Las Fuerzas Armadas, junto a la Gendarmería, iniciaron este martes la denominada “Operación Julio Argentino Roca” con el despliegue de 1000 soldados en zonas de seguridad de las fronteras norte y noreste y que tendrá lugar hasta el 15 de diciembre de este año para “enfrentar el crimen organizado y el narcotráfico”.

En Salta en el arranque del operativo, junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el gobernador Gustavo Sáenz, el ministro de Defensa, Luis Petri dijo que ahora “Nación, Provincia y municipios trabajando juntos para enfrentar al narcotráfico y al crimen organizado”.

Las FF.AA. lo harán bajo reglas de empeñamiento de carácter reservado. Se trata de normas internas que “restringen el empleo de la fuerza, en los límites autorizados por el derecho” para casos de enfrentamientos con narcotraficantes.

Durante años, “un sesgo ideológico del kirchnerismo dejó a las Fuerzas Armadas al margen de estas tareas. Con la decisión del Presidente Milei estamos recuperando su rol, entrenándolas y equipándolas para complementarse con las Fuerzas de Seguridad, y así asegurar el control y la vigilancia de nuestras extensas fronteras”, agregó Petri.

Ahora, “tenemos un Ejército capacitado, adiestrado y equipado para controlar y custodiar nuestras fronteras y enfrentar con profesionalismo los nuevos desafíos que las amenazan”, destacó.

A mediados del año pasado, los ex ministros de Defensa Horacio Jaunarena y Ricardo López Murphy y militares retirados lograron bloquear el proyecto de reforma de la ley de Seguridad Interior para que las Fuerzas Armadas cumplan funciones policiales en la lucha contra el narcotráfico.

El Gobierno quería cambiar artículos de la ley de Seguridad Interior y permitir que los militares realicen tareas como patrullaje, allanamientos y detenciones contra los narcos, fundamentalmente en Rosario.

Pero el ministro de Defensa Petri, tras esa derrota parlamentaria, encontró un atajo jurídico contra la llamada “doctrina Garré” que permitía al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea solo enfrentar a otros estados, dejando de lado amenazas como el terrorismo internacional, por ejemplo.

En diciembre, el Gobierno derogó un decreto firmado en 2006 por Néstor Kirchner que limitaba el accionar de las Fuerzas Armadas únicamente a las agresiones de origen externo que provengan las fuerzas de un Estado extranjero, al reglamentar la ley de Defensa.

Se trata de la llamada «doctrina Garré» por los cambios en la reglamentación de Defensa que había hecho esa ex ministra durante la gestión de los Kirchner y que les prohibía actuar, por ejemplo, ante el Hezbollah del Líbano, que es una milicia proiraní pero no un ejército regular.

En la nueva resolución 347 de Petri, a la que accedió Clarín, se explica que “el Decreto-Ley N° 15385 de 1944 en su artículo 8° señala que el servicio de policía ejercido en las zonas de seguridad de fronteras por la Gendarmería Nacional y por la Prefectura Naval Argentina podrá ser reforzado, en caso necesario, con “personal y elementos de los entonces Ministerios de Guerra y Marina respectivamente”.

Ese refuerzo “es un complemento a las Fuerzas de Seguridad en el marco de lo dispuesto en la Ley de Seguridad Interior N° 24.059”. Además, el Decreto N° 253/18 del ex presidente Mauricio Macri “redefine y modifica las zonas de seguridad de fronteras donde el Estado es responsable de coordinar políticas públicas de seguridad y de defensa”.

Y conforme a lo establecido en el decreto reglamentario N° 1112/2024, el Ministerio de Defensa “podrá tomar las medidas administrativas, operativas y logísticas necesarias para intensificar las tareas de vigilancia y control en las Zonas de Seguridad de Fronteras por parte de las Fuerzas Armadas”.

La ayuda de las fuerzas armadas a la Gendarmería, la Prefectura y la Policía Federal será “en aquellas zonas de seguridad de fronteras que no incluyan pasos fronterizos habilitados legalmente o zonas urbanas, de acuerdo a las previsiones del artículo 17 del Decreto N° 1112/2024”.

Especifica la resolución de Petri que “los miembros de las Fuerzas Armadas se proporcionarán su propia seguridad y protección, repeliendo las agresiones que pongan en riesgo la vida del personal o afecten gravemente su material”.

Y que para los casos descriptos “se establecerán las reglas de empeñamiento que determinarán el accionar de las Fuerzas Armadas”, agrega la resolución. Pero esas reglas de empeñamiento están en el anexo “IF-2025-38364468-APNEMCO#MD” de la resolución y es de “carácter reservado”.

Los primeros en participar del Operativo Conjunto fueron militares del Regimiento de Infantería de Monte 28, en Tartagal.

Se utilizan drones, radares móviles, helicópteros, comunicaciones y un avión Diamond para relevamientos.

Por su parte, Bullrich comentó “recuperamos Orán y Aguas Blancas de manos de los narcos y ahora vamos por más. Lo ampliamos a Tartagal, Aguaray y Salvador Mazza. Más efectivos de las fuerzas para proteger cada milímetro de la frontera. Argentina no es zona de paso de mafias”.

Desde Salta, los ministros sobrevolaron en helicóptero la frontera con Bolivia.

“Con la ampliación del Plan Güemes, las Fuerzas Armadas se suman a las Fuerzas de Seguridad y las Fuerzas Provinciales, para blindar nuestras fronteras, frenar al crimen organizado e impedir que los narcos entren a la Argentina”, subrayó Petri.

En cambio, el ex asesor de la Cámara de diputados y analista militar Marcelo Seghini manifestó Clarín su preocupación por la posibilidad de que las reglas de empeñamiento reservado “produzcan problemas de naturaleza judicial a los miembros de nuestras Fuerzas Armadas”. Una fuente militar compartió la preocupación de Seghini sobre que pasaría si hay un enfrentamiento con narcos en la frontera porque “siempre los que terminan presos son los militares”.

Todos los gobiernos desde 2006 hasta hoy, recordó Seghini, han utilizado FF.AA. y Fuerzas de Seguridad “para oponer un escudo contra los narcotraficantes y otras amenazas híbridas como el terrorismo, lo cual en primer lugar constituye una política de Estado”, aunque con mayor o menor nivel de implicación.