Cristina Fernández de Kirchner encabezará este martes el acto de inauguración de un complejo deportivo en el partido bonaerense de Avellaneda, donde se aguarda que pronuncie un discurso de alto contenido político en el contexto del fallo de la Corte Suprema contra el Gobierno nacional por los fondos destinados a la Ciudad de Buenos Aires.
Fuentes cercanas a Fernández de Kirchner y de ese municipio confirmaron que la exmandataria fue invitada por el intendente Jorge Ferraresi (Frente de Todos) para participar, alrededor de las 19, del acto de inauguración de un Polideportivo Municipal en el barrio Villa Corina.
Como suele ocurrir cada vez que la expresidenta se está por presentar en público, casi nadie conoce el contenido de su discurso, pero sus allegados descuentan que brinde un mensaje de fuerte contenido político y de proyección hacia el proceso electoral del 2023.
Expectativa
«Cristina siempre tiene un alto nivel de discurso político, conceptualmente, y es lógico, porque pone blanco sobre negro en cuanto al presente, y además genera un discurso hacia el futuro», dijo Ferraresi, en una entrevista.
La última vez que Fernández de Kirchner había dado un mensaje público fue el 6 de diciembre, después de que se conociera el fallo en su contra a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa conocida como «Vialidad», sentencia que para la vicepresidenta fue dictada por un «estado paralelo, una mafia judicial».
En aquella oportunidad, en sus redes sociales la exprimera mandataria anunció además que no será candidata a ningún cargo electivo en 2023, debido a que no quiere someter al peronismo a que lo «maltraten» en un período electoral a raíz de ese fallo.
Fernández de Kirchner iba a brindar un discurso el lunes 12 de diciembre en el Centro Cultural Kirchner (CCK), en el marco de una actividad convocada por el Grupo de Puebla para expresarle respaldo ante la condena en su contra, pero la cita debió ser postergada hasta el lunes 19 con motivo del cuadro de Covid-19 contraído por la exmandataria. Sin embargo, el grupo regional resolvió posteriormente posponer la cumbre para marzo del año próximo.
En la entrevista, Ferraresi -un dirigente muy cercano a Cristina Fernández, que se desempeñó hasta noviembre pasado como ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat del Gobierno nacional- se refirió al renunciamiento de la dos veces presidenta a una posible candidatura en 2023.
Sobre ese tema, sostuvo que la expresidenta pidió al Frente de Todos (FdT) «construir desde lo político» por lo que -indicó- en la coalición oficialista «habrá un debate interno en los próximos meses».
No obstante, aclaró que «si Cristina tiene que ser candidata tendrá que serlo, porque lo importante es que en 2023 el FdT siga siendo gobierno».
Interna oficialista
El discurso de la vicepresidenta es aguardado en esta ocasión con especial atención, sobre todo por los seguidores del Frente de Todos, por el contexto creado por el fallo de la Corte que ordenó al Gobierno nacional restituir fondos al Gobierno porteño, a través de una medida cautelar emitida la semana pasada. La medida de la Corte se produjo después de más de dos años de análisis del caso y de tratativas frustradas entre las partes.
La administración de Horacio Rodríguez Larreta planteó la demanda luego de que el Gobierno de Alberto Fernández dispusiera una redistribución de fondos que la administración de Mauricio Macri había otorgado al Gobierno capitalino para supuestamente solventar el traspaso de la policía.
Con respecto al establecimiento que será inaugurado mañana en Avellaneda, bautizado «Diego Armando Maradona», cuenta con pileta climatizada, cancha de fútbol, gimnasio, espacio multideportes y microestadio, según indicó Ferraresi desde sus redes sociales.
El estadio de multideportes llevará el nombre del «Ruso» Miguel Molnar, que jugó en la primera de Argentinos Juniors con Maradona entre 1979 y 1980.
El Natatorio se denominará Osvaldo Portas, nadador desaparecido el 15 de agosto de 1977; el Centro de Deportes de Contacto se llamará Pascual Pérez, boxeador que fue oro olímpico en Londres 1948 y campeón mundial entre 1954 y 1960, y el microestadio de futsal llevará el nombre del «Negro» Héctor Enrique, campeón mundial en 1986, por su historia futbolística y por su posicionamiento político con respecto al presente y a su procedencia.
También se inaugurará un monumento a Maradona, hecho con una moderna tecnología.
Tucumán adherirá a bajar la imputabilidad de menores y prepara cambios para poder aplicarla desde septiembre
El vicegobernador Miguel Acevedo confirmó que la provincia adecuará su legislación penal juvenil a la nueva normativa nacional. Anticipó que habrá una reunión con la Corte, el Poder Ejecutivo y legisladores para definir cómo se implementará el régimen en Tucumán.
Tucumán adherirá a la ley nacional que establece un nuevo régimen de responsabilidad penal juvenil y reduce la edad de imputabilidad, según confirmó el vicegobernador Miguel Acevedo durante el desarrollo de su agenda de actividades realizada en Casa de Gobierno.
El titular del Poder Legislativo explicó que la provincia deberá realizar las modificaciones necesarias para adaptar la normativa nacional a su propia realidad y anticipó que la aplicación podría comenzar este mismo año, teniendo en cuenta que la ley nacional entrará en vigencia a partir de septiembre.
“Vamos a adherir y vamos a tener que hacer las adecuaciones necesarias para que se pueda implementar aquí en Tucumán”, afirmó Acevedo al ser consultado sobre la posición de la provincia frente al nuevo régimen.
La implementación, según explicó, requerirá un trabajo coordinado entre los distintos poderes del Estado. “Tenemos que articular el accionar, no tan sólo legislativo con el Poder Judicial sino también con el Poder Ejecutivo”, señaló.
En ese sentido, adelantó que el próximo martes se realizará una reunión en la Corte con representantes del Poder Judicial, el Ejecutivo y la Legislatura, además de integrantes de la comisión que trabaja sobre la adecuación normativa. El objetivo será avanzar en una legislación que pueda aplicarse efectivamente en la provincia, contemplando las particularidades locales.
Acevedo remarcó además que el nuevo esquema no debería limitarse a una respuesta punitiva, sino que debe contemplar la posibilidad de recuperación y reinserción de los jóvenes que sean alcanzados por la normativa.
“Aunque hayan delincuencias, serán condenados, pero queremos que esos que condenemos se puedan recuperar. Son jóvenes, no estamos hablando de adultos”, sostuvo.
Una implementación que demandará recursos
El vicegobernador también advirtió que adaptar la legislación no será suficiente. La aplicación del nuevo régimen requerirá estructura, recursos y previsiones presupuestarias, por lo que el Poder Ejecutivo deberá contemplar las erogaciones necesarias para ponerlo en funcionamiento.
“Implementar y llevar a cabo la medida que se tome implica una erogación, implica tener una estructura, implica que el presupuesto del Poder Ejecutivo contemple las acciones que vayamos a desarrollar”, explicó.
Acevedo señaló que el gobernador Osvaldo Jaldo está siguiendo el proceso y destacó que Tucumán ya cuenta con antecedentes y herramientas vinculadas al abordaje de menores en conflicto con la ley.
La confirmación se produjo durante el homenaje a Juan Bautista Alberdi, realizado en Casa de Gobierno en el marco de las actividades organizadas junto al Colegio de Abogados, que celebra sus 100 años. Durante el acto también se destacó la realización de una nueva edición de la Bienal Argentina de Fotografía, prevista para octubre en distintos espacios de la provincia.
El Consejo del Salario no logró un acuerdo para establecer el nuevo mínimo en las remuneraciones y el nuevo mínimo será establecido por el Gobierno.
Los gremios solicitaron un mínimo de $ 911.000, mientras que los empresarios ofrecieron $ 400.000.
A la fecha el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) es de $376.600, cifra a la que se llegó aplicando el cronograma de ajustes que se había fijado en la reunión de noviembre de 2025.
Este valor es una referencia que, además de fijar una remuneración básica, sirve para la determinación de algunos programas sociales, prestaciones y subsidios.
La conversación se dio en medio de una solapada intención del gobierno nacional de lograr que los salarios mínimos de bolsillo se acerquen a los $ 800.000, lo que representaría un bruto cercano a $ 1.100.000.
Si bien este tema no estuvo en la agenda del encuentro que se realizó este mediodía, la discusión quedó flotando luego que en las últimas horas la Secretaría de Trabajo hiciera trascender la intención del Gobierno nacional.
El Consejo del Salario es una instancia en la que dialogan representantes de los trabajadores, empleadores, el Estado nacional y los gobiernos provinciales para determinar ese piso salarial.
Se viene realizando en el último tiempio de manera virtual, a través de Zoom, y la CGT había reclamado la semana pasada que en el encuentro de este viernes se regrese a la presencialidad, pero el Gobierno no accedió a la petición sindical.
De la reunión participaron por el sector empleador: Juan José Etala, José Luis Zapata y Horacio Martínez (UIA); Ricardo Diab y Juan Massi (CAC).
Por el sector trabajador: Jorge Solá, Cristian Jerónimo, Octavio Argüello y Luna Villar (CGT); Claudio Mani, Hugo Yasky, Hugo Godoy y Ricardo Peidro (CTA Autónoma y CTA de los Trabajadores).
También estuvieron los asesores técnicos de todas estas organizaciones.
Las críticas de ATE
Finalizada la reunión del Consejo del Salario Mínimo, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, se quejó que los empresarios propusieron un aumento de 1,8% en septiembre y 1,7% para octubre hasta abril, y planteó que “este Gobierno terminó convirtiendo al salario mínimo en un subsidio”.
“El Consejo del Salario debiera ser la paritaria de los que no tienen paritarias. Joden y dejan desprotegidos al 40% de los trabajadores. El SMVM sigue siendo de indigencia. No es vital porque no alcanza para vivir, tampoco es móvil porque se ubica por debajo de la inflación”, agregó el dirigente estatal en un comunicado.
“El Consejo del Salario es inservible, es una puesta en escena. Hace más de dos años que no hay acuerdos y se termina resolviendo por una resolución del Gobierno. ¿El Consejo existe? Si seguimos así, el Consejo va a existir pero los salarios van a desaparecer. Este organismo nació para garantizar dignidad y no pobreza legal como sucede hoy. Ha sido copado por los grandes empresarios y se reúne sólo para convalidar lo que ellos resolvieron previamente con el Gobierno”, finalizó Aguiar.
A pesar de que todavía no tiene garantizado el acompañamiento de los aliados, el Gobierno insiste con el proyecto para eliminar las PASO y anticipó que el tema va a ser el próximo objetivo que se pondrá el oficialismo en el Congreso, mientras sigue negociando los acuerdos electorales con el PRO para simplificar el escenario de cara al 2027.
Al salir del recinto luego de haber conseguido la aprobación de 67 pliegos judiciales y 5 tratados internacionales, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, aseguró que la reforma política es la siguiente medida que impulsará.
Aunque el punto más controversial de esta iniciativa es el de terminar con las primarias, el texto también incluye varios cambios en el sistema, como en el financiamiento de los partidos, entre otras cuestiones.
El costo y la utilidad que tienen las PASO viene siendo uno de los cuestionamientos principales de la administración libertaria en lo que respecta al proceso electoral, desde el inicio de la gestión.
Ya a comienzos del 2025 hubo intentos para eliminarlas pero, ante la falta de apoyo también en aquel momento, el presidente Javier Milei solamente consiguió que se suspendieran para los comicios de ese año, en el que además se implementó la boleta única en papel por primera vez en todo el país.
Meses más tarde, el Poder Ejecutivo envió otra propuesta al Congreso con la que volvió a plantear la eliminación definitiva de las primarias, lo cual nuevamente encontró la resistencia de algunos espacios.
En mayo último, una vez más ante un contexto complejo, el Gobierno comenzó a barajar la posibilidad de una nueva suspensión, pero rápidamente se volvió a la idea original.
Ya en su nuevo rol de jefe de Gabinete, Diego Santilli consiguió el respaldo de algunas provincias que aceptaron quitarlas, a cambio de mantener mecanismos para solucionar las internas en sus respectivos territorios.
Un ejemplo es el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, quien cuestionó el costo para el Estado de las primarias y consideró importante “aliviar la carga que implica para los ciudadanos la obligación de concurrir a votar en múltiples instancias”.
En esta misma línea se expresó, luego de una reunión con Santilli, el sanjuanino Marcelo Orrego al remarcar que, si bien él llegó al cargo luego de una interna, opinó que “los tiempos cambian” y esa herramienta ya no sería útil.
De la misma forma, Juan Pablo Valdés, de Corrientes, remarcó que la definición de los candidatos “es una cuestión que deben resolver las agrupaciones políticas”, por lo que también apoyará el proyecto de la Casa Rosada.
Otros mandatarios, en cambio, ya le transmitieron al funcionario nacional, en conversaciones privadas, su deseo de acompañar la medida, aunque no lo expresaron públicamente.
“Suspenderlas o eliminarlas es más o menos lo mismo, porque lo que se está discutiendo es sobre cuál es el sistema electoral del año que viene”, afirmó Bullrich este jueves, a la salida de la sesión.
El asunto, no obstante, continúa generando cierta tensión con el PRO, que no definió la posición que va a tomar al respecto, cuando todavía negocia con el oficialismo tener una alianza electoral en todo el país y la forma en la que se decidirán los candidatos en cada lugar.
En un principio, el partido fundado por Mauricio Macri, sin precisiones en aquel entonces sobre lo que haría La Libertad Avanza en el 2027, planteó, en lugar de quitar las primarias, convertirlas en optativas, para que solamente presenten listas los que tengan internas.
Todo cambió cuando, hace algunas semanas, de manera sorpresiva la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, llamó por teléfono a Macri para plantearle crear una mesa de trabajo con el objetivo de afianzar la relación entre las dos fuerzas políticas y formalizar una alianza en todo el país.
Aunque comenzaron a planificar los acuerdos y avanza la sintonía, la reforma electoral todavía no fue uno de los puntos que trataron durante esos encuentros que se hacen cada 15 días.
En las dos primeras reuniones, los representantes de cada una de las dos partes acordaron las pautas generales de las negociaciones y empezaron a analizar la situación electoral en cada distrito.
“Nosotros siempre dijimos que las PASO no tienen ni todo en contra ni todo a favor. Milei y Macri han sido resultado de la PASO, pero también sabemos, por otro lado, que tiene un costo, que la población en un año como el que viene tiene que votar seis veces y eso es cansador, y que es un gasto elevado para un gobierno que viene haciendo del déficit fiscal una política”, comentó a la salida de uno de estos encuentros Cristian Ritondo, que junto a Fernando de Andreis son los enviados del PRO a la mesa con el Gobierno.
Por su parte, Bullrich advirtió que mantener las primarias implicaría también adelantar la campaña, lo que le quitaría al Ejecutivo “cuatro meses de gestión“ en un año que, a su entender, “va a estar prácticamente perdido”.
Todavía sin un panorama claro, el oficialismo tiene previsto continuar recolectando apoyos para la reforma política, que sigue siendo la prioridad para la Casa Rosada. / Infobae
