La causa judicial que involucra al exjefe de Gabinete Manuel Adorni dio un giro procesal luego de que el fiscal federal Gerardo Pollicita emitiera un dictamen en el que concluyó que no existen indicios suficientes para sostener la acusación inicial por enriquecimiento ilícito. El representante del Ministerio Público Fiscal solicitó que el expediente abandone los tribunales federales de Comodoro Py y sea remitido a la Justicia Nacional en lo Penal Económico para investigar la posible comisión de delitos tributarios.

El proceso se había iniciado a partir de una denuncia que cuestionaba la evolución patrimonial del exfuncionario entre diciembre de 2023 y junio de 2026, período en el cual se desempeñó como vocero presidencial, jefe de Gabinete y legislador porteño. En el transcurso de la investigación, la fiscalía había detectado erogaciones por más de 400.000 dólares, gran parte abonadas en efectivo, además de una diferencia superior a los 43 millones de pesos entre los ingresos lícitos comprobados y los gastos en adquisiciones, viajes, refacciones y propiedades como una vivienda en un barrio privado y un inmueble en la Ciudad de Buenos Aires.

Para justificar esos movimientos, la defensa presentó un escrito en el que argumentó que los fondos provenían de ahorros en criptomonedas obtenidos mediante inversiones realizadas entre 2014 y 2018. Según el descargo, el exfuncionario adquirió de forma presencial unos 200.000 dólares en Bitcoin, los cuales fueron liquidados años después por un valor cercano a los 591.000 dólares que se conservaron posteriormente en billetes.

Tras ordenar peritajes sobre las direcciones digitales aportadas, la fiscalía comprobó la existencia y actividad de las billeteras durante ese período, aunque los especialistas no pudieron determinar fehacientemente quién las administraba ni reconstruir la identidad de todos los participantes en las operaciones. Ante estas limitaciones técnicas, el fiscal consideró que la versión de la defensa no pudo ser refutada de manera concluyente y señaló que la figura del enriquecimiento ilícito exige que el incremento patrimonial injustificado se produzca con posterioridad a la asunción de un cargo público, circunstancia que en este caso se vincula con un origen previo.

Pese a este cambio de enfoque, la medida no implica el sobreseimiento del exfuncionario. El dictamen fiscal advierte que persisten indicios de posibles irregularidades vinculadas con ingresos, dólares en efectivo y activos virtuales que habrían permanecido fuera de las declaraciones fiscales durante años, motivo por el cual solicitó que sea el fuero especializado en delitos económicos el que profundice la investigación sobre la situación fiscal.

La decisión final sobre el cambio de competencia quedó ahora en manos del juez federal Ariel Lijo, quien deberá resolver si acepta el planteo del fiscal para declinar la competencia de la Justicia Federal y enviar las actuaciones a la Justicia en lo Penal Económico.

La medida generó diversas reacciones en el ámbito político. Desde la oposición, referentes de distintos espacios cuestionaron el dictamen y expresaron su escepticismo respecto al origen de los fondos declarados por la defensa. Los cuestionamientos apuntaron tanto a los tiempos y las características de la investigación judicial como a la verosimilitud de la explicación basada en criptomonedas, mientras reclamaron que se profundicen los controles sobre el patrimonio de los funcionarios públicos.

El vicegobernador y presidente de la Legislatura de Tucumán, Miguel Acevedo, encabezó la reunión de Labor Parlamentaria en la que se definió convocar a sesión para el jueves 12 de noviembre a las 8:30 horas.

Al término del encuentro, Acevedo detalló el temario principal de la sesión: “Tenemos como tema principal el tratamiento de los pliegos a la acordada que se ha remitido desde el Poder Ejecutivo, que son cuatro nuevos jueces que ya cumplieron todos los pasos administrativos previos a la sanción.

Además, anticipó el debate de iniciativas relacionadas con la salud, el deporte y la protección del patrimonio natural de la provincia. Entre los proyectos previstos se encuentra el proyecto de ley que establece acciones de cuidado integral y protección de los derechos de las personas con Enfermedades Poco Frecuentes (EPOF).

También se tratará una iniciativa para regular el ejercicio profesional de los Técnicos Superiores en Psicología Social y títulos equivalentes, estableciendo un marco normativo para su desarrollo, incumbencias, derechos, obligaciones, mecanismos de control y régimen de matriculación.

“Llevamos al recinto junto con otros temas vinculados a la salud, una colegiatura de técnicos especialistas en psicología social, una ley vinculada a las enfermedades poco frecuentes”, agregó el vicegobernador.

En materia ambiental, se tratará la declaración de la Rana Marsupial de la Banderita (Gastrotheca gracilis) como Monumento Natural Provincial, que además instituye el 7 de diciembre de cada año como el Día Provincial de la Rana Marsupial de la Banderita. “Es una ley muy particular, que es la de protección y declaración como monumento tucumano de la ranita marsupial. Es una ranita que solo existe en Tucumán, en todo el mundo no hay otra como esta”, explicó.

El vicegobernador también se refirió a la ley que establece la obligatoriedad de medidas de seguridad en la instalación, sujeción y mantenimiento de arcos deportivos y otros elementos recreativos en espacios públicos y privados. “En muchos casos la van a identificar como Ley Joaquín, que se estableció producto de un accidente que lamentablemente provocó el fallecimiento de un niño por no contar con estas protecciones. En Tucumán vamos a legislar en ese sentido. La Comisión de Deportes y seguramente eso llega al recinto en la próxima sesión, además de las resoluciones y declaratorias que también se han previsto”, señaló.

Los cierres anuales de las comisiones

Acevedo también se refirió a la reunión que mantuvo previamente con los presidentes de las comisiones permanentes para organizar las presentaciones de cierre de año. Explicó que, como parte de una modalidad de trabajo que se sostiene desde el inicio de su gestión al frente de la Cámara, cada comisión tendrá la posibilidad de presentar las actividades desarrolladas durante el año y compartir los desafíos previstos para el próximo período.

“Todas las comisiones tienen la posibilidad de hacer ese tipo de presentaciones. La reunión de hoy fue para organizar, ordenar y fijar las pautas para los días en que se