Policiales
Crimen de Érika Álvarez: la Corte separó de su cargo a la pareja del principal acusado
Justina Gordillo fue desplazada de la Superintendencia al Archivo mientras avanza la causa. Tras las críticas de Jaldo por los tiempos de la investigación, hubo un contacto con la presidencia del tribunal para bajar la tensión.
El impacto del crimen de Érika Álvarez llegó a los pasillos del Palacio de Tribunales. La Corte Suprema de Justicia de Tucumán dispuso medidas inmediatas contra Justina Gordillo, pareja de Felipe “El Militar” Sosa (principal acusado) y detenida el domingo por su presunta participación en el hecho. Los vocales del Máximo Tribunal ordenaron separarla de sus funciones en la Secretaría de Superintendencia, trasladarla al área de Archivo y congelar el pago de sus haberes a la espera de la resolución de su situación judicial.
La trama del encubrimiento
La detención de la funcionaria judicial se produjo tras el análisis de pruebas clave. Los investigadores reconstruyeron que el martes 6, pasadas las 21, Sosa llegó a su casa de calle Santo Domingo al 1.000 junto a la víctima en una moto KTM. Poco después arribó Gordillo acompañada de dos hombres. Si bien este grupo se retiró pasada la medianoche del miércoles 8, las cámaras de seguridad captaron que Gordillo regresó horas más tarde y permaneció en la vivienda durante el lapso en que «El Militar» habría realizado las maniobras para descartar el cuerpo de Érika.
Tensión política y judicial
El caso desató un fuerte cruce institucional. El gobernador Osvaldo Jaldo cuestionó públicamente la velocidad de la investigación: “Vemos con mucha preocupación que la Justicia no está avanzando con la velocidad que requiere un caso tan grave como este. El Poder Ejecutivo está haciendo todo lo posible para que se esclarezca, pero observamos que ese esfuerzo no está siendo acompañado por fiscales y jueces”.
Para descomprimir la situación, trascendió que hubo un llamado telefónico entre el Gobernador y el presidente de la Corte, Daniel Leiva. En la conversación se buscó aclarar los roles y competencias de cada estamento (Policía, Ministerio Público Fiscal y Poder Judicial) para evitar nuevas fricciones en medio de una causa de alto perfil. /LG