Después de su aparición pública en Chaco durante el viernes pasado, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner tuiteó hoy y volvió a hablar de la inflación y los salarios. En el mensaje que publicó este domingo en sus redes apuntó contra aquellos sectores del “poder económico y mediático” que cuestionan al Gobierno nacional por las medidas |económicas.
Política
Cristina respondió a las críticas al plan económico del Gobierno
En el mensaje que publicó este domingo en sus redes apuntó contra aquellos sectores del “poder económico y mediático” que cuestionan al Gobierno nacional.
La Vicepresidenta dejó un claro mensaje y respondió a las críticas por el plan económico del gobierno del Frente de Todos. En el posteo publicó dos tapas del diario Clarín: “Ejemplo de cómo funciona el Poder económico mediático y la insatisfacción democrática que expuse en Chaco”, aseguró Cristina Kirchner hoy.
Los comentarios surgen tras la aparición pública en Chaco del viernes pasado, en medio de rumores ante una eventual candidatura en 2023. En el discurso del fin de semana, Cristina Kirchner había hecho referencia a la economía, especialmente a la inflación y los salarios. “La escasez de dólares es la verdadera causa de la disparada de los precios y la fijación de todos los costos y de los márgenes de rentabilidad”, expresó.
Y además agregó: “Viste que le dicen a todos que la inflación es por culpa de la emisión, por culpa de la maquinita”. Ahora publicó desde su cuenta de Twitter un mensaje en el que siguió respondiendo a las críticas al plan económico del Gobierno: “Mirá lo que decía Clarín dos domingos antes de que tengas que votar en las parlamentarias 2021 y mirá lo que te dice hoy, cuando se está discutiendo tu salario”, escribió hoy.
En el discurso del viernes en la Universidad Nacional del Chaco Austral, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner llamó a lograr un «gran acuerdo político» para resolver el problema de la economía bimonetaria.
«El principal problema que tiene Argentina es la economía bimonetaria que demanda dólares que necesita el país», dijo la titular del Senado y consideró que esta cuestión debe resolverse «con un gran acuerdo político». En este sentido, Cristina había expresado que en un futuro «todos los partidos políticos se van a tropezar con la política bimonetaria» por lo que urge trabajar en conjunto para zanjar el problema, aseguró.
FUENTE: Ambito.com
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Política
La Justicia archivó la causa por el crédito de U$S 57.000 millones que pidió Mauricio Macri al FMI
“Existen materias propias de los poderes del Estado que escapan al control judicial”, argumentaron los jueces.
La Cámara Federal, con la flamante incorporación del juez Pablo Bertuzzi, archivó la causa en la que se investigaba al gobierno de Mauricio Macri por tomar un crédito de 57.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional.
Los camaristas Bertuzzi y su colega Mariano Llorens entendieron que se trató de una decisión política y que la fiscalía a cargo de Franco Picardi no logró probar la existencia de delitos.
“Existen materias propias de los poderes del Estado que escapan al control judicial”, argumentaron los jueces.
La Procuración del Tesoro durante el gobierno de Javier Milei se retiró como querellante, por lo que solo puede ser apelada por la fiscalía.
En primera instancia, la decisión había sido de la jueza María Eugenia Capuchetti y ahora fue ratificada por la Cámara Federal.
El ministro Juan Bautista Mahiques, el camarista Pablo Bertuzzi y la ministra Alejandra Monteoliva
Los imputados, que ahora quedaron desvinculados de sospecha, son el propio Macri, el exministro de Hacienda Nicolás Dujovne y los actuales Luis Caputo y Federico Sturzenegger, que eran autoridades del Banco Central y de la Secretaría de Finanzas.
Uno de los principales argumentos del tribunal es que en el préstamo del FMI de 2018 no aparecían “conductas penalmente relevantes”, a pesar de las objeciones de irregularidades administrativas que marcó la fiscalía.
El camarista Mariano Llorens en su despacho de Comodoro Py
El acuerdo era por US$ 50.000 millones y fue ampliado a US$ 57.100 millones. Para la Cámara, no quedó pendiente una investigación relevante capaz de modificar el desenlace.
El fiscal Picardi había objetado la falta de intervención del Congreso en la toma del préstamo y supuestas irregularidades en el procedimiento administrativo: la falta de un decreto presidencial que formalizara el acuerdo, la inexistencia de una intervención del jefe de Gabinete y la actuación del Ministerio de Hacienda en lugar del Ministerio de Finanzas.
También había mencionado la inexistencia de un dictamen del Banco Central previsto por la ley 24.156 y la apertura de expedientes administrativos una vez ya suscripto el entendimiento.
Se investigó la hipótesis de una administración fraudulenta, pues un informe de la SIGEN estimaba un perjuicio patrimonial para el Estado de 29.618 millones de dólares que para la Cámara no son suficientes para sostener una acusación.
Los camaristas entendieron que no hubo delito de abuso de autoridad, pues ese ilícito “exige que el funcionario dicte resoluciones u órdenes contrarias a la Constitución o las leyes, con dolo específico de violar la norma”.
Y agregaron que “no toda cuestión vinculada a las formas procedimentales de la administración pública configura un ilícito”.
“No es posible inferir que el proceder de los imputados haya estado guiado por el propósito de violar la ley”, afirmaron los camaristas.
Hablaron de un contexto de “urgencia financiera” durante la negociación del préstamo y señalaron que no hubo perjuicio patrimonial a sabiendas prejudicial o con sustracción de fondos.
“El deterioro patrimonial del Estado, por sí solo, no equivale a la acreditación del elemento subjetivo de la defraudación”, sostuvo y recordó que ese delito requiere que fondos públicos sean desviados de un destino fijado por leyes.
El tribunal dijo que la investigación duró cinco años, que el archivo no fue prematuro y sostuvo que “la fiscalía no logró articular una hipótesis delictiva que, sobre la base de la prueba reunida, permita afirmar con entidad suficiente la existencia de los delitos invocados”. /La Nación
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