El Gobierno promulgó la Ley 27.804 mediante el Decreto 271/2026, publicada en el Boletín Oficial. La normativa modifica la Ley de Glaciares vigente desde 2010 e introduce cambios en el régimen de protección de los cuerpos de hielo y del ambiente periglacial, redefiniendo criterios de inventario, evaluación ambiental y la determinación de actividades permitidas o prohibidas en áreas de montaña. En esencia, la ley mantiene la finalidad de establecer los presupuestos mínimos para la protección de glaciares como reservas estratégicas de recursos hídricos, pero incorpora una interpretación expresa en consonancia con el artículo 41 de la Constitución Nacional (derecho a un ambiente sano) y el artículo 124 (dominio originario de los recursos naturales de las provincias).

La Ley de Glaciares fue originalmente diseñada para resguardar dichas áreas por su importancia para el consumo humano, la recarga de cuencas, la biodiversidad, la investigación científica y el turismo. El proyecto de reforma —con media sanción del Senado— fue aprobado por la Cámara de Diputados el 9 de abril con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones, en una jornada que registró protestas públicas y confrontaciones frente al Congreso.

Objeto y carácter público: El artículo 1 redefine el objeto de protección y declara que los glaciares son bienes de carácter público, destinados a usos vinculados al consumo humano, la agricultura, la protección de la biodiversidad, la investigación y el turismo. Además, la protección deberá interpretarse de manera compatible con el principio constitucional que exige preservar el ambiente para las generaciones presentes sin comprometer a las futuras.

Inventario nacional y principio precautorio: Se mantiene la creación del Inventario Nacional de Glaciares a cargo del IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales). Se incorpora, sin embargo, un artículo 3° bis que consagra el principio precautorio: las masas de hielo y las geoformas periglaciares incluidas en el inventario serán consideradas como objeto protegido hasta que la autoridad competente demuestre, mediante estudios científico-técnicos, que no realizan funciones hídricas.

Procedimiento de actualización del inventario: Cuando una autoridad jurisdiccional detecte un glaciar o geoforma periglacial con funciones hídricas no incluida en el inventario, deberá notificar al IANIGLA para su incorporación. A la inversa, una geoforma podrá ser excluida si se verifica la ausencia de funciones hídricas, aunque la omisión del instituto en actualizar el inventario no afectará la validez de autorizaciones provinciales previamente otorgadas.

Actividades prohibidas: El artículo 6 establece la veda para actividades que puedan alterar de modo relevante la condición natural o las funciones hídricas de los glaciares y ambientes periglaciales. Entre ellas se mencionan la exploración y explotación minera e hidrocarburífera, la instalación de industrias y la construcción de infraestructura que implique destrucción, traslado o interferencia en sus procesos, salvo las excepciones previstas por la ley. La determinación de qué constituye una alteración relevante corresponde a la autoridad ambiental competente de cada jurisdicción, mediante la evaluación de impacto ambiental.

Autoridades competentes: La ley redefine el esquema de competencias asignando a cada jurisdicción la identificación y evaluación de glaciares y geoformas periglaciales en su territorio. No obstante, se aclara que la Administración de Parques Nacionales conservará esa función en las áreas protegidas bajo su administración.

En síntesis, la Ley 27.804 mantiene el eje protector sobre los glaciares como reservas hídricas estratégicas y refuerza la incorporación del principio precautorio y de evaluaciones ambientales previas, al tiempo que otorga mayor responsabilidad a las jurisdicciones provinciales en la identificación y gestión de estos bienes. El alcance práctico de las modificaciones dependerá ahora de la implementación técnica del inventario, de las evaluaciones científico-técnicas y de la aplicación efectiva de los mecanismos de control y participación ciudadana previstos por la norma

La diputada nacional Marcela Pagano presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei, su secretario de Comunicación y Medios Javier Lanari y el jefe de la Casa Militar, el general de brigada Sebastián Ignacio Ibáñez, por la decisión de impedir el ingreso de periodistas acreditados a la Casa Rosada. En el escrito, Pagano sostiene que la Casa de Gobierno “no es propiedad privada” y advierte que la prohibición del acceso de la prensa constituye “el primer paso para silenciar cualquier voz disidente”, afectando el libre ejercicio del periodismo y el derecho a la información pública.

La diputada cuestionó públicamente, a través de redes sociales, la potestad del Presidente y sus funcionarios para determinar de forma discrecional el acceso de la prensa a un edificio de carácter público, vinculando la medida con prácticas autoritarias de la historia argentina. Al difundir la presentación judicial, Pagano enfatizó: “NO NOS VAN A CALLAR”.

La denuncia sostiene que la prohibición de ingreso provoca un daño continuado e irreversible al sistema republicano, a la libertad de prensa y al ejercicio profesional del periodismo. Se afirma además que la medida fue adoptada de facto, sin acto administrativo fundado que la respalde, sin notificación individual a los periodistas afectados, sin sumario previo ni resolución motivada.

En el marco jurídico, Pagano indica que las conductas denunciadas vulneran normas de jerarquía constitucional y supralegal, citando artículos de la Constitución Nacional: 14 (libertad de publicar ideas sin censura previa), 32, 33, 43 y el principio republicano (art. 1º) que incorpora la publicidad de los actos de gobierno. Asimismo, la presentación sugiere que los funcionarios imputados podrían haber incurrido en delitos como abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público e impedimento del ejercicio de un derecho, entre otros.

Prohibición de ingreso de la prensa a la Casa Rosada

Según fuentes oficiales, el gobierno de Javier Milei prohibió, a partir de una fecha reciente, el ingreso de toda la prensa acreditada a la Casa Rosada, en el contexto de una investigación por un supuesto “espionaje ilegal”. La medida se adoptó semanas después de que se inhabilitara el acceso de El Destape y de otros medios.

Las fuentes sostuvieron que se decidió quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de forma preventiva, y que la restricción alcanza a todos los medios del país. Desde la Casa de Gobierno vincularon la decisión a la investigación por la difusión de videos emitidos recientemente en el programa de Luciana Geuna en Todo Noticias (TN), lo que habría motivado una denuncia penal de la Casa Militar contra quienes realizaron la filmación.

En ese marco, el Ejecutivo explicó que se dejó sin efecto la prórroga de las acreditaciones que había operado durante abril, argumentando que esas acreditaciones tenían vencimiento el último día de marzo y que se estaba realizando el proceso anual de reempadronamiento. Según las fuentes, hasta tanto no finalice ese reempadronamiento no se habilitará el ingreso de periodistas a la Casa Rosada.

La presentación de Pagano busca que la Justicia evalúe la legitimidad y la legalidad de la medida, pidiendo que se restituya el acceso a la prensa acreditada y que se investiguen las eventuales responsabilidades penales y administrativas por la decisión, en defensa del derecho a la información y de los principios republicanos sobre la publicidad de los actos de gobierno.