Claudio Locano reinvindicó la decisión de intervenir y futura expropiación de Vicentin
Más de 400 millones de dólares en deuda con banca pública, la posibilidad del despido de miles de trabajadores, productores colgados y que todo es se resuelva vendiendo todos los activos de la empresa a manos extranjeras, ya es un costo para el Estado.
El presidente del Banco Nación, Claudio Lozano, sostuvo que la expropiación de Vicentin permitirá contar con una empresa que ingrese de manera directa divisas, sea testigo tanto del mercado cambiario como agropecuario y con una alta potencialidad para imponerse como un jugar fuerte en el concentrado rubro alimenticio. En una entrevista con El Destape, el funcionario, quien denunció ni bien asumió el fraude realizado por empresa y las autoridades macristas en la banca pública, insistió en que la expropiación es el único camino contra el avance de la extranjerización en el sector.
«La intervención va a ponerla en marcha, permitirle a los productores y a la banca pública una perspectiva de recuperación de crédito otorgado y evitar que un coloso agropecuario que tiene participación significativa en el comercio exterior de granos termine en manos extranjeras», afirmó Lozano. Respecto a la críticas sobre el costo que podría afrontar el Estado por hacerse cargo de una empresa con deuda, contestó: «Cuando tenés más de 400 millones de dólares en deuda con banca pública, la posibilidad del despido de miles de trabajadores, miles de productores colgados y que todo es se resuelva vendiendo todos los activos de la empresa a manos extranjeras, el costo ya lo tenés».
– ¿Por qué la intervención de Vicentin?
Con aval de la banca pública (Nación, Provincia, Ciudad, BICE, entre otros) durante la gestión anterior, conformó, en el marco de un crecimiento exponencial, un fraude, una verdadera estafa a los trabajadores, a los pequeñas productores, a los acopiadores y al Estado. En ese contexto, además del default planteado por Vicentin el año pasado y con un concurso de quiebra que se seguía posponiendo, lo que se tenemos es un proceso de párate de las plantas productivas, perdidas de posiciones de Vicentin en el comercio internacional de granos y un avance creciente de las operaciones por parte de las grandes transanacionales del sector para quedarse con Vicentin, como Glencore, Dreyfus y Cargill.
– ¿Qué objetivos plantea la intervención?
Tiene varios objetivos: ponerla en marcha, permitirle a los productores y a la banca pública una perspectiva de recuperación del crédito otorgado y evitar que un coloso agropecuario que tiene participación significativa en el comercio exterior de granos termine en manos extranjeras. A partir de acá hay que dar los pasos necesarios tanto en la intervención como en los criterios de la expropiación para que el costo sea el menor para el Estado sobre la base de avanzar en aquellos elementos donde queda en evidencia el fraude de Vicentin. Puede, además, establecer precios razonables a los productores porque es una empresa de interés público, que no piensa en maximizar su beneficio a costa de los productores.
– También es una empresa estratégica para el Estado en el mercado cambiario, porque es uno de los principales generadores de divisas.
Sí, hay una parte de las divisas que van a entrar de manera directa, pero también es estratégica para blanquear ese mercado, el comercio exterior y potenciar a Vicentin como una empresa pública en materia alimentaria. Vicentin ocupa un lugar importante en la consecución de divisas. Está en el orden de los 3000 a 4000 millones de dólares al año aproximadamente. Pero también permite tener una empresa que opera en el sector, a la entrada, porque es acopiador, y a la salida, porque tiene puerto. Esto nos va a permitir una mayor actividad de contralor en el mercado.
– ¿Se puede estimar cuánto eludió en retenciones la empresa con la triangulación?
