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Policiales

Balearon a una jugadora de la selección argentina durante el cortejo fúnebre de su hermano en Tucumán

Rocío Correa es delantera de San Lorenzo y del conjunto nacional Sub 20. Ella y otros miembros de su familia recibieron golpes y balazos de goma de parte de la policía cuando se dirigían al cementerio

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Rocío Correa, jugadora de San Lorenzo y de la selección argentina, recibió golpes y balazos de goma de parte de la Policía cuando participaba del cortejo fúnebre de su hermano, Sergio, quien falleció el pasado miércoles en un accidente vial.

El episodio se produjo en San Miguel de Tucumán, en la intersección de las calles Independencia y Lincoln, cuando la familia Correa acompañaba el traslado al cementerio de los restos de Sergio, de 17 años, que murió tras ser atropellado por un camión cuando circulaba a caballo por la autopista Tucumán-Famaillá.

“El auto se paró porque se quedó sin nafta. Venía un acompañamiento muy grande y se juntaron muchos policías que se arrimaron de manera muy violenta”, dijo la madre del joven fallecido en las puertas de los Tribunales provinciales, a donde concurrió junto a su marido y su hija, Rocío, para realizar la denuncia por lo ocurrido.

La delantera recibió golpes y balazos de goma de parte de la policía durante el cortejo fúnebre de su hermano (Stefanía León - AFA)

Sergio, el padre de la futbolista de San Lorenzo, mostró los golpes que le quedaron en el rostro y en el cuerpo, y continuó: “Les pedimos que respeten, que iba a enterrar a mi hijo y que ya traían la nafta. Pero ellos empezaron a decir que nos dispersemos y empezó la discusión. Ahí empezaron a remontar las (escopetas) Itakas y a pegar”.

En diálogo con el medio “Los primeros” de Tucumán, Rocío aseguró haber recibido disparos de balas de goma y planteó: “Esto va más allá del dolor. Queríamos que se pusieran en nuestro lugar porque íbamos a enterrar a mi hermano”.

“Nosotros no hicimos ningún disparo, todos los hicieron ellos”, denunció Sergio, ante las versiones de que podría haberse tratado de un tiroteo cruzado, iniciado desde la familia del joven fallecido. “A mucha gente le han pegado, mirá si le cortaba la carrera…”, recalcó en alusión a su hija.

Desde la familia Correa ahora temen algún tipo de represalia de parte de las fuerzas de seguridad. “Ahora tengo miedo, no sé qué puede pasar”, advirtió la madre de Rocío.

La jugadora fue parte del plantel que se quedó con la medalla de plata en la Liga de Desarrollo de Conmebol (Stefanía León - AFA)

Desde San Lorenzo confirmaron que la futbolista ya dejó Tucumán y que se encuentra en viaje hacia Buenos Aires. La delantera, que viene de ser parte de la selección argentina Sub 19 que se quedó con el segundo puesto en la Zona Sur de la Liga de Desarrollo Conmebol, está a disposición del entrenador para el duelo que su equipo disputará ante Gimnasia La Plata este sábado, desde las 15, en el Nuevo Gasómetro

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Policiales

Femicidio en Graneros: encontraron sin vida a una mujer de 36 años y aprehendieron a su pareja

La víctima fue identificada como Yudith Nazarena Jerez y, por el hecho, fue aprehendido su pareja, Pablo Salvador Pitali, de 38 años.

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Una mujer de 36 años fue encontrada sin vida este lunes en el interior de su vivienda, ubicada en el paraje La Cañada, en Graneros. La víctima fue identificada como Yudith Nazarena Jerez y, por el hecho, fue aprehendido su pareja, Pablo Salvador Pitali, de 38 años. La investigación quedó en manos de la Unidad Fiscal de Homicidios del Centro Judicial Concepción.

El episodio se conoció alrededor de las 12.10, cuando Jesús Alejandro Jerez, hermano de la víctima, se presentó en la comisaría local y pidió la presencia urgente de efectivos. Según relató, su hermana se encontraba sin vida dentro de su domicilio, situado frente a una escuela, y presentaba manchas de sangre en el cuerpo.

