Además, se incluirá en el temario el tratamiento de los pliegos de los jueces Juan Pedro Galván Greenway y Alejandro Javier Catania, propuestos para integrar la Cámara de Apelaciones en lo Penal y Económico y vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), informaron fuentes parlamentarias.

El temario definitivo será propuesto en la reunión de Labor Parlamentaria, prevista para las 14, con la participación de los presidentes de todos los bloques, aunque tras el acuerdo se impondrá la propuesta oficialista.

En paralelo, La Libertad Avanza y los bloques dialoguistas acordaron firmar mañana los dictámenes de los proyectos de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y de Inocencia Fiscal II, con el objetivo de llevarlos al recinto el próximo 17 de septiembre.

La reforma del BCRA, impulsada por el Gobierno de Javier Milei, apunta a reforzar el equilibrio fiscal y preservar el valor de la moneda, mientras que la iniciativa de Inocencia Fiscal II busca incentivar el ingreso al circuito financiero de dólares que permanecen fuera del sistema formal.

El acuerdo para avanzar con ambos proyectos es considerado clave por el oficialismo, que busca tener aprobadas las principales iniciativas económicas antes de que ingrese al Congreso el Presupuesto 2027, cuyo proyecto será enviado el próximo martes a la Cámara de Diputados.

El entendimiento fue alcanzado durante una reunión que mantuvo la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, con senadores de la UCR, el PRO, Independencia, Primero Los Salteños, Movimiento por Misiones, Despierta Chubut y Provincias Unidas.

Del encuentro también participaron los presidentes de la UCR, Eduardo «Peteco» Vischi; del PRO, Martín Goerling Lara; de Independencia, Beatriz Ávila; de Primero Los Salteños, Flavia Royón; del Movimiento por Misiones, Sonia Rojas Decut; de Despierta Chubut, Edith Terenzi; y de Provincias Unidas, Carlos «Camau» Espínola.

Biocombustibles

Uno de los principales proyectos que se debatirá en la sesión del jueves es la reforma del régimen de biocombustibles, que establece nuevos aumentos en los cortes obligatorios de bioetanol y biodiésel y extiende hasta 2036 el plazo para que las pequeñas y medianas empresas puedan reconvertirse.

El dictamen de mayoría establece que el corte obligatorio de bioetanol se elevará del 12% al 15%, mientras que el de biodiésel pasará del 7,5% al 10%. También fija límites a los cupos que podrá tener cada empresa con el objetivo de evitar posiciones monopólicas.

Sin embargo, el dictamen acordado entre La Libertad Avanza y sus aliados genera resistencia entre algunos senadores de bloques dialoguistas de La Pampa, Buenos Aires, Catamarca y Córdoba, debido a que no contempla el pedido de las pymes del sector del biodiésel.

Las pequeñas y medianas empresas pretenden mantener su participación del 7,5% del mercado, mientras que el proyecto contempla una reducción progresiva de ese porcentaje hasta su eliminación en 2036.

Por ese motivo, y pese a que el Gobierno se opone a incorporar nuevos cambios, el oficialismo podría aceptar algunas modificaciones para garantizar los votos necesarios para aprobar la iniciativa, señalaron fuentes parlamentarias.

Traspaso de competencias judiciales a la Ciudad

La Libertad Avanza y los bloques provinciales también acordaron debatir el dictamen que establece la transferencia de competencias penales de la Justicia Nacional a la Ciudad de Buenos Aires, entre ellas las vinculadas con delitos cometidos por menores y contra la integridad sexual.

Si el acuerdo es aprobado por el Congreso y posteriormente por la Legislatura porteña, el fuero penal de la Ciudad comenzará a intervenir en causas por delitos sensibles, entre ellos los cometidos contra la integridad sexual, calumnias e injurias y aquellos protagonizados por menores de entre 14 y 18 años, con excepción de los delitos de competencia federal.

Los convenios fueron firmados el 3 de julio pasado por los ministros de Justicia de la Nación y de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques y Gabino Tapia, y establecen la transferencia progresiva de distintas competencias penales de la Justicia Nacional al Poder Judicial porteño.

El acuerdo representa además una señal política del Gobierno nacional hacia el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri.