Denunciaron penalmente a Milei por impedir el ingreso a periodistas a Casa Rosada

La diputada nacional Marcela Pagano presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei, su secretario de Comunicación y Medios Javier Lanari y el jefe de la Casa Militar, el general de brigada Sebastián Ignacio Ibáñez, por la decisión de impedir el ingreso de periodistas acreditados a la Casa Rosada. En el escrito, Pagano sostiene que la Casa de Gobierno “no es propiedad privada” y advierte que la prohibición del acceso de la prensa constituye “el primer paso para silenciar cualquier voz disidente”, afectando el libre ejercicio del periodismo y el derecho a la información pública.

La diputada cuestionó públicamente, a través de redes sociales, la potestad del Presidente y sus funcionarios para determinar de forma discrecional el acceso de la prensa a un edificio de carácter público, vinculando la medida con prácticas autoritarias de la historia argentina. Al difundir la presentación judicial, Pagano enfatizó: “NO NOS VAN A CALLAR”.

La denuncia sostiene que la prohibición de ingreso provoca un daño continuado e irreversible al sistema republicano, a la libertad de prensa y al ejercicio profesional del periodismo. Se afirma además que la medida fue adoptada de facto, sin acto administrativo fundado que la respalde, sin notificación individual a los periodistas afectados, sin sumario previo ni resolución motivada.

En el marco jurídico, Pagano indica que las conductas denunciadas vulneran normas de jerarquía constitucional y supralegal, citando artículos de la Constitución Nacional: 14 (libertad de publicar ideas sin censura previa), 32, 33, 43 y el principio republicano (art. 1º) que incorpora la publicidad de los actos de gobierno. Asimismo, la presentación sugiere que los funcionarios imputados podrían haber incurrido en delitos como abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público e impedimento del ejercicio de un derecho, entre otros.

Prohibición de ingreso de la prensa a la Casa Rosada

Según fuentes oficiales, el gobierno de Javier Milei prohibió, a partir de una fecha reciente, el ingreso de toda la prensa acreditada a la Casa Rosada, en el contexto de una investigación por un supuesto “espionaje ilegal”. La medida se adoptó semanas después de que se inhabilitara el acceso de El Destape y de otros medios.

Las fuentes sostuvieron que se decidió quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de forma preventiva, y que la restricción alcanza a todos los medios del país. Desde la Casa de Gobierno vincularon la decisión a la investigación por la difusión de videos emitidos recientemente en el programa de Luciana Geuna en Todo Noticias (TN), lo que habría motivado una denuncia penal de la Casa Militar contra quienes realizaron la filmación.

En ese marco, el Ejecutivo explicó que se dejó sin efecto la prórroga de las acreditaciones que había operado durante abril, argumentando que esas acreditaciones tenían vencimiento el último día de marzo y que se estaba realizando el proceso anual de reempadronamiento. Según las fuentes, hasta tanto no finalice ese reempadronamiento no se habilitará el ingreso de periodistas a la Casa Rosada.

La presentación de Pagano busca que la Justicia evalúe la legitimidad y la legalidad de la medida, pidiendo que se restituya el acceso a la prensa acreditada y que se investiguen las eventuales responsabilidades penales y administrativas por la decisión, en defensa del derecho a la información y de los principios republicanos sobre la publicidad de los actos de gobierno.