El Senado de la Nación debatirá hoy el proyecto de reforma judicial que impulsó el gobierno de Alberto Fernández y lo hará con críticas de la mayoría de los sectores que integran el Poder Judicial de la Nación. Jueces, fiscales, abogados, defensores oficiales y el gremio de empleados judiciales han expresado reparos sobre la iniciativa que buscar reformar a la justicia federal de todo el país.

Quienes se han expresado públicamente o en las comisiones del Senado en las que se trató el tema coincidieron en que es necesaria una reforma al sistema judicial pero que este momento de pandemia no es el adecuado para hacerlo. Sobre el proyecto, las objeciones se centran en que se prioriza la creación de juzgados cuando la mira debería estar en las fiscalías para aplicar de lleno el sistema acusatorio allí donde recaerá el trabajo. También que se aumenta una estructura en muchos casos sin justificación y que no se tiene en cuenta que la estructura edilicia e informática es mala y que eso requeriría una importante inversión de dinero.

La iniciativa, que se prevé será aprobada hoy en el Senado porque el Frente de Todos tienen los votos para hacerlo, propone reformar la justicia federal de la ciudad y la del interior del país. Para la justicia de la ciudad unifica los juzgados federales de Comodoro Py con los del fuero Penal Económico y desdobla las dos secretarías que tiene. Así pasarían a ser 46 juzgados de primera instancia. También fusiona las cámaras y los tribunales orales de los dos fueros. En el caso del interior, los juzgados federales tienen la competencia múltiple. Esto es que los jueces tienen los casos penales, laborales, civiles, contenciosos. La iniciativa los desdobla. Habrá un juzgado únicamente para la materia penal y otro para el resto.

El sistema acusatorio prevé que las investigaciones estén a cargo de los fiscales y que los jueces se encarguen de revisarlas. Ese sistema, a nivel federal, se comenzó a aplicar en algunas provincias para que progresivamente se extienda a todo el país. Desde los sectores judiciales piden que se le dé prioridad a eso y que no se acrecienten las estructuras de los juzgados.

“Con un proceso acusatorio no son necesarios 46 Juzgados de Garantías en la Capital, la mayor carga de trabajo cae sobre las fiscalías. Hoy en día no se requiere una organización en espejo y con la misma cantidad de dependencias. Ya no importan los cargos ni sus equivalencias, lo importante son las funciones que cada magistrado cumple”, sostuvo la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional.

Desde la Asociación de Fiscales nacionales, a cargo de Carlos Rívolo, opinan en la misma línea: “Este proyecto pone en riesgo la verdadera reforma del sistema federal que los fiscales impulsamos, la instauración definitiva del sistema acusatorio, porque la esencia de este sistema es la división de roles entre jueces y fiscales. No se desprende del proyecto un análisis cualitativo y cuantitativo que permita determinar si la cantidad de fiscalías asignadas son correctas conforme a la densidad demográfica o el flujo de casos”.

La Asociación de Magistrados también objetó que “el proyecto nos presenta solo 23 nuevas fiscalías sin un espacio donde funcionar ni una dotación de personal. Una situación aún más grave nos muestra el formato que el proyecto le asigna a las defensorías públicas”. En esa línea, la defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, sostuvo que ante 46 juzgados se crean solo 14 defensorías y en el interior del país 94 juzgados, 85 fiscalías y 23 defensorías. “Esta desproporción el sistema acusatorio no la va a tolerar”, sostuvo y pidió “volver a mirar el mapa para no dividir en los lugares donde no es necesario; reforzar más lo penal en juzgados como el de Orán; y reforzar más las fiscalías”.

Carlos Rívolo

Para los jueces también la iniciativa no explica “con qué criterio se distribuyeron en algunas localidades en desmedro de otras” los 94 juzgados federales penales que se crean en el interior del país.

El proyecto establece que los nuevos juzgados federales de la ciudad de Buenos Aires serán ocupados por magistrados subrogantes hasta que se designen a sus titulares por concurso. “Si la imparcialidad de los jueces federales ha sido entendida como problemática, por qué razón puede suponerse que el nombramiento de 23 jueces subrogantes podría mejorar el sistema. La subrogancia, que ya fuera criticada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, implica una dotación de Magistrados que pueden resultar influenciables, en la medida que pretendan ganar el concurso para el cargo al que están subrogando”, planteó la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Procesal Penal.

“Asimismo, del proyecto surgen a priori un par de interrogantes no develados. La primera: ¿qué ocurriría si no hay 23 postulantes de esos jueces para ocupar los nuevos cargos? La segunda: ¿qué ocurre con los jueces nacionales en lo criminal si no optan por pasar a la Ciudad ni tampoco concursar para los nuevos cargos? El proyecto no lo resuelve”, sostuvo en el mismo sentido Jorge Rizzo, ex presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.

La iniciativa plantea también el traspaso de la justicia penal nacional a la ciudad de Buenos Aires. “El proyecto de ley importa además el completo desguace y desmantelamiento de este centenario fuero, omitiendo toda referencia a la suerte que han de correr sus magistrados”, señaló la Asociación de Magistrados. La Comisión Ejecutiva de la Junta Nacional de Presidentes de Tribunales Orales Nacionales advirtió que el traspaso no contempla a todos los tribunales orales y que algunos jueces se quedarán sin cargos si esa medida se concreta.

Julio Piumato

Otro aspecto que plantearon desde las entidades judiciales es el de los recursos para afrontar la reforma. “Hoy estamos en una situación de emergencia judicial, los edificios se caen en todo el país, el sistema de gestión informática no funciona, está colapsado. La reforma no responde a las necesidades de la sociedad, necesitamos una política de estado que nos diga que en cuatro o cinco años vamos a tener la Justicia que está esperando la sociedad”, sostuvo en el Senado Julio Piumato, titular de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación. “A todas esas personas por lo menos hay que instalarles una computadora e ingresarlos en el sistema general que hoy por hoy ya tiene falencias. No pareciera ser lo mejor”, puso como ejemplo la Asociación de Fiscales.

El proyecto de reforma judicial es una de las medidas que en los últimos tiempos impulsó el gobierno nacional. Otra fue la creación de una comisión de juristas para analizar el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del Ministerio Público Fiscal, del Ministerio Público de la Defensa y del Consejo de la Magistratura de la Nación.

También el kirchnerismo impulsa en el Congreso el juicio político al procurador general de la Nación, Eduardo Casal, que es el jefe de los fiscales nacionales y federales. Por último, están bajo revisión 10 jueces federales por sus traslados que se hicieron mayormente durante el gobierno de Mauricio Macri. La objeción es que incumplieron una serie de pautas, principalmente que no pasaron por el Senado de la Nación. La Cámara Alta convocó a una audiencia para el próximo 4 de septiembre para analizar los casos. Entre ellos están los de tres jueces de los tribunales de Comodoro Py, donde se analizan y tratan las causas de corrupción que involucran a funcionarios públicos y empresarios. Se trata de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, integrantes de la Cámara Federal, y de Germán Castelli, juez del Tribunal Oral Federal 7 que tiene el caso de los cuadernos de la corrupción en el que está acusada la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner.