El proyecto para la eliminación de 59 tasas y conceptos municipales está en vías de análisis en el Concejo Deliberante. Y un encuentro entre la intendenta Rossana Chahla y el presidente del cuerpo, Fernando Juri, terminó de definir una posible fecha para llevar la iniciativa al recinto. ¿Por qué una efeméride aparece como día clave?

La jefa municipal presentó su propuesta de dar de baja una larga lista de conceptos tributarios el martes pasado. Y luego, el jueves, citó en su despacho al titular del Concejo para presentarle la iniciativa. En declaraciones recientes, Chahla manifestó su voluntad de que el tema sea tratado en el corto plazo y, además, auguró una aprobación unánime en el recinto.

En un principio, el cuerpo de concejales planeaba sesionar el próximo jueves 15. Pero, con la llegada de este proyecto y con un fin de semana largo de por medio, se resolvió que el encuentro en el recinto quedaría fijado para el día 22.

La estimación se tomó considerando los tiempos del edificio ubicado en Monteagudo y San Martín. La comisión de Hacienda, que encabeza el peronista Emiliano Vargas Aignasse, tiene como días de tablas los lunes (pudiendo convocarse de forma extraordinaria si se requiriera); y la de Labor Parlamentaria, los martes. Además, se considera el tiempo de análisis del proyecto por parte del comité y de los concejales en general.

Otra de las prioridades de Chahla para el Concejo Deliberante es el tratamiento del proyecto que propone la creación del Centro Integral Municipal de la Tartamudez, un servicio municipal especializado para el abordaje integral del trastorno y otras alteraciones de la fluidez del habla.

Y aquí se encuentra un punto de coincidencia. El día previsto para una posible sesión, el jueves 22, es el Día Internacional de la Toma de Conciencia de la Tartamudez. Que se apruebe la iniciativa ese día está pensado como un gesto simbólico en apoyo a quienes padecen el trastorno.

Informes edilicios

La agenda del Concejo Deliberante tiene otra fecha de interés, y es la semana próxima. El miércoles a las 9:30, funcionarios de la Municipalidad capitalina irán a dar informes sobre la situación edilicia de San Miguel de Tucumán, tras una resolución aprobada en agosto pasado luego de que una explosión en un edificio de la Monteagudo despertara la advertencia de presuntas irregularidades en algunos inmuebles.

Los funcionarios deberán concurrir con la información disponible en las respectivas áreas y —subraya el escrito— en particular aquella vinculada con los inmuebles incluidos en el relevamiento efectuado durante 2018 y con los edificios que registren trámites pendientes de final de obra o habitabilidad.

Los ítems impositivos

El proyecto para eliminar 59 tasas municipales contempla modificaciones al Código Tributario Municipal y a la Ordenanza Tarifaria Anual vigente. Se busca suprimir aranceles que actualmente tienen escasa incidencia en la recaudación pero que generan altos costos administrativos para las dependencias municipales y para los contribuyentes.

La Municipalidad defiende que uno de los principales beneficios previstos es la eliminación de aranceles que actualmente deben abonarse para obtener documentación. Entre ellos se encuentra el certificado de Libre Deuda, el de Cumplimiento Fiscal y otras certificaciones y documentación que pasarán a conseguirse mediante herramientas digitales, evitando pagos y desplazamientos innecesarios a las oficinas de la administración municipal.

En tanto, el proyecto de Chahla propone la eliminación de la contribución municipal que se aplica sobre el consumo de agua, cloacas y gas natural por redes.

Según se explicó, la medida busca reducir los importes que abonan mensualmente los usuarios de estos servicios al suprimir el componente municipal que se traslada a las facturas de las empresas prestatarias.

En cuanto a los comerciantes, la iniciativa contempla la baja de distintos aranceles que corresponden a permisos y solicitudes relacionadas con actividades comerciales y el uso de espacios públicos. Estos tienen que ver con gestiones vinculadas con kioscos, ferias y puestos comerciales; actividades de food trucks; instalación de mesas y sillas en la vía pública; permisos de refacción sin planos; rebajes de cordón; y depósito de materiales.

El Ejecutivo municipal defiende que el propósito es reducir los costos asociados con algunas gestiones y facilitar el desarrollo de emprendimientos y actividades económicas en la ciudad.

Las 59 tasas en cuestión se dividen en nueve reparticiones de la Municipalidad:

– Dirección de Ingresos Municipales (DIM): 17 conceptos.

– Catastro: 14 conceptos.

– Vía Pública: 12 conceptos.

– Cementerios: siete conceptos.

– Bromatología: tres conceptos.

– Tribunal de Faltas: dos conceptos.

– Arbolado: dos conceptos.

– Defensa Civil: un concepto.

– Espacios Verdes: un concepto.

“Se ha trabajado desde las áreas técnicas a fin de llevar adelante la simplificación del sistema tributario municipal, reducir costos administrativos, eliminar tributos de baja significación económica y promover la modernización del Estado municipal mediante la eliminación de cargas tributarias que no guardan adecuada relación costo-beneficio para la administración y los contribuyentes”, defiende el escrito que presentó Chahla en el Concejo Deliberante y que deberá ser analizado y debatido por el cuerpo de ediles de San Miguel de Tucumán. /La Gaceta

La Libertad Avanza prepara una jornada clave en el Congreso con proyectos sobre discapacidad, desendeudamiento familiar, medicamentos y vandalismo rural. El Gobierno también busca sumar respaldos para avanzar con modificaciones vinculadas a la Ley de Tierras y frenar la estrategia de la oposición.

El oficialismo nacional mueve sus fichas en la Cámara de Diputados. El presidente del cuerpo, Martín Menem, convocó a una sesión especial para el próximo miércoles 21 de octubre, a las 12, con una agenda legislativa que combina iniciativas del Gobierno de Javier Milei y propuestas impulsadas por bloques aliados.

La estrategia de La Libertad Avanza apunta a fortalecer sus acuerdos parlamentarios, garantizar los votos necesarios para avanzar con sus proyectos y evitar que los sectores dialoguistas acompañen a la oposición en su intento de derogar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023.

Uno de los principales ejes de la discusión será el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, al que el oficialismo pretende incorporar un capítulo relacionado con la Ley de Tierras Rurales. La modificación busca acercar posiciones con los bloques provinciales y sumar apoyos en un tema que genera fuertes diferencias políticas.

El debate se produce luego de que la Corte Suprema de Justicia volviera a suspender la aplicación del artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno había dispuesto la derogación de la Ley de Tierras Rurales. La decisión judicial respondió a una presentación de la Asociación Civil Árbol de Pie, que cuestiona la eliminación de los límites a la adquisición de tierras por parte de extranjeros y advierte sobre sus posibles consecuencias ambientales y territoriales.

Entre los proyectos incluidos en el temario aparecen dos iniciativas reclamadas por la oposición: Discapacidad y Desendeudamiento Familiar. Ambas cuentan con dictámenes y forman parte de las negociaciones entre los distintos espacios políticos.

Mientras tanto, Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, Encuentro Federal y sectores de Provincias Unidas intentan reunir los 129 diputados necesarios para alcanzar el quórum y avanzar con su propia convocatoria.

En este escenario, los bloques vinculados a gobernadores provinciales adquieren un papel decisivo. Entre ellos se encuentran espacios relacionados con los mandatarios Osvaldo Jaldo, de Tucumán; Gustavo Sáenz, de Salta; Hugo Passalacqua, de Misiones; y Raúl Jalil, de Catamarca.

Otro de los temas centrales será el proyecto de Trazabilidad de Medicamentos, que propone reforzar los controles sobre productos farmacéuticos de alto riesgo mediante registros digitales y mecanismos de seguimiento en tiempo real.

La iniciativa, impulsada por la diputada libertaria Silvana Giudici y consensuada con legisladores de diferentes bloques, surge tras la crisis sanitaria provocada por el fentanilo contaminado en 2025, que dejó más de un centenar de víctimas fatales. El objetivo es garantizar controles más estrictos desde la producción hasta la administración de medicamentos a los pacientes.

La agenda también contempla el tratamiento del proyecto de Vandalismo Rural, promovido por el PRO. La propuesta busca endurecer las sanciones contra quienes ingresen ilegalmente a establecimientos agropecuarios o provoquen daños en instalaciones, maquinaria, cultivos, ganado y otros elementos esenciales para la producción.

El texto establece penas de hasta ocho años de prisión y multas económicas para determinados delitos contra la actividad rural. Sin embargo, la iniciativa generó cuestionamientos desde Unión por la Patria, donde el diputado Ramiro Gutiérrez presentó un dictamen en minoría al considerar que algunas modificaciones podrían incluso reducir sanciones ya contempladas en el Código Penal.

La sesión del 21 de octubre se perfila como una nueva prueba de fuerza para el Gobierno de Javier Milei. Más allá de los proyectos en discusión, el resultado permitirá medir la capacidad del oficialismo para construir mayorías, sostener acuerdos con los gobernadores y enfrentar a una oposición que busca recuperar protagonismo en el Congreso.

En ese tablero político, el posicionamiento de los diputados vinculados a las provincias, entre ellas Tucumán, podría resultar determinante para el futuro de las iniciativas oficiales.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación suspendió de manera provisoria los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, la disposición que derogó la Ley de Tierras Rurales. La medida del máximo tribunal del país permanecerá vigente hasta que el Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche defina la legitimación de quienes promovieron el amparo y trate su pedido de cautelar.

