Declaraciones familiares, denuncias de amenazas y cruces procesales marcaron una nueva audiencia por el crimen de Érika Álvarez

La cuarta audiencia del juicio oral y público por el asesinato de Érika Antonella Álvarez se desarrolló en medio de testimonios del entorno familiar de la víctima y situaciones de tensión que incluyeron denuncias de amedrentamientos y el retiro temporal de uno de los letrados defensores. El proceso judicial busca esclarecer lo sucedido a principios de año, con la acusación central dirigida hacia Felipe «El Militar» Sosa como presunto autor material del hecho y a Justina Gordillo por encubrimiento.

De acuerdo con la requisitoria de la Unidad Fiscal de Homicidios I, conducida por Pedro Gallo, el imputado habría atacado a golpes a la joven de 25 años entre las 3:50 y las 7:00 de la mañana del 7 de enero en una vivienda ubicada en la calle Santo Domingo al 1100, en la localidad de Yerba Buena. La fiscalía sostiene que las lesiones provocadas derivaron en la muerte de Álvarez, cuyo cuerpo fue encontrado un día después en un basural situado en la zona de Manantial Sur.

Los testimonios de las hermanas

Durante la jornada, el tribunal escuchó las declaraciones de dos hermanas de la víctima, quienes aportaron precisiones sobre la vida cotidiana de Érika, sus vínculos personales y las circunstancias previas a su desaparición. Una de las testigos relató el último encuentro que compartió con la joven en el ámbito familiar y describió el impacto de haber tenido que identificar los restos en la morgue, señalando la magnitud de los daños que obligaron a realizar el velatorio a cajón cerrado.

Asimismo, las declarantes hicieron referencia a los contactos que la joven mantenía con Sosa en Yerba Buena. Una de ellas manifestó que su hermana concurría al domicilio del acusado a través de convocatorias que recibía durante la madrugada y describió un ambiente vinculado a la realización de fiestas electrónicas y al consumo y comercialización de estupefacientes. En ese marco, afirmaron que los encuentros entre ambos se daban a cambio de sustancias.

Aclaraciones sobre el material fílmico

En el transcurso de las testimoniales surgió la mención de un video íntimo que, según lo expuesto por las hermanas, mostraba a la víctima junto a Sosa y a una tercera mujer, a quien señalaron como la coimputada Gordillo. Ante esta declaración, el propio Sosa solicitó intervenir ante el tribunal por segunda vez en el debate para desestimar dicha versión.

El acusado sostuvo que la grabación corresponde al año 2023 y afirmó que la persona filmada no es Gordillo, sino una expareja suya. En su comparecencia, manifestó estar a disposición para identificar a dicha mujer a fin de que sea citada como testigo si los jueces lo consideran necesario. En esa misma línea, el imputado aludió al temperamento de la víctima, a quien calificó como celosa, y aseveró que en una oportunidad previa ella había concurrido a su domicilio con signos de golpes en el rostro.

Tensión por presuntas intimidaciones

El debate también atravesó momentos de fuerte fricción procesal cuando el abogado defensor de Sosa, Marcelo Cosiansi, resolvió retirarse del recinto tras manifestar que su asistido estaba recibiendo amenazas destinadas a condicionar su testimonio hasta el cierre del juicio. A pesar de este planteo, el tribunal dispuso no suspender la actividad y continuar con el cronograma previsto.

Por su parte, los representantes legales de Justina Gordillo, María Florencia Abdala y Camilo Atim, notificaron a los magistrados sobre situaciones de hostigamiento detectadas en redes sociales dirigidas hacia su defendida y familiares de esta. Si bien los letrados descartaron haber sido blanco directo de amenazas, requirieron la adopción de medidas de resguardo preventivas. Hasta el momento no se establecieron vinculaciones oficiales entre ambos episodios ni se confirmó el origen de las presuntas intimidaciones.

De forma paralela, Sosa solicitó atención médica en la sala por sentirse indispuesto. No obstante, el personal de emergencias que lo examinó constató que sus signos vitales se encontraban dentro de los valores estándar, lo que permitió su permanencia en la audiencia. Con anterioridad, su defensa había señalado que el acusado experimenta un deterioro físico y anímico derivado de su régimen de detención, argumentando que pasa 23 horas diarias aislado en una celda.