La Ley Nº 14.771 establecía que las utilidades del yacimiento debían repartirse en un 60% para Catamarca y un 40% para la UNT, que debía destinarse a concluir la ciudad universitaria, que había sido iniciada a partir de 1948 en San Javier durante el rectorado de Horacio Descole. Una vez concluida, dice el artículo 18 de la norma, ese 40% de regalías debía dividirse en un 20% para las otras universidades del país y un 20% para la UNT, pero ya de libre disponibilidad.
Política
Cerisola negó todas las acusaciones en el juicio por el uso de las regalías mineras
El ex rector declaró ante la justicia en lo que se trata el encubrimiento del robo del mega campus que debe construirse por ley en el cerro San Javier
Juan Alberto Cerisola, el ex Rector de la Universidad Nacional de Tucumán rompió el silencio en el juicio por la malversación de fondos de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD) que por Ley 14.771 debían destinarse a la construcción de la Ciudad Universitaria de San Javier.
Tras varios años en la mira de la justicia, quien fuera rector de la UNT entre 2006 2014, está acusado por violación a los deberes de funcionario público y administración fraudulenta de utilidades mineras, valuadas en $353 millones, recibidas entre 2006 y 2009. Comparte el banquillo de acusados junto a Luis Fernando Sacca -ex subsecretario administrativo-, Olga Graciela Cudmani -ex directora de Construcciones Universitarias- y Osvaldo Venturino -ex director de Inversiones y Contrataciones-.
Al comenzar la tercera jornada del debate oral que presiden los jueces Jorge Alejandro Basbús, Ana Carina Farías y Enrique Lilljedahl, Cerisola se sentó frente al estrado acompañado de un enorme cuaderno azul y analizó uno por uno los puntos de la causa.
Según la acusación fiscal, Cerisola habría dado por concluida la obra de la ciudad universitaria y por ende habría consentido que YMAD redujera el porcentaje de cuentas que recibía la Universidad de un 40% a un 20%.
A raíz de esto, el imputado cuestionó la pesquisa del fiscal federal Carlos Brito. “Cuando el juez de la causa le preguntó al fiscal si ampliaría la tesis acusatoria con otras personas, Brito dijo que no porque no advertía delito en su accionar. ¿Entonces a Campero, que tomó la resolución de reducción no le advierte delito y a mí sí? No entiendo”, apuntó.
Dijo que en 2009 empezó “una feroz interna política dentro de la UNT y que “la oposición terminó desaprobando (el primer informe sobre el uso de los fondos mineros) a pesar de que los decanos que votaron en contra del reglamento unos días antes en un programa de TV, el 3 de marzo de 2010, declararon cosas como las de la ex decana de odontología, que ‘con las obras que se viene realizando se solucionarán las problemas de espacio de nuestra facultad’ ”. Dijo que después de las elecciones de medio tiempo la oposición en el Consejo Superior “se engolosina, hacían bromas antes de votar y más de una vez dijo la señora decana de la época de Odontología: ‘bueno vamos a aplicarle la crónica de una muerte anunciada’ ”. También englobó en la fuerte oposición a la ex decana de Derecho, Adela Seguí y al ex consejero por egresados, Ricardo Cisneros.