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Política

¿Cómo organizan las vacaciones los políticos?

Funcionarios del Ejecutivo, incluido el gobernador y el vicegobernador, al igual que un buen número de legisladores, salieron de licencia para descansar en familia. La Justicia, de feria.

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Despachos que permanecen cerrados. Otros que abren media jornada, sin el trajín de otros momentos del año. Y algunos que, abarrotados de gente, se asemejan un hormiguero recién agitado por un pisotón. En el receso de enero, la postal varía según de qué ámbito de la Administración Pública de la Provincia se trate. Y si bien las vacaciones -remuneradas- son un derecho que “llegó” a Argentina en la década de 1940, surge un usual interrogante en estas épocas, signadas por las catástrofes naturales y las crisis políticas. ¿Cómo organizan o definen el descanso estival los funcionarios con responsabilidades institucionales? Otra vez: la respuesta varía según de qué poder del Estado provincial se trate.

En Casa de Gobierno

La sede de 25 de Mayo y San Martín mantiene los despachos en funciones medio día (de 7 a 13) durante el receso de enero. Su principal autoridad, el gobernador Juan Manzur, está de vacaciones desde el pasado 10. Según versiones extraoficiales, se encontraría junto a su familia en el Caribe, y retornaría hacia el próximo fin de semana. Antes de partir, tuvo una agenda agitada, ya que firmó un decreto acuerdo para la suspensión de la “cláusula gatillo” con los gremios y otras medidas de “ajuste” en el Estado provincial. Fuentes del oficialismo señalaron que el médico suele ocupar casi todo el día en la agenda pública. A ello se le suman las diversas misiones fuera de la provincia -e incluso del país- durante el año. De hecho, festejó su cumpleaños 51 -el miércoles 8- con dirigentes. Por lo tanto, afirman, Manzur no cuenta con demasiado tiempo, fuera del receso, para compartir con su esposa, Sandra Mattar, y sus hijos.

La situación varía cuando se trata de ministros y secretarios de Estado. Por estos días, algunos de los que permanecen en ejercicio son Miguel Acevedo (Interior) y Silvia Laura Pérez (secretaria general de la Gobernación). En tanto, aprovecharon enero para descansar Carolina Vargas Aignasse (Gobierno) y Gabriel Yedlin (Desarrollo Social), entre otros. Los funcionarios de este rango tienen 15 días hábiles de licencia anual ordinaria no acumulables (decreto 1.231/1 de 2016), y deben comunicar con antelación su salida, además de delegar la responsabilidad del despacho a su cargo. Por lo tanto, lo usual es que coordinen las vacaciones.

En la Legislatura

Si bien el vicegobernador es el presidente de la Legislatura, otra de sus principales funciones es reemplazar al gobernador en el ejercicio del Ejecutivo en caso de licencia. Por eso, Osvaldo Jaldo alternó su descanso de verano con Manzur. El contador había partido de vacaciones -también supuestamente rumbo al Caribe- antes de las fiestas de Año Nuevo. Y su regreso coincidió con la partida del gobernador. Ello explica que Jaldo estuviera al frente de los recorridos oficiales durante las inundaciones del fin de semana pasado, así como que convocara a los gremios estatales días atrás para tratar la suspensión de la “cláusula gatillo”.

En su ausencia, a cargo de la Legislatura quedó el presidente subrogante, el legislador Regino Amado. El monterizo salió de licencia esta semana porque será abuelo, por lo que no tiene previsto alejarse de la provincia -podría visitar Tafí del Valle, que está cerca-. Antes de salir, el peronista encabezó una reunión de Labor Parlamentaria que confirmó la sesión del 29 de este mes para “congelar” las dietas legislativas. Para ese día volverá a estar en funciones.

El vicepresidente 1°, Gerónimo Vargas Aignasse, no tiene pensado tomarse descanso en enero. Publicó días atrás una fotografía junto a un pescado a la parrilla, con un comentario a modo de broma: “lo más cercano que vamos a estar del mar en estas vacaciones”.

La vicepresidenta 2° de la Cámara, Sandra Orquera (Fuerza Republicana), no se encontraría en la provincia, puesto que no participó de la última reunión de Labor Parlamentaria (sí estuvieron otros representantes del bussismo).

En tanto, el secretario de la Legislatura, Claudio Antonio Pérez, notificó que tomaría su licencia desde el 23 de diciembre hasta el miércoles 22, inclusive, por lo que estará en el recinto para el primer debate formal de este año.

Por reglamento interno, los legisladores están obligados a comunicar los días en que se retiran de la provincia, ya que el cuerpo necesita de quórum (25 de las 49 bancas) para poder sesionar ante cualquier circunstancia. Esto es clave, sobre todo, en el período extraordinario, que abarca del 1 de enero al último día de febrero.

