El 27 de octubre, la empresa Terminal del Tucumán SA debería entregar las llaves del predio a la Provincia. Ocurre que, en medio de un extenso pleito judicial entre la concesionaria y el Gobierno, venció el contrato y las autoridades provinciales ya tomaron la decisión de no renovarlo. De hecho, la firma ya fue notificada de la decisión.

Más allá de la fecha, lo cierto es que ese día no implicará un corte definitivo en una relación de más de 30 años. La Provincia pretende que haya una transición ordenada; en particular, porque la firma concesionaria tiene a su vez vínculos con los comercios que operan en el predio de la estación central de ómnibus: los quioscos y comercios de ropa, un supermercado, canchas de fútbol y hasta una expendedora de combustible.

Por ese motivo, en la Casa de Gobierno apuran un llamado a licitación para que las empresas interesadas en operar la terminal de colectivos presenten sus propuestas. El borrador que circula para revisión entre los Ministerios de Economía y de Obras Públicas prevé una inversión mínima de 10 millones de dólares que debería efectuar la empresa adjudicataria. Incluso, hay un proyecto ejecutivo de obra en las oficinas de la Provincia. Sin embargo, por cuestiones de tiempo, es probable que el proceso licitatorio se extienda más allá del 27 de octubre.

En el medio de esta decisión oficial de dar por finalizado el vínculo con Terminal del Tucumán SA asoma un largo conflicto judicial. Hay al menos dos causas iniciadas por la firma concesionaria. En uno ya hubo un fallo -en 2017- mediante el que se condenó al Gobierno a pagar en concepto de daños y perjuicios a esa empresa una suma que supera los $ 150 millones. Fiscalía de Estado avanzó con la presentación de un recurso extraordinario federal contra esa sentencia.

El primer litigio comenzó en 2006, cuando la concesionaria promovió la demanda por daños y perjuicios en contra del Estado provincial y exigió una suma que surja del cálculo por los “toques de andén” no efectuados. Adujo que las empresas de ómnibus nunca cumplieron con su obligación de ingresar los servicios programados. Según la demanda, la Provincia estaba obligada a dictar las normas para el ingreso obligatorio de los ómnibus y a emplear todo su “potencial coercitivo para que ese ingreso sea efectivo en forma integral”.

Casi 11 años después, los camaristas civiles Augusto Ávila y Carlos Miguel Ibáñez hicieron lugar a la demanda y condenaron a la Provincia a pagarle a la Terminal del Tucumán SA la suma reclamada, por un período que va desde 1996 hasta 2010. La firma, patrocinada en ese expediente por el abogado José Roberto Toledo, consiguió luego mediante un recurso de aclaratoria que el monto llegue a $ 150 millones, entre capital e intereses (sentencia 953/2017).

En el interín, la concesionaria ofreció en 2018 al Gobierno una salida. La nota firmada por el presidente del directorio, Ariel Spector, propone llegar a un acuerdo mixto, en el que la Provincia pague parte de la suma reclamada y además amplíe los plazos de la concesión del servicio, que finaliza en octubre.

«El directorio de la empresa ha decidido realizar esta presentación a los fines de exteriorizar su absoluta voluntad y predisposición a arribar a un acuerdo conciliatorio que resulta inequívocamente beneficioso a la provincia, aliviándola de las obligaciones que la justicia le ha impuesto con respecto a esta empresa», planteó Spector. «La aludida sentencia ha condenado a la Provincia al pago de una importante suma de dinero y es absolutamente previsible que, tratándose de cuestiones de derecho publico local, la sentencia haga cosa juzgada formal y material en tiempo próximo», reforzó el empresario.

La Provincia descartó esa posibilidad y avanzó en la finalización de la concesión una vez finalizado el plazo.

Sin embargo, en 2022, la firma avanzó contra demanda similar ante la Provincia, esta vez, por «las diferencias existentes entre los mínimos de toques de andén asegurados por la Provincia en el convenio de fecha 15/12/1994 y los efectivamente percibidos por la actora desde el año 1995 al año 2009». Esa diferencia, según el planteo firmado por el abogado Adolfo Eduardo López Vallejo, es de unos 22 millones. Ese pleito aún se encuentra en trámite en el fuero contencioso administrativo.