierto en esta formación que va a comenzar próximamente tanto en Capital como en Aguilares, 50 lugares que en forma gratuita se van a conceder a nuestros docentes, cerró.

Por su parte, la decana de la Facultad de Psicología, Silvia López de Martín, explicó que la propuesta aborda una problemática de relevancia social: “Es abordar una temática que es prevalente en este momento en nuestra sociedad. Es un trayecto de formación en prevención del suicidio, autolesiones y conductas de riesgo”.

La decana precisó que la capacitación está destinada especialmente a profesionales y agentes de distintas áreas del Estado: “Está destinada sobre todo a profesionales y agentes que trabajan en el Ministerio de Salud, en el área de Educación, en el área de Seguridad y de Comunicación”.

También destacó que el trayecto contempla puntaje docente y que sus disertantes cuentan con una amplia trayectoria en la temática. “Nos parece que poder trabajar y abordar estas temáticas que son fundamentales y es un deber de la universidad pública”, agregó.

Finalmente, destacó el trabajo conjunto entre la Universidad Nacional de Tucumán, la Legislatura, los ministerios de Educación y Salud y las organizaciones que acompañan la iniciativa. “El esfuerzo mancomunado entre la institución, la Universidad Nacional de Tucumán, en este caso la Facultad de Psicología, la Legislatura, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y el Rotary, que ha puesto mucho empeño también en que este proyecto sea posible, hace que los proyectos puedan concretarse, sustanciarse y realmente beneficiar a toda la sociedad”, concluyó.

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Política

Los tres poderes del Estado articulan acciones ante la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil

Representantes del Legislativo, Ejecutivo y Judicial analizaron la próxima entrada en vigencia de la Ley Nacional N° 27.801 y avanzaron en una agenda de trabajo conjunta para su aplicación en Tucumán.

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El vicegobernador y presidente de la Legislatura de Tucumán, Miguel Acevedo, junto al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Daniel Leiva, encabezaron esta mañana una reunión interinstitucional entre representantes de los tres poderes del Estado, en la que se abordó la próxima entrada en vigencia de la Ley Nacional N° 27.801, que establece el nuevo Régimen Penal Juvenil.

Durante el encuentro se analizaron los distintos aspectos vinculados con la implementación de la normativa, que entrará en vigencia el próximo 5 de septiembre, y las responsabilidades que corresponderán a cada una de las áreas involucradas. El objetivo fue establecer criterios comunes y sostener una agenda de trabajo coordinada para garantizar su aplicación en Tucumán.

Participaron el vocal decano de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Estofán; los vocales Daniel Posse y Eleonora Rodríguez Campos; el ministro Público Fiscal, Edmundo Jiménez; el ministro Pupilar y de la Defensa, Washington Navarro; jueces penales y defensores de Niñez y del fuero penal.

Por el Poder Ejecutivo estuvieron presentes la ministra de Educación, Susana Montaldo; el ministro de Desarrollo Social, Federico Masso; y autoridades de distintas áreas. La Legislatura estuvo representada por miembros de las comisiones de Asuntos Constitucionales e Institucionales y de Legislación General, entre ellos Carolina Vargas Aignasse, Luis Ocaranza, Gerónimo Vargas Aignasse, Walter Berarducci, José Macome y Christian Rodríguez.

Fue una reunión muy positiva. Respetando la independencia de poderes, en Tucumán venimos trabajando de manera coordinada y es necesario arbitrar las medidas para la implementación de esta ley. Tenemos una mirada que no se limita a penalizar, sino que también busca cuidar, recuperar y acompañar a nuestros adolescentes”, sostuvo Acevedo.

El vicegobernador señaló además que la Legislatura continuará trabajando desde la escucha y el consenso para alcanzar una norma que responda a las necesidades de la provincia. “Quiero destacar la colaboración y el compromiso de los otros dos poderes para lograr una ley que pueda aplicarse de la mejor manera”, agregó.

Por su parte, el ministro Público Fiscal, Edmundo Jiménez, remarcó la importancia de la participación conjunta de todas las áreas involucradas. “Esta reunión es fundamental porque todos los poderes son partícipes de la ejecución de la norma nacional. Es esencial que cada uno aporte su mirada desde el lugar que le corresponde. Se trata de una ley muy importante porque involucra a menores y exige ser muy cuidadosos”, afirmó.

La ministra de Educación, Susana Montaldo, puso el foco en el trabajo preventivo y de acompañamiento que se desarrolla desde el sistema educativo. “Es muy importante que los tres poderes del Estado podamos reunirnos porque se trata del bienestar de nuestros jóvenes y de nuestra sociedad. Desde el inicio de la gestión venimos trabajando una línea de salud socioemocional con alumnos y familias”, expresó.

