El pasado miércoles, 1 de diciembre de 2021, se realizó un acuerdo de juicio abreviado entre la Unidad Fiscal de Delitos Complejos del Ministerio Público Fiscal, que encabeza Marcelo Leguizamón, con la defensa de los acusados (Juan Walter Ismael, de 21 años, y Marcelo Alejandro Caldera, de 40 años, domiciliados en la carpa de los gitanos en Famaillá –en el barrio San Nicolás, sobre la ruta 38- y Juan Gabriel David, de 24 años, de San Miguel de Tucumán), con la conformidad de las seis víctimas afectadas de Capital, Trancas, Banda del Río Salí y Yerba Buena, respectivamente.

Fueron declarados material y penalmente responsables del delito de estafa, en calidad de coautores por seis hechos (ocurridos el 4, 15, 27 y 29 de enero de 2021; el 17 de febrero de 2021 y el 12 de noviembre de 2020, respectivamente).

Entre las pruebas reunidas, el Fiscal se refirió al trabajo que realizó el personal del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), a través de la Dirección de Análisis Criminal y Planificación de la Persecución Penal, que acreditó la conexidad que existe entre todos los hechos por ser realizados por las mismas personas imputadas.

De los teléfonos secuestrados surgió una intensa actividad de llamadas entrantes y salientes en los horarios en los que sucedieron los hechos y con anterioridad, es decir, la planificación para cometer las estafas. Además de contar con material fílmico y fotográfico de cámaras de seguridad de una vecina.

“Hubo una decisión común, es decir, un plan acordado. Los imputados junto a la coautora no identificada aún por este Ministerio, previa distribución de roles y con intenciones de lograr una disposición patrimonial de las víctimas las indujeron al error mediante llamadas telefónicas que las prepararon y determinaron a disponer de su dinero en favor de los mismos, quienes cumplieron el rol de receptor del dinero, simulando ser una persona representante de un banco”, detalló el investigador.

“Existió una división del trabajo y mientras la coautora realizó el llamado telefónico a las víctimas solicitando la disposición del dinero, los encartados las esperaban en la vereda de los domicilios para aprovecharse de ellas, quienes resultan doblemente vulnerables por ser mujeres y de avanzada edad para poder llevar a cabo el delito”, argumentó el fiscal Marcelo Leguizamón.

Decomiso de vehículos y reparación económica

Asimismo y teniendo en cuenta que los vehículos (automóvil Toyota modelo Etios y automóvil marca Fiat Siena) habrían servido para la comisión de los hechos investigados, se deberá disponer el decomiso de los mismos poniéndolos a disposición del Estado Provincial, conforme lo ordenado en el digesto penal.

Entre las reglas de conductas impuestas se detalla: fijar residencia y firmar una vez por mes el libro de comparendo ante la comisaría jurisdiccional correspondiente; la prohibición de acercamiento en un radio de 200 metros de donde se encuentren las víctimas no pudiendo los imputados llevar a cabo cualquier acto de turbación, perturbación, hostigamiento, amedrentamiento y/o intimidación directa o indirecta sea por sí o por terceros y por cualquier medio de comunicación existente y la prohibición de portar cualquier tipo de arma de fuego propia o impropia, sin que sea necesaria la acreditación de aptitud de disparo del arma o su munición, entre otros.

Por último, los condenados deberán realizar una reparación económica por la suma de $250.000 en un único y solo pago, la que será puesta a disposición de las damnificadas, comprometiéndose los imputados a efectivizar la reparación consignando como fecha límite el día 10 de diciembre de 2021.

Modus operandi

La Fiscalía logró determinar que el accionar delictivo consistió en el engaño ejercido a las víctimas mediante llamadas telefónicas en la cual una voz femenina simulando ser familiar de las víctimas, y mediante ardid y engaño, manifestó situaciones económicas que transcurrían en el país, lo que justificaba el cambio de moneda extranjera o argentina en billetes nuevos; como así también una nueva insignia en joyas, todo ello con el fin de que los mismos no perdieran su valor.

Una vez que las víctimas expresaban tener bienes susceptibles, la persona no identificada, hasta el momento de la presente investigación, aludía que otra de profesión contador o perteneciente a la entidad financiera recogería por los domicilios de las mismas los bienes para proceder a cambiarlos, y luego reintegrarlos.

De esta manera, el sujeto simulando ser empleados de entidades bancarias o sus contadores, procedía a hacer incurrir a las víctimas en un error para que realicen una disposición patrimonial injusta, retirándose con las bienes susceptibles de valor pecuniario en su poder, junto a las otras personas que aguardaban, controlaban y permanecían en el auto para alejarse de forma ágil del lugar del hecho.