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Política

¿Cómo organizan las vacaciones los políticos?

Funcionarios del Ejecutivo, incluido el gobernador y el vicegobernador, al igual que un buen número de legisladores, salieron de licencia para descansar en familia. La Justicia, de feria.

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Despachos que permanecen cerrados. Otros que abren media jornada, sin el trajín de otros momentos del año. Y algunos que, abarrotados de gente, se asemejan un hormiguero recién agitado por un pisotón. En el receso de enero, la postal varía según de qué ámbito de la Administración Pública de la Provincia se trate. Y si bien las vacaciones -remuneradas- son un derecho que “llegó” a Argentina en la década de 1940, surge un usual interrogante en estas épocas, signadas por las catástrofes naturales y las crisis políticas. ¿Cómo organizan o definen el descanso estival los funcionarios con responsabilidades institucionales? Otra vez: la respuesta varía según de qué poder del Estado provincial se trate.

En Casa de Gobierno

La sede de 25 de Mayo y San Martín mantiene los despachos en funciones medio día (de 7 a 13) durante el receso de enero. Su principal autoridad, el gobernador Juan Manzur, está de vacaciones desde el pasado 10. Según versiones extraoficiales, se encontraría junto a su familia en el Caribe, y retornaría hacia el próximo fin de semana. Antes de partir, tuvo una agenda agitada, ya que firmó un decreto acuerdo para la suspensión de la “cláusula gatillo” con los gremios y otras medidas de “ajuste” en el Estado provincial. Fuentes del oficialismo señalaron que el médico suele ocupar casi todo el día en la agenda pública. A ello se le suman las diversas misiones fuera de la provincia -e incluso del país- durante el año. De hecho, festejó su cumpleaños 51 -el miércoles 8- con dirigentes. Por lo tanto, afirman, Manzur no cuenta con demasiado tiempo, fuera del receso, para compartir con su esposa, Sandra Mattar, y sus hijos.

La situación varía cuando se trata de ministros y secretarios de Estado. Por estos días, algunos de los que permanecen en ejercicio son Miguel Acevedo (Interior) y Silvia Laura Pérez (secretaria general de la Gobernación). En tanto, aprovecharon enero para descansar Carolina Vargas Aignasse (Gobierno) y Gabriel Yedlin (Desarrollo Social), entre otros. Los funcionarios de este rango tienen 15 días hábiles de licencia anual ordinaria no acumulables (decreto 1.231/1 de 2016), y deben comunicar con antelación su salida, además de delegar la responsabilidad del despacho a su cargo. Por lo tanto, lo usual es que coordinen las vacaciones.

En la Legislatura

Si bien el vicegobernador es el presidente de la Legislatura, otra de sus principales funciones es reemplazar al gobernador en el ejercicio del Ejecutivo en caso de licencia. Por eso, Osvaldo Jaldo alternó su descanso de verano con Manzur. El contador había partido de vacaciones -también supuestamente rumbo al Caribe- antes de las fiestas de Año Nuevo. Y su regreso coincidió con la partida del gobernador. Ello explica que Jaldo estuviera al frente de los recorridos oficiales durante las inundaciones del fin de semana pasado, así como que convocara a los gremios estatales días atrás para tratar la suspensión de la “cláusula gatillo”.

En su ausencia, a cargo de la Legislatura quedó el presidente subrogante, el legislador Regino Amado. El monterizo salió de licencia esta semana porque será abuelo, por lo que no tiene previsto alejarse de la provincia -podría visitar Tafí del Valle, que está cerca-. Antes de salir, el peronista encabezó una reunión de Labor Parlamentaria que confirmó la sesión del 29 de este mes para “congelar” las dietas legislativas. Para ese día volverá a estar en funciones.

El vicepresidente 1°, Gerónimo Vargas Aignasse, no tiene pensado tomarse descanso en enero. Publicó días atrás una fotografía junto a un pescado a la parrilla, con un comentario a modo de broma: “lo más cercano que vamos a estar del mar en estas vacaciones”.

La vicepresidenta 2° de la Cámara, Sandra Orquera (Fuerza Republicana), no se encontraría en la provincia, puesto que no participó de la última reunión de Labor Parlamentaria (sí estuvieron otros representantes del bussismo).

En tanto, el secretario de la Legislatura, Claudio Antonio Pérez, notificó que tomaría su licencia desde el 23 de diciembre hasta el miércoles 22, inclusive, por lo que estará en el recinto para el primer debate formal de este año.

Por reglamento interno, los legisladores están obligados a comunicar los días en que se retiran de la provincia, ya que el cuerpo necesita de quórum (25 de las 49 bancas) para poder sesionar ante cualquier circunstancia. Esto es clave, sobre todo, en el período extraordinario, que abarca del 1 de enero al último día de febrero.

En el Poder Judicial

El poder “apartidario” del Estado cuenta con otro esquema. La Justicia provincial tiene, por ley 6.238 (Orgánica del Poder Judicial), dos recesos por feria. El primero dura todo enero; el segundo son 10 días hábiles, entre julio y agosto, y debe estar en coincidencia con “las vacaciones escolares”.

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán debe designar a los magistrados y funcionarios que permanecerán a cargo de los despachos judiciales durante el descanso estival. La acordada 1578/19, firmada en diciembre, consigna que del 1 al 15 de enero permaneció en funciones Antonio Estofán; del 1 al 14, Daniel Leiva; del 16 al 20, Daniel Oscar Posse; del 20 al 31, Claudia Beatriz Sbdar (presidenta) y Eleonora Rodríguez Campos. El instrumento del máximo tribunal incluye decenas de funcionarios que, durante las vacaciones, deben permanecer en ejercicio de su cargo para atender los casos que pudieran surgir. Además, existen causas que son declaradas “asunto de feria”, y que pueden ser tramitadas aun durante el receso. Un ejemplo de ello fue la audiencia dispuesta -a pedido de parte- por el camarista de Apelaciones en lo Penal, Enrique Pedicone, en la que habilitó la competencia simultánea en lo local y en Ciudad del Buenos Aires, en el marco de la denuncia contra el ex gobernador José Alperovich por presunto abuso sexual, impulsada por su sobrina segunda y ex asesora política.

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Política

Sadop expresó su solidaridad con los trabajadores de los Talleres de Tafí Viejo

Mediante un comunicado el gremio docente expresó la relevancia histórica del predio tras el anuncio de su privatización del Belgrano Cargas.

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Desde el SADOP (Sindicato Argentino de Docentes Privados) se solidarizaron con los trabajadores de los Talleres de Tafí Viejo tras la decisión del gobierno nacional de privatizar la concesión del Belgrano Cargas. «Levantamos bien alto nuestra voz, codo a codo junto al pueblo de Tafí Viejo y a nuestros hermanos ferroviarios, en defensa irrestricta de los históricos Talleres Ferroviarios», expresaron.

«Defender los Talleres de Tafí Viejo es defender el corazón mismo de nuestra identidad, nuestra historia y la soberanía de una Nación verdaderamente federal. Fueron los trenes argentinos el motor productivo que llevó progreso a cada rincón de la Patria, uniendo a los pueblos entre sí y conectando hasta el paraje más lejano con el resto del país. Pero, por sobre todas las cosas, los Talleres significaron y siguen significando dignidad, futuro y el pan en la mesa de miles de familias trabajadoras«, añade el comunicado.

«Hoy, frente a la incertidumbre, no están solos. Los docentes privados de Tucumán abrazamos con el alma a cada trabajador ferroviario y a toda la comunidad taficeña. Su lucha es nuestra lucha, porque cuando se toca una fuente de trabajo, se hiere a todo el pueblo. ¡Los Talleres de Tafí Viejo se defienden!», indica el comunicado emitido por el Consejo Directivo del gremio presidido por Mario Dionisi.