Qué se cuestiona en esta demanda

Los demandantes solicitaron que se declare la inconstitucionalidad y la “nulidad absoluta e insanable” del artículo 154 del decreto, además de la suspensión cautelar de sus efectos. Fundaron el planteo en el artículo 41 de la Constitución Nacional, que reconoce el derecho a un ambiente sano y equilibrado.

El fallo mayoritario de la Corte reconstruyó el recorrido del expediente. El Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche lo remitió a la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata al advertir la existencia del caso CECIM, el Centro de Ex Combatientes de Islas Malvinas, que también impugnaba el artículo 154, pero con eje en el peligro para la soberanía. La Corte rechazó su demanda por entender que carecen de legitimación para litigar.

Ante esto el 30 de septiembre los impulsores de la causa en Bariloche se presentaron ante el máximo tribunal y pidieron aclarar si esa decisión los alcanzó también a ellos. Solicitaron que siga su causa, se inscriba en el Registro de Procesos Colectivos y se resuelva la medida cautelar porque su planteo era diferente al de los ex combatientes. En este punto la Corte les dio la razón: en aquel caso se aludía a la soberanía territorial, mientras que este amparo invoca la tutela específica del ambiente prevista en los artículos 41 y 43 de la Constitución.

Planteos sin respuesta

El voto mayoritario entendió que el modo en que actuaron los tribunales inferiores dejó sin respuesta los pedidos de la demanda. “El particular trámite impreso a esta causa por parte de los tribunales intervinientes ha dejado sin respuesta las peticiones formuladas en la demanda”, sostuvo.

El máximo tribunal señaló que cuenta con facultades para preservar los bienes jurídicos invocados aun cuando el expediente haya sido remitido de modo defectuoso desde instancias inferiores. También vinculó la decisión con el Acuerdo de Escazú, incorporado al derecho argentino por la ley 27.566, que exige procedimientos ambientales “efectivos, oportunos, públicos, transparentes, imparciales y sin costos prohibitivos”.

En el último tramo de los fundamentos, la mayoría recordó que el “primer deber” de los jueces es ser “celosos custodios de la Constitución Nacional y de las leyes”. Agregó que deben hacer efectivos los derechos y garantías constitucionales de acuerdo con las circunstancias de cada expediente.

Postal de la marcha en contra de la Ley de Tierras en agosto de este año (AFP)

Ese razonamiento llevó a adoptar una solución transitoria y ahora el juzgado de Bariloche deberá retomar el caso, determinar si los demandantes están habilitados para promover la acción colectiva y pronunciarse sobre la cautelar. Mientras tanto, queda sin efecto la disposición del decreto que había derogado el régimen de tierras rurales.

La disidencia de Rosenkrantz

El juez Rosenkrantz coincidió en que el expediente debía volver al juzgado federal de Bariloche, pero rechazó que la Corte dictara una cautelar o una medida interina. Según su voto, el tribunal “carece de competencia para ello” en esta etapa, ya que una decisión sin pronunciamiento previo de un tribunal inferior supondría ejercer competencia originaria fuera de los casos taxativamente previstos por el artículo 117 de la Constitución.

También cuestionó que se invocara la Ley General del Ambiente. Aunque esa norma habilita a los jueces a adoptar medidas precautorias sin petición de parte, afirmó que no elimina el deber de justificar los requisitos de toda cautelar. “En la demanda no hay una sola indicación que permita inferir, siquiera mínimamente, que habría un peligro ambiental grave o irreversible”, afirmó en su voto.

El magistrado cerró su disidencia al señalar que el malestar que pudo generar el fallo previo en la causa CECIM no habilita decisiones que la Constitución y las leyes no permiten.

Qué límites establece la Ley de Tierras Rurales

La Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras Rurales, establece restricciones para la adquisición y titularidad de campos por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras.

Qué dice la norma (Imagen Ilustrativa Infobae)

También dispone que un mismo titular extranjero no puede poseer más de 1.000 hectáreas en la denominada zona núcleo, o su equivalente según la ubicación y la productividad del suelo. Prohibe además que extranjeros sean propietarios de predios que contengan o linden con ríos, lagos o glaciares. Para las zonas de seguridad de frontera, impone controles y autorizaciones especiales.

A los efectos de la ley, se considera extranjera a la persona que no tenga diez años de residencia permanente en la Argentina. En el caso de las sociedades, la condición se aplica cuando más del 51 % del capital social o de los derechos de voto esté en manos extranjeras.

El artículo 154 del DNU 70/2023 derogó la Ley. Sin embargo, la medida interina dictada por la Corte Suprema suspendió ahora de manera provisoria esa norma dictada en el gobierno de Javier Milei, devolvió la causa al Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche y le ordenó pronunciarse. /Infobae/