El hombre explicó que Yudith mantenía una relación de pareja con Pitali desde hacía aproximadamente 15 años y que ambos tenían una hija de 10 años. Al momento de su llegada, ni el hombre ni la niña se encontraban en la vivienda.

Los policías se trasladaron y constataron que una mujer se encontraba sin signos vitales en uno de los dormitorios. En la vivienda también estaba personal del CAPS de Graneros, que confirmó el fallecimiento.

De acuerdo con el reporte policial, la víctima presentaba un golpe a la altura de la sien, que podría corresponder a un impacto o a un posible proyectil. 

A partir de esa situación, los policías preservaron el lugar y solicitaron la intervención de Infantería Sur. Al mismo tiempo, comenzaron a buscar al posible autor del hecho.

Lo encontraron debajo de una cama
 

Durante la inspección de las distintas dependencias de la vivienda, los efectivos detectaron a un hombre escondido debajo de una cama. Según el informe, presentaba manchas pardo rojizas, por lo que fue aprehendido de manera preventiva.

El sospechoso quedó aprehendido.

Siempre de acuerdo con el reporte policial, el hombre manifestó espontáneamente que había cometido “un grave error” con el uso de un arma de fuego.

Ante esta situación, se solicitó la presencia de personal de Infantería para garantizar la custodia y el traslado del aprehendido hasta una dependencia policial de la Unidad Regional Sur.

La Policía comunicó el caso a la Unidad Fiscal de Homicidios del Centro Judicial Concepción. El fiscal Carlos Sale dispuso que se mantuviera el resguardo y la protección del lugar. Además, ordenó que al aprehendido se le hicieran conocer sus derechos y se cumplieran las medidas de rigor antes de su alojamiento en una dependencia policial de la Unidad Regional Sur.

La fiscalía también dispuso la intervención del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), cuyos integrantes se trasladaron al lugar para realizar las tareas correspondientes.

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Tras un tiroteo entre dos familias, hubo allanamientos y secuestros de armas de fuego

Hay una persona demorada por averiguación de antecedentes que ya se encuentra a disposición de la Justicia.

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Personal de la Comisaría Alderetes avanza en la investigación de un violento episodio y desde la mañana de este sábado ejecutó una serie de allanamientos e incautó evidencia material.

“La causa parte el día 30 de septiembre donde, en horas de la tarde, dos familias conflictivas de esta ciudad se enfrentaron, realizando disparos de armas de fuego. Este hecho se produjo en plena vía pública” fueron las palabras del oficial principal Hasan Ale, responsable del caso en la mencionada dependencia policial.

Tras recabar información valiosa, recolectar testimonios vecinales y analizar registros fílmicos provenientes de distintas cámaras, los uniformados solicitaron una orden judicial para intervenir en diversos domicilios vinculados al caso donde confiscaron las prendas de vestir que los implicados habían usado al momento del delito y armamento. “Ahora estamos trabajando en este domicilio, donde luego del registro se han secuestrado múltiples armas de fuego, entre ellas, tenemos dos pistolas nueve milímetros, rifles de aire comprimido y gran cantidad de cartuchos de distintas marcas y calibres” mencionó el oficial principal.

En el marco de esa causa, hay una persona demorada por averiguación de antecedentes que ya se encuentra a disposición de la Justicia.

Por su parte, Hasan Ale también dijo: “Estamos trabajando fuertemente en la ciudad de Alderetes y los resultados están a la vista” remarcando, de esa manera, el firme compromiso que la Fuerza de Seguridad mantiene diriamente con la ciudadanía.

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Denunciaron por presunto abuso sexual y extorsión laboral al sindicalista César González

De acuerdo con lo consignado en la presentación judicial, la denunciante habría ingresado a prestar servicios en el ámbito de la UTA bajo condiciones atípicas, percibiendo su remuneración directamente del peculio personal del denunciado en su oficina privada.

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La Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Integridad Sexual y Género de Tucumán, bajo la dirección del fiscal Gonzalo Rodríguez, tramita el legajo caratulado como presunto abuso sexual con acceso carnal reiterado en contra del dirigente gremial César González, titular de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en la provincia.

Según consta en el escrito iniciado por la denunciante, con el patrocinio letrado de los abogados Juan Macario Santamarina y Gonzalo Ascárate, los hechos habrían comenzado en julio de 2018 y se habrían extendido durante más de siete años en el marco de una supuesta situación de dependencia laboral y económica.
Por su parte, González, acompañado por su abogado Ernesto Baaclini, señaló: «Desmiento categóricamente los hechos relatados en la denuncia, de la cual tengo pleno conocimiento. Todo fue planeado estratégicamente en relación a las elecciones del Gremio UTA. Detrás de esto, está involucrado un empresario del transporte público de pasajeros que avala a la lista negra que es opositora a nuestra gestión. Lo que no esperaban, es que las elecciones de UTA programadas para el 7 y 8 de octubre de 2026, fueron pasadas para 17 y 18 de diciembre de 2026. Espero que antes de las elecciones en diciembre, no inventen otra denuncia».

Agregó que «la denunciante era abogada del gremio. Y pidió indemnización por medio de cartas documento».
De acuerdo con lo consignado en la presentación judicial, la denunciante habría ingresado a prestar servicios en el ámbito de la UTA bajo condiciones atípicas, percibiendo su remuneración directamente del peculio personal del denunciado en su oficina privada. En ese contexto, el imputado habría ejercido un control total sobre la única fuente de ingresos del hogar familiar de la denunciante, condicionando de manera explícita la regularización de su trabajo a requerimientos de carácter sexual.
Ante las constantes negativas de la presunta víctima, se habrían ejecutado represalias económicas sistemáticas que incluyeron la retención y el retraso de salarios, la postergación de aumentos salariales aplicados a otros profesionales y la imposición de condiciones arbitrarias para el goce de licencias. La denuncia señala además el uso presuntamente extorsivo de la cobertura médica del hermano de la mujer, quien posee una discapacidad severa, supeditando su permanencia laboral a la baja de dicho beneficio de salud, situación que habría desencadenado la renuncia forzada de la damnificada tras sufrir graves secuelas en su salud psicofísica.

 

Ante la gravedad de los hechos expuestos y «la influencia gremial que ejercería el imputado», la representación legal de la denunciante solicitó la adopción inmediata de medidas de protección preventiva e inminente tutela judicial efectiva. Entre las peticiones dirigidas al fiscal interviniente figura la prohibición de acercamiento para el imputado en un radio no menor a trescientos metros respecto de la presunta víctima, su núcleo familiar, su domicilio real y su puesto de trabajo en la Secretaría de Trabajo.
Asimismo, se requirió una orden de abstención absoluta de realizar actos de turbación, hostigamiento u intimidación de manera directa o por interpósita persona, ya sea de forma presencial, telefónica o digital. A fin de resguardar la salud mental de la denunciante, evitar instancias de revictimización y preservar el valor probatorio del testimonio, la querella solicitó con carácter urgente fijar fecha para la recepción de su declaración bajo la modalidad de Cámara Gesell, invocando las previsiones del Código Procesal Penal de Tucumán, la legislación provincial y la Ley Nacional de Protección Integral a las Mujeres.

 

El planteo para asumir el rol de Querellante Particular se fundamenta en el artículo 89 del Código Procesal Penal de Tucumán, destacando la legitimación activa de la denunciante, quien posee título de abogada y reviste la condición de víctima directa de los hechos investigados. En ese sentido, la presentación requiere fijar fecha para la suscripción del «poder apud acta» junto a sus letrados patrocinantes, Santamarina y Ascárate, a fin de formalizar su intervención en el Legajo S-028511/2026.
La solicitud sostiene que la participación activa de la víctima dentro del sistema acusatorio adversarial garantiza el derecho a ofrecer prueba, impulsar la acusación y controlar la actuación fiscal, apoyándose en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sentada en los precedentes Santillán y Quiroga. Asimismo, la postura de la querella invoca las garantías de la Constitución Nacional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención de Belém do Pará y el catálogo de derechos procesales de la Ley 26.485, los cuales imponen al Estado el deber de debida diligencia reforzada en investigaciones de violencia de género. /El Tucumano

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