En el Poder Judicial

El poder “apartidario” del Estado cuenta con otro esquema. La Justicia provincial tiene, por ley 6.238 (Orgánica del Poder Judicial), dos recesos por feria. El primero dura todo enero; el segundo son 10 días hábiles, entre julio y agosto, y debe estar en coincidencia con “las vacaciones escolares”.

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán debe designar a los magistrados y funcionarios que permanecerán a cargo de los despachos judiciales durante el descanso estival. La acordada 1578/19, firmada en diciembre, consigna que del 1 al 15 de enero permaneció en funciones Antonio Estofán; del 1 al 14, Daniel Leiva; del 16 al 20, Daniel Oscar Posse; del 20 al 31, Claudia Beatriz Sbdar (presidenta) y Eleonora Rodríguez Campos. El instrumento del máximo tribunal incluye decenas de funcionarios que, durante las vacaciones, deben permanecer en ejercicio de su cargo para atender los casos que pudieran surgir. Además, existen causas que son declaradas “asunto de feria”, y que pueden ser tramitadas aun durante el receso. Un ejemplo de ello fue la audiencia dispuesta -a pedido de parte- por el camarista de Apelaciones en lo Penal, Enrique Pedicone, en la que habilitó la competencia simultánea en lo local y en Ciudad del Buenos Aires, en el marco de la denuncia contra el ex gobernador José Alperovich por presunto abuso sexual, impulsada por su sobrina segunda y ex asesora política.

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Política

Movimientos sociales y sindicales marcharán por el endeudamiento familiar en Argentina

La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, la CGT y ambas vertientes de la CTA marcharán este jueves 20 de agosto hacia el Ministerio de Economía.

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Las organizaciones sindicales y los movimientos sociales realizarán una movilización masiva este jueves 20 de agosto desde las 14. La marcha tendrá como punto final las puertas del Ministerio de Economía en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La conducción de la UTEP encabezada por Alejandro Gramajo sumará el respaldo de la CGT y de las dos variantes de la CTA para visibilizar el sobreendeudamiento de las familias.

Las columnas de manifestantes se concentrarán en la intersección de Paseo Colón y Estados Unidos, como así también en la avenida Independencia. El reclamo central apunta contra la falta de crédito formal y el recurso a los financiamientos con altas tasas de interés para comprar medicamentos, alimentos y pagar servicios públicos. La marcha busca presionar al Poder Ejecutivo nacional para que implemente herramientas de asistencia financiera.

Estadísticas de morosidad y cruces por la intervención pública

Los indicadores oficiales del Banco Central reflejan que la mora en los préstamos a los hogares ascendió al 12,7% durante el mes de junio. Ese porcentaje representa un incremento significativo frente al 2,5% registrado a finales de 2024. Cerca de 5,8 millones de argentinos mantienen atrasos superiores a los 90 días en sus compromisos financieros, escenario que empeora en las billeteras virtuales con una morosidad del 33%.

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) precisó que la mora bancaria pasó del 2,5% al 12,1% entre noviembre de 2024 y abril de 2026, mientras que en los monederos electrónicos saltó del 7,3% al 29,6% en el mismo período. “Cuando le preguntás a una persona que debe, no tiene un problema, tiene cinco: les debe a tres bancos y a dos monederos electrónicos. Y las altas tasas agravaron un problema cuyo origen es la falta de ingreso”, señaló Hernán Letcher, director del CEPA, en declaraciones al medio español elDiario.es. Un relevamiento de la Defensoría del Pueblo bonaerense indicó que el 56,6% de los hogares tomó algún crédito durante el último año y que, dentro de ese grupo, el 73,5% aún mantiene deudas activas.

Indicador Financiero y Social Registro Oficial y Porcentaje
Tasa de mora bancaria en hogares (BCRA) 12,7% en junio de 2026 (frente al 2,5% en octubre de 2024)
Personas con retrasos graves de pago 5,8 millones de argentinos
Inconvenientes de mora en billeteras virtuales 33% de los deudores fintech
Hogares que recurren al endeudamiento cotidiano 71,9% de las familias con dificultades

El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, rechazaron cualquier asistencia estatal al calificar el fenómeno como un acuerdo entre partes privadas. En contraposición, el gobernador bonaerense Axel Kicillof responsabilizó a la política económica oficial por la pérdida del poder adquisitivo. Paralelamente, en el Congreso de la Nación la oposición promueve proyectos de ley para crear programas de desendeudamiento y condonación de intereses moratorios.

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Política

ADIUNT inicia este martes una nueva semana de paro

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Del 18 al 22 de agosto, la docencia universitaria y preuniversitaria vuelve a las calles para reclamar por los salarios, por el presupuesto educativo y por el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario.

