Política
Causa $LIBRA: dos alternativas judiciales buscan reabrir la investigación sobre presunta estafa
Planteos de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas y de un grupo de inversores damnificados intentan revertir el sobreseimiento de los once imputados, entre quienes se encuentran Javier Milei y Karina Milei.
El proceso judicial iniciado para determinar responsabilidades en la presunta defraudación vinculada a la criptomoneda $LIBRA mantiene abiertas dos instancias legales para evitar su archivo definitivo. Pese a la postura del fiscal Eduardo Taiano, quien impulsó el sobreseimiento de las once personas investigadas —entre ellas el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei—, existen recursos en trámite que buscan reactivar la recolección de pruebas.
El expediente se concentra en presuntas maniobras vinculadas al lanzamiento y promoción del activo digital. Ante la decisión fiscal de dar por terminada la pesquisa, surgieron dos vías procesales diferenciadas: por un lado, la intervención de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas con el fin de asumir la acción penal; por el otro, la solicitud de inversores particulares que buscan recuperar su condición de parte querellante.
El pedido de la fiscalía anticorrupción
La primera alternativa corresponde a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, encabezada por el fiscal Sergio Rodríguez. El organismo presentó a finales de octubre un escrito ante el Juzgado Federal N° 8 para objetar la decisión de Taiano de desvincular a los imputados y archivar las actuaciones.
En su presentación, la procuraduría especializada calificó el cierre como prematuro y sostuvo que la investigación no se encuentra agotada. Desde su óptica, el expediente todavía requiere la realización de diligencias clave, tales como peritajes técnicos sobre dispositivos electrónicos, el análisis exhaustivo de las comunicaciones entre las personas investigadas y la reconstrucción de la trazabilidad de las operaciones financieras ejecutadas con la criptomoneda. El organismo remarcó además que los elementos reunidos hasta la fecha exhiben señales compatibles con una concertación defraudatoria, por lo que solicitó continuar con la instrucción penal.
La respuesta del fiscal del caso
La pretensión de la procuraduría fue rechazada por el fiscal Taiano mediante una presentación formal realizada el 11 de noviembre. El representante del Ministerio Público Fiscal ratificó su posición inicial en favor de los sobreseimientos y defendió el cierre de la causa al considerar que la intervención de la procuraduría resultaba desacertada.
Taiano cuestionó que el organismo hubiera tenido acceso a los pormenores de las actuaciones y señaló que los fundamentos esgrimidos por Rodríguez se apoyaban en afirmaciones antojadizas, más cercanas al estilo de un debate televisivo que a las constancias reales del expediente. La resolución de este conflicto de criterios se encuentra ahora bajo análisis del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. En caso de que el magistrado no haga lugar al reclamo de la procuraduría, el organismo ya interpuso una apelación subsidiaria para que la Cámara Federal evalúe la situación.
El reclamo de los inversores damnificados
La segunda alternativa procesal está encabezada por un grupo de inversores que denuncian haber sido perjudicados económicamente por la operatoria del activo digital. Se trata de Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo, quienes habían sido apartados del expediente por disposición judicial luego de un planteo promovido por Mauricio Novelli, uno de los señalados como creador del proyecto promocionado en su momento por Milei.
Frente a esa exclusión, los abogados de los damnificados recurrieron a instancias superiores. La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal concedió a principios de noviembre la revisión del apartamiento de estos cinco denunciantes. Asimismo, el tribunal habilitó el tratamiento de un reclamo semejante presentado por dos damnificados de origen bielorruso que también pretenden intervenir en el expediente.
Esta determinación del tribunal de Casación no implica un reingreso automático de los particulares a la causa. No obstante, abre la posibilidad de que, si obtienen un pronunciamiento favorable, puedan volver a actuar como querellantes legítimos. Desde ese rol procesal, los inversores quedarían facultados para recurrir los sobreseimientos dictados y proponer la producción de nuevas medidas probatorias en el expediente.