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Política

El Senado aprobó por unanimidad la nueva Ley de Discapacidad y puso fin al régimen de emergencia

La Cámara alta convirtió en ley la iniciativa que establece un marco permanente para la cobertura y las prestaciones del sector, tras un debate en el que confluyeron distintas posturas políticas

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El Senado de la Nación aprobó por unanimidad la nueva Ley de Discapacidad en una sesión celebrada este jueves, luego de que la iniciativa obtuviera previamente media sanción en la Cámara de Diputados. La norma, de orden público y alcance nacional, reemplaza el régimen de emergencia vigente y busca otorgar estabilidad y previsibilidad a las políticas públicas destinadas a las personas con discapacidad, sin fecha de vencimiento.

Durante la apertura del debate en el recinto, el senador libertario Agustín Monteverde, miembro informante y presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, defendió la necesidad de dejar atrás las respuestas coyunturales. Según indicó, la creación de un régimen permanente asegura la continuidad de las prestaciones, las pensiones y las coberturas, además de garantizar su compatibilidad con el trabajo formal.

Por su parte, legisladores de la oposición y de distintos bloques expresaron sus puntos de vista sobre el alcance de la medida. La senadora peronista Alicia Kirchner señaló que la sanción representa un punto de partida pero no una solución definitiva para los derechos vulnerados. En la misma línea, su par Lucía Corpacci sostuvo que la existencia de la ley responde al reclamo sostenido de los colectivos en la calle y advirtió sobre la necesidad de asegurar los recursos presupuestarios correspondientes. Desde Provincias Unidas, la senadora Alejandra Vigo remarcó la importancia de optimizar los recursos y acompañar a las provincias para garantizar los servicios a las familias.

En representación de los bloques dialoguistas y oficialistas, el senador radical Maximiliano Abad recordó las dificultades previas de profesionales e instituciones con aranceles congelados y pagos demorados. A su turno, el titular del bloque del PRO, Martín Goerling Lara, afirmó que la tranquilidad de las familias y la dignidad de las personas no pueden estar sujetas a una prórroga anual. En tanto, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, calificó la norma como un acuerdo social y político destinado a aportar transparencia y estabilidad, aclarando que el texto define con precisión el origen de los fondos para solventar las prestaciones.

Alcances y requisitos de la nueva normativa

La ley deroga tres artículos de la anterior normativa de emergencia y ratifica el esquema de prestaciones básicas y empleo protegido. La pensión se mantiene fijada en el setenta por ciento del haber mínimo jubilatorio y se actualiza mediante las reglas previsionales vigentes, sin contemplar un incremento específico.

Para acceder al beneficio, los solicitantes deben contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y acreditar identidad, edad y nacionalidad con el documento de identidad. En el caso de los extranjeros, se exige una residencia legal continuada de cinco años en el país. Los ingresos netos del peticionario no deben superar los dos salarios mínimos, evaluándose la situación individual y no la del grupo familiar, y se establece la incompatibilidad con otras jubilaciones, retiros, pensiones o asignaciones familiares por hijo con discapacidad, además de requerir la aprobación de una evaluación socioeconómica.

La normativa permite a los titulares de pensiones mantener un empleo formal, estar inscriptos en el monotributo o en el régimen general siempre que sus ingresos no rebasen el límite de dos salarios, caso en el cual la pensión se suspenderá de forma temporal hasta que finalice dicha situación laboral o disminuyan los ingresos. Asimismo, se garantiza un programa de atención médica que cubre las prestaciones básicas y se exige la capacitación obligatoria del personal en materia de derechos y trato no discriminatorio.

El texto incorpora un sistema de auditorías periódicas a cargo de la Secretaría Nacional de Discapacidad, dependiente del Ministerio de Salud, la cual estará facultada para cruzar bases de datos de diferentes organismos estatales y quedará exceptuada del secreto fiscal. Ante un presunto incumplimiento, se prevé un procedimiento administrativo de descargo antes de cualquier suspensión preventiva.

En cuanto al financiamiento, los gastos se afrontarán con partidas presupuestarias ministeriales y, de ser necesario, con fondos del Tesoro nacional, garantizando que el crédito por beneficiario no disminuya en términos reales. Finalmente, la norma establece un cronograma para cancelar las compensaciones pendientes a los prestadores en un plazo máximo de noventa días y otorga al Poder Ejecutivo un plazo de treinta días hábiles para su reglamentación.

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Política

El Senado convirtió en ley la inviolabilidad de la propiedad privada y restituyó la Ley de Tierras

La Cámara alta aprobó la iniciativa con 42 votos a favor y 26 en contra. La norma reincorpora los límites a la compra de campos por parte de extranjeros y establece nuevas reglas para desalojos y expropiaciones.

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El Senado convirtió este jueves en ley el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa que atravesó un complejo recorrido legislativo y que finalmente fue aprobada por 42 votos afirmativos y 26 negativos. La votación contó con el respaldo de La Libertad Avanza junto a la Unión Cívica Radical, el PRO, Provincias Unidas, Convicción Federal y otros bloques provinciales, mientras que el rechazo provino del bloque Justicialista y de diversas fuerzas provinciales.

El aspecto central de la norma aprobada es la restitución de la plena vigencia de la Ley de Tierras Rurales sancionada en 2011, lo que implica la derogación del artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23. De esta manera, se reafirman los límites a la extranjerización de campos, fijando un tope del 15 por ciento de titularidad a nivel nacional, provincial y municipal, además de un máximo del 30 por ciento por nacionalidad y un límite de 1.000 hectáreas en zonas núcleo, espejos de agua y áreas de frontera.

El proyecto original impulsado por el Poder Ejecutivo contemplaba la eliminación de estas restricciones, pero el debate parlamentario sufrió modificaciones sustanciales ante el trámite legislativo y las decisiones judiciales en torno al decreto fundacional. En su formato final, la ley también introduce modificaciones en materia de expropiaciones, desalojos y regularización dominial.

Nuevas reglas para expropiaciones y desalojos

En cuanto a las expropiaciones, el texto establece que la declaración de utilidad pública deberá aplicarse de manera restrictiva, identificando de forma específica y concreta el fin perseguido de manera idónea, necesaria y proporcional. La indemnización abarcará el valor objetivo del mercado y los daños que sean consecuencia directa e inmediata, limitando el lucro cesante al 30 por ciento del daño emergente, salvo que se demuestre fehacientemente una afectación superior.

La normativa incorpora además un procedimiento abreviado para los desalojos de inmuebles usurpados o con tenencias precarias. Los jueces podrán disponer la entrega inmediata del predio si el derecho invocado es verosímil, previa caución juratoria, o intimar a la devolución en un plazo de 72 horas si el propietario presenta prueba documental. Para los inquilinos morosos, en cambio, se fijó la obligación de recibir una notificación fehaciente mediante carta documento con un plazo mínimo de diez días corridos para regularizar el pago antes de iniciar una demanda.

Asimismo, se modificó la ley de regularización dominial para permitir que las familias que acrediten una posesión pacífica, ostensible y continua durante los diez años anteriores puedan acceder a la escritura de su vivienda única y permanente.

Debates en el recinto

Durante la sesión, el oficialismo defendió la incorporación de la restitución de la Ley de Tierras como una forma de dar certidumbre a la protección del dominio nacional sobre los recursos. Por su parte, sectores de la oposición criticaron el trayecto legislativo del proyecto, señalando cambios de postura en el oficialismo respecto al texto original enviado meses atrás.

En la misma jornada, el Senado aprobó la adhesión argentina al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, un paso vinculado a compromisos comerciales internacionales para facilitar la protección de la propiedad intelectual de pequeñas y medianas empresas. También se sancionó por unanimidad la denominada ley Joaquín, que establece medidas de seguridad obligatorias para elementos deportivos en espacios públicos y privados en memoria de un niño fallecido por la caída de un arco de fútbol.

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