Montaldo explicó que la Provincia impulsa además experiencias de mediación escolar en el nivel primario y que ese trabajo se está extendiendo a las escuelas secundarias, con el objetivo de que los jóvenes incorporen herramientas para resolver los conflictos de manera pacífica.

Finalmente, el legislador Gerónimo Vargas Aignasse, presidente de la Comisión de Legislación General, explicó que la Cámara ya analiza tres proyectos con estado parlamentario vinculados a la adecuación provincial. “Buscamos que Tucumán cuente con un régimen penal juvenil que permita aplicar la ley nacional y los tratados internacionales sobre derechos de niños y adolescentes, con una mirada orientada también a la recuperación y la reinserción”, señaló.

El legislador indicó que uno de los objetivos centrales será alcanzar un dictamen con amplio consenso. “Es un desafío enorme y una de las leyes más importantes en las que vamos a trabajar. Queremos llevar al recinto un texto con el mayor acuerdo posible, con la menor cantidad de fisuras y que realmente pueda aplicarse como corresponde”, concluyó.

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Política

Desde enero los senadores cobrarán una dieta de más de 13 millones de pesos

El aumento acumulado será de casi 7% y se aplicará en cuatro tramos. El incremento surge del acuerdo paritario de los empleados del Congreso.

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Los senadores nacionales cobrarán $13.115.760 brutos desde enero de 2027, cuando perciban la dieta correspondiente a diciembre. El nuevo monto surge del aumento acordado entre los gremios legislativos y las autoridades del Congreso.

La paritaria contempla una suba acumulada de 6,98% y replica el esquema acordado para los empleados de la administración pública nacional. El incremento se aplicará en cuatro tramos: 1,9% en septiembre, 1,8% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,5% en diciembre.

Con la última cuota, el valor del módulo que determina las dietas llegará a $3.278,94. Como los senadores cobran 4.000 módulos, el cálculo arroja el nuevo ingreso bruto de $13.115.760.

Cuánto cobran los senadores

El aumento representará casi $1 millón más de ingresos brutos para los integrantes de la Cámara alta. Actualmente, sus ingresos alcanzan unos $12.260.000.

El sistema que determina las dietas surgió de una resolución aprobada por los propios senadores en abril de 2024. Desde entonces, sus ingresos quedaron vinculados a la evolución de los salarios de los trabajadores del Congreso.

La resolución 8/24 estableció que la dieta de los legisladores se compone de 2.500 módulos, a los que se suman 1.000 módulos en concepto de gastos de representación y otros 500 módulos por desarraigo.

Además, aquella decisión incorporó una dieta número 13 para compensar el aguinaldo, una medida que generó cuestionamientos porque los ingresos de los senadores tienen carácter de dieta y no de salario.

El nuevo incremento fue firmado por los gremios con representación en el Congreso y las autoridades de ambas cámaras. En el acuerdo participaron, entre otros, los secretarios administrativos del Senado y Diputados, Alejandro Fitzgerald y Laura Oriolo, y los representantes sindicales Norberto Di Próspero, de APL, y Martín Roig, de UPC.

El mecanismo genera una actualización automática de las dietas cada vez que se modifica la escala salarial de los empleados legislativos. El aumento de los senadores no surge de una nueva votación del pleno, sino del esquema de módulos aprobado en 2024.

Qué harán los bloques con el aumento

Como ocurrió con acuerdos anteriores, algunos bloques ya anticiparon que buscarán desmarcarse del incremento mediante donaciones.

La Libertad Avanza informó que sus integrantes de la Cámara alta optarían por donar el aumento a entidades benéficas o instituciones públicas provinciales, aunque no precisó el monto ni el destino concreto de los fondos.

El radicalismo también suele tomar distancia de las subas, aunque sin pronunciamientos públicos. En cambio, el kirchnerismo decidió aceptar los aumentos en su totalidad desde el año pasado.

La situación presenta además algunas excepciones dentro de la Cámara alta. Los senadores de la Ciudad de Buenos Aires Mariano Recalde, Patricia Bullrich y Agustín Monteverde no perciben el adicional correspondiente al desarraigo.

A su vez, Alicia Kirchner es la única senadora que no cobra dieta. La legisladora por Santa Cruz decidió percibir su jubilación como exgobernadora en lugar del ingreso correspondiente a su banca.

FUENTE: BAE Negocios

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