Vicentin sacaba una parte importante de sus exportaciones, vía una subsidiaria en Paraguay. En Paraguay tenía una oficina con seis empleados, pero era el segundo exportador de soja de ese país, con 200 millones de dólares anuales. Los barcos bajaban vacíos por el Paraná, paraban en San Lorenzo, y ahí los llenaba Vicentin y seguía su ruta, con lo cual Vicentin exportaba 200 millones de dólares menos y eso generaba menor ingreso de divisas y menor recaudación por retenciones. Las operaciones comerciales de Vicentin son operaciones prácticamente fantasmas tanto en Paraguay como en Uruguay con empresas con sede en Panamá. Esperemos que ante este conjunto de delitos los dueños de Vicentin respondan con su patrimonio.
– ¿Cuál es el horizonte de cobro de los acreedores y proveedores?
La banca pública puede cobrar ya sea que se transforme en socio de la compañía, o porque YPF le emita algún bono para que la banca lo coloque en el mercado. Al mismo tiempo los productores saben que la empresa va a seguir funcionando y que el gerenciamiento va a estar en manos de gente especializada, como Gabriel Delgado, con vasta experiencia desde el INTA. Las cooperativas productoras pueden capitalizar deuda y participar de las utilidades. En el caso de la deuda con los extranjeros, se irá manejando a partir de la puesta en marcha de la empresa.
– ¿Cuál es el costo para el Estado?
Ya estamos en una situación de costos. Cuando tenés más de 400 millones de dólares en deuda con banca pública, la posibilidad del despido de miles de trabajadores, miles de productores colgados y que eso redunde en que todos los activos de la empresa termine en manos extranjeras, eso ya es un costo. Lo que viene es un proceso de definiciones de la intervención que tienda a aminorar lo más posible el costo que implica tomar una empresa que tiene deuda.
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 declaró inconstitucional el decreto que puso un freno a la Ley de Financiamiento Universitario y ordenó al Gobierno a cumplir con lo establecido en la normativa aprobada por el Congreso.
El fallo firmado por el juez Martín Cormick dio lugar al amparo colectivo promovido por el Consejo Interuniversitario Nacional y la Universidad de Buenos Aires (UBA), dejando sin efecto el Decreto 759/2025.
De esta forma, ordenó al Poder Ejecutivo el “cumplimiento inmediato de la Ley de financiamiento universitario con el dictado de las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias a tal fin”, según el escrito al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.
El Gobierno había intentado frenar el cumplimiento de la ley primero con su veto. Luego de que el Congreso lo rechazó y sostuvo la normativa, emitieron un decreto en el que dispuso que el financiamiento a las universidades solo podía ejecutarse “una vez que se determine las fuentes específicas para su financiamiento y se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto general”.
Tanto el Consejo Interuniversitario Nacional como la UBA y otras universidades presentaron un amparo colectivo para que se cumpla con los puntos claves de la ley, entre ellos otorgar partidas a las casas de estudios para su funcionamiento y recomponer el salario de docentes y no docentes.
El juez consideró en el fallo que el decreto del Gobierno “no supera un test mínimo de razonabilidad, en tanto permite suspender e inaplicar, amparado en la aplicación de un artículo de una ley anterior, la aplicación de una ley en donde el Congreso insistió con las mayorías agravadas requeridas”.
Apuntó que ante la imposibilidad legal de emitir un nuevo veto, el decreto “ha funcionado como un mecanismo extraconstitucional” que, según su mirada, configuró “una figura de instancia de veto no prevista en la Constitución Nacional”.
Cormick también remarcó que “el control judicial de decisiones con impacto presupuestario, lejos de ser una intromisión extraordinaria, es una de las consecuencias propias de la justiciabilidad del Estado”.
Por otro lado, el magistrado puso en duda el costo fiscal de la ley. Mencionó que en 2024 y 2025 no había Ley de Presupuesto y se prorrogaron las partidas aprobadas del 2023, y señaló que según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto durante el año 2025 representaba aproximadamente el 0,23% del PBI nominal proyectado.
El Ejército desplegó tanques, anfibios, drones y miles de efectivos en Rosario para maniobras en el Paraná
La demostración principal será este sábado a las 11, e incluirá unas 40 embarcaciones, vehículos blindados, aeronaves, drones, artillería y operaciones de cruce del río.