Desde ADIUNT convocan a toda la comunidad universitaria a participar activamente de esta semana de paro, con protestas, clases públicas, asambleas y distintas actividades en escuelas y facultades.

Martes 18 – 10:30 hs: Protesta en el Rectorado de la UNT (Ayacucho 491).

Miércoles 19 – 19 hs: Mesa panel a 60 años del cierre de ingenios en el MUNT (San Martín 1545).

Jueves 20 – 10 hs: Protesta en ASUNT (San Martín 864).

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Política

De penal a polo tecnológico: el ambicioso proyecto para transformar la cárcel de Villa Urquiza en un distrito de innovación

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Un cambio radical de paradigma urbanístico, productivo y de seguridad pública podría transformar el sector norte de la capital tucumana. Un proyecto de ley presentado en la Legislatura provincial por el legislador Agustín Romano Norri (Unión Cívica Radical) propone desafectar de manera progresiva el histórico predio del Complejo Penitenciario de Villa Urquiza y crear en su lugar el «Distrito de Innovación Tecnológica Villa Urquiza».

La iniciativa busca dejar atrás décadas de encierro y fronteras urbanas para convertir el predio de Avenida República del Líbano al 2000 en un espacio abierto dedicado a la economía del conocimiento, la inteligencia artificial, el desarrollo de software, la biotecnología y la formación en artes y oficios digitales. La iniciativa también contempla un espacio para viviendas, espacios públicos y locales comerciales.

Un plan de reconversión progresivo y sustentable
El proyecto establece un marco jurídico marco para la reconversión urbana e integral del área. Lejos de tratarse de una venta imprevista de tierras estatales, la normativa impone al Poder Ejecutivo la elaboración de un Plan Maestro de Reconversión Urbana e Innovación Tecnológica, en articulación con la Municipalidad de San Miguel de Tucumán y diversos organismos técnicos.

Entre sus ejes centrales, la propuesta exige:

Integración urbana y ambiental: Desarrollo de espacios verdes públicos, equipamiento comunitario, iluminación, conectividad y soluciones de movilidad sustentable que beneficien a los barrios periféricos.
Atracción de talento e inversiones: Creación de un polo que reúna a empresas del sector privado, universidades, incubadoras de empresas, laboratorios de investigación y centros de capacitación laboral.
Preservación del valor público: Reglas estrictas para evitar procesos de especulación inmobiliaria o fragmentación de la trama urbana.

Modernización penitenciaria: la clave en Benjamín Paz

Uno de los aspectos neurálgicos de la norma aborda la continuidad del servicio penitenciario. El proyecto prevé un Plan de Transición Penitenciaria para ordenar el traslado sistemático de los internos e instalaciones hacia la nueva cárcel construida en la localidad de Benjamín Paz (Departamento Trancas), o a la infraestructura que determine el Poder Ejecutivo.
La ley impone una condición estricta: ningún cierre ni reducción sustancial de capacidad operativa en Villa Urquiza podrá ejecutarse sin contar previamente con infraestructura penitenciaria operativa y adecuada que garantice la seguridad pública, las condiciones laborales del personal y los derechos de las personas privadas de la libertad.

Fondo autosustentable y control institucional

Para financiar tanto la transición penitenciaria como la construcción del nuevo polo tecnológico, la norma crea el «Fondo Especial de Reconversión Urbana, Innovación Tecnológica e Infraestructura Penitenciaria». Este fondo intangible funcionará como una cuenta especial integrada por los recursos generados por las modalidades de aprovechamiento del inmueble (concesiones, fideicomisos públicos o mixtos, derechos de superficie o eventuales ventas parciales).

Por disposición legal, el dinero recaudado no podrá destinarse a rentas generales y deberá reinvertirse exclusivamente en: Obras y equipamiento penitenciario provincial; obras de urbanización, iluminación, saneamiento y conectividad digital para el nuevo Distrito; creación y mantenimiento de espacios verdes y equipamiento social en el sector norte de la capital; programas de capacitación digital, incentivos a emprendimientos y transferencia tecnológica.

«De los muros a las aulas»
En los fundamentos de la propuesta, el legislador Romano Norri destacó que la Provincia debe «animarse a proyectar sus activos estratégicos como herramientas de desarrollo». «El predio de Villa Urquiza representa una oportunidad histórica: pasar de un espacio de encierro a un espacio de conocimiento; de una barrera urbana a un polo de integración; de una cárcel inserta en la ciudad a un distrito abierto a la innovación, la formación y el trabajo». Con esta iniciativa, Tucumán busca colocarse a la vanguardia de la economía del conocimiento en el Norte Grande, transformando un pasivo urbano e histórico en un motor de empleo joven e inclusión social.

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