Uno de los casos se registró en el colegio Santa Rosa, donde al mediodía apareció una inscripción en un baño del nivel secundario con la leyenda “tiroteo mañana 17/4”. Ante esta situación, el Comité de Crisis del establecimiento se constituyó de inmediato y dispuso la activación de los protocolos de seguridad, con refuerzo de la vigilancia interna y en los accesos.

Además, se dio aviso a las autoridades correspondientes y se realizó la denuncia policial. En paralelo, docentes y directivos iniciaron una investigación interna para intentar identificar a los responsables, al tiempo que dialogan con los alumnos para generar conciencia sobre la gravedad de este tipo de mensajes.

Desde la institución aclararon que las actividades continuarán con normalidad, aunque bajo un esquema de mayor control y seguimiento.
En el mismo sentido, el colegio María del Rosario informó a los padres que, tras detectarse escrituras con amenazas en los baños, se aplicará el protocolo establecido en el decreto firmado recientemente por el Gobierno provincial junto al Ministerio de Seguridad. También indicaron que, por el momento, no habrá suspensión de actividades.

Por su parte, en el colegio Monserrat, el Centro de Estudiantes se expresó a través de redes sociales para repudiar los hechos. En el comunicado, remarcaron que este tipo de amenazas atentan contra la convivencia, el respeto y los valores de la comunidad educativa, y pidieron reforzar el compromiso colectivo para sostener un clima de cuidado mutuo.

En todos los casos, las instituciones coincidieron en la necesidad de que las familias acompañen el proceso, conversando con los estudiantes sobre la seriedad de estos hechos y evitando la circulación de información no oficial que pueda generar mayor preocupación.

La normativa ratifica las instrucciones impartidas al Ministerio de Seguridad y a la Policía de Tucumán para adoptar todas las medidas necesarias que permitan prevenir hechos de violencia, intervenir ante situaciones de riesgo y garantizar la seguridad dentro y fuera de los establecimientos educativos.

En ese marco, se dispone que las autoridades y directivos de instituciones educativas, tanto de gestión pública como privada, serán responsables de la preservación y el cuidado de los alumnos. En caso de incumplimiento de estas obligaciones, podrán perder los subsidios o aportes que reciban del Estado provincial.

Asimismo, el decreto instruye al Ministerio de Educación a aplicar medidas correctivas, que incluyen la posibilidad de expulsión del sistema educativo provincial durante el presente ciclo lectivo para aquellos alumnos que incurran en conductas que pongan en riesgo el normal desarrollo de las clases.

Por otra parte, se establece que los padres, tutores y responsables legales de los menores serán responsables en sede administrativa y/o judicial por las conductas de los mismos, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria por los daños ocasionados.

Además, se prevé que los menores involucrados en hechos de gravedad podrán ser trasladados al instituto Brochero de Benjamín Paz, previa intervención del Poder Judicial.

El decreto entró en vigencia a partir de la fecha de su firma y será refrendado por el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa.

El Decreto

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