El Ejército Argentino comenzó un amplio e imponente operativo militar en la Costanera Norte de la ciudad de Rosario con el objetivo de ejecutar una serie de adiestramientos tácticos sobre las aguas del río Paraná. Una operación militar que tendrá al río Paraná como escenario y que reunirá a unos 1.000 efectivos, cerca de 40 embarcaciones, cuatro helicópteros, tanques, vehículos blindados, piezas de artillería, drones y sistemas de defensa antiaérea.
El procedimiento central, bautizado como Operación Biguá, congregará durante el fin de semana a diversas unidades del Cuerpo de Zapadores Pontoneros, vehículos blindados, material anfibio y aeronaves.
Desde el lugar de las maniobras, el coronel Garrido brindó pormenores del despliegue en marcha en declaraciones a la prensa : “En este momento lo que estamos haciendo es un ensayo del ejercicio que se va a realizar el día sábado a las 11. Un ejercicio es una actividad de adiestramiento que a nosotros nos permite ejercitar capacidades y también poder evaluarlas”.
Con respecto a la dinámica técnica de los trabajos, el alto oficial detalló que la demostración simula una maniobra táctica de alta complejidad operativa sobre el curso fluvial. “El ejercicio propiamente es una operación de franqueo. Una operación militar destinada a superar un obstáculo, en este caso representado por el río Paraná, de manera tal de que nos permita transportar y desembarcar, una vez salvado este obstáculo, fuerzas militares en una segunda orilla”, pormenorizó.
El militar enfatizó además que esta clase de ejercicios busca poner a prueba la sinergia y sincronización entre las distintas ramas de las fuerzas armadas participantes, evaluando en terreno la eficacia de los medios y recursos disponibles.
Dentro del equipamiento desplegado destaca el uso de tecnología aérea no tripulada destinada a tareas de reconocimiento y recopilación de datos geoespaciales en tiempo real. Al respecto, Garrido subrayó la relevancia estratégica de estos dispositivos para la detección de eventuales amenazas en la línea de costa: “Los drones nos permiten a nosotros tener esta información de una manera muy precisa, prácticamente instantánea y a un muy bajo costo, tanto en personal como en medios”, argumentó.
Las actividades contarán con exhibiciones abiertas a la ciudadanía, donde el público podrá observar de cerca el funcionamiento de los tanques, las embarcaciones anfibias y el equipamiento tecnológico utilizado por las tropas.
En octubre las jubilaciones y pensiones aumentarán 1,66%
Además, los titulares de jubilaciones y pensiones con haberes mínimos cobrarán un bono de 70 mil pesos, por lo que el monto total que percibirán será de 505.748,51 pesos (435.748,51 pesos de haber mínimo con aumento + 70 mil pesos de bono
ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, anunció que las jubilaciones, pensiones y asignaciones tendrán un incremento en octubre del 1,66 por ciento, por la fórmula de movilidad, que toma como referencia el IPC de agosto publicado por el INDEC.
Además, los titulares de jubilaciones y pensiones con haberes mínimos cobrarán un bono de 70 mil pesos, por lo que el monto total que percibirán será de 505.748,51 pesos (435.748,51 pesos de haber mínimo con aumento + 70 mil pesos de bono).En tanto, quienes superen el mínimo tendrán un plus proporcional hasta alcanzar la suma de 505.748,51 pesos.
La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será de 418.598,81 pesos (348.598,81 pesos de haber con aumento + 70 mil pesos de bono) y las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez, de 375.023,96 pesos (305.023,96 pesos de haber con aumento + 70 mil pesos de bono).
En tanto, la Asignación Universal por Hijo (AUH) ascenderá a 156.588 pesos; la AUH por Hijo con Discapacidad, a 509.863 pesos, y la Asignación Familiar por Hijo, a 78.304 pesos para el primer rango de ingresos.
Todos los pagos se realizarán en las fechas estipuladas en el calendario habitual.