En medio de una crisis vial con pocos precedentes, con los caminos cargados por las vacaciones, el Gobierno de Javier Milei se apresta en estos días a firmar un decreto para empezar con las privatizaciones de rutas. Será Vialidad Nacional, uno de los organismos más sospechados de la administración pública en las últimas décadas, el que tendrá a cargo el proceso que empezará por ahora solo con el corredor vial 18, actualmente a cargo de Caminos del Río Uruguay (Crusa), y que tiene la explotación de las rutas 12 y 14, además del puente Rosario – Victoria. Ese corredor será readjudicado.

“Vamos a empezar con el corredor vial 18. Lo vamos a dividir en dos tramos. Por un lado, el oriental, que sería las rutas nacionales 12 y 14, y el que hoy le dicen conexión, que es el puente Rosario – Victoria. El decreto está redactado y espera la firma”, confió una fuente de Vialidad Nacional.

Será un nuevo intento del Estado por encontrar una solución a uno de los problemas más graves que tiene la integración del país. Se trata de un capítulo más que empezó en 1990, cuando las rutas pasaron a ser de ser estatales a privadas, con un peaje a cambio de levantar la barrera.

Así se mantuvieron hasta 2003, con tarifas relegadas, incumplimientos de ambas partes y obras sin realizar. Luego, el expresidente Néstor Kirchner las entregó a una especie de gerenciamiento. Las empresas concesionarias cobraban peaje, cortaban el pasto y hacían algo de bacheo. Y una cosa más: según lo que confesó Claudio Uberti, colaborador de confianza de Kirchner y número uno del órgano que los controlaba, empezó a trabajar con aquellos acuerdos con las empresas viales, rotos después de la caída de la convertibilidad. Finalmente, cuando terminó, Uberti contó que Kirchner se enojó porque el esquema no contemplaba una manera de sacar dinero en ese sector. “Yo tenía que retirar 150.000 dólares por mes de cada una de las concesionarias”, dijo en la causa cuadernos. Ese esquema de constructores, concesionarios y exfuncionarios será juzgado por un tribunal oral, en el juicio que empezará en noviembre próximo.

Caminos peligrosos

Así funcionó el imperfecto sistema vial: los usuarios pagaban peaje, el concesionario hacía poco y nada, y las obras las ejecutaba Vialidad. Mientras tanto, la muerte se hacía un festín y los accidentes y la precariedad de la traza aumentaban.

En la gestión presidencial de Mauricio Macri se intentó un sistema distinto: poner las rutas en manos de un consorcio que financiara la obra a través de un esquema de participación público privada. Las famosas PPP se adjudicaron unas semanas antes de que se conociera el caso cuadernos. Se trataba de un sistema mediante el cual los privados conseguían dinero en el mercado, hacían la obra y la cobraban con un título del Estado, además del peaje y una porción de la recaudación del impuesto a los combustibles.

Casi con el estreno de uno de los fetiches de aquella administración, los dueños de las PPP empezaron a pasar por Tribunales por hechos de períodos anteriores, al tiempo que la economía empezaba a caer, en aquellos dos años de ajuste del gobierno de Cambiemos. Apenas empezó un movimiento tenue en la ruta 5. En el resto no se movió una tosca de la banquina.

Alberto Fernández y su ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, estatizaron todos los PPP. que quedaron en manos de Corredores Viales, una empresa pública. Ahí vale hacer un punto. Vialidad sacará a licitación el corredor 18 porque, más allá de lo que comunique, no tiene jurisdicción sobre las otras rutas. El corredor 18 es vital para el tránsito del Mercosur, ya que es el único en manos privadas (Caminos del Río Uruguay, como ya se consignó), con prórrogas y vencimiento de la concesión en abril próximo.

Las medidas necesarias

El proceso completo, para ser prolijos, debería incluir un decreto donde se dicte la desaparición o la liquidación de la sociedad del Estado Corredores Viales para que todo quede dentro de Vialidad. Entonces sí se podría avanzar en las privatizaciones. La pulseada entre la empresa y el organismo la ganó Vialidad, apadrinada por la hermana presidencial y secretaria general, Karina Milei, y Eduardo “Lule” Menem, heredero de una viejo gusto familiar por ese rector de las rutas argentinas. Un dato más: el nuevo administrador, Marcelo Jorge Campoy, ya estuvo al frente del organismo en el último período de gobierno de Carlos Saúl Menem, en los 90, cuando se hizo cargo después de la gestión de Guillermo Cabana.

En aquel entonces se impuso un esquema de privatización por tramo (por rutas). Ahora se apunta a algo similar a lo de los 90, con los constructores en las empresas y a cargo de cobrar peajes y hacer las obras. Al igual que aquella vez, el Gobierno postula que será una “concesión autosustentable, sin canon ni subsidio”, que existirá un “ajuste de tarifa automático y trimestral, según índices publicados por el Indec”, y que “se mantendrá la tarifa vigente desde la toma de posesión hasta cumplir la condición de transitabilidad segura que implica la premisa de bache cero, calce de banquinas, señalización horizontal, vertical y reparación de los sistemas de iluminación del tramo”.

Lo expresado en documentos públicos es prácticamente lo mismo que lo que se decidió en 1990 y que fue el principio de más de tres décadas de fracaso vial. Según un informe del Ministerio de Obras Públicas de 2021, menos de un tercio de la red vial nacional, un 31%, está en buen estado, un 27,6% está en estado regular y hay un 40,7% en mal estado. Desde entonces, todo empeoró. El año pasado, la consultora internacional Zutobi elaboró un ranking basándose en datos publicados por The Global Economy, en el cual la Argentina quedó en el puesto 54 de 59 países analizados.

Aquellas cláusulas casi copiadas y pegadas en el esquema que se prepara ahora, explotaron de la mano de la política, que prefirió votos a tarifa rentable. Solo han cambiado los nombres, aunque los apellidos se suelen repetir. Mientras tanto, los argentinos pagan peaje y luchan con una red vial a la que ni siquiera le cortan el pasto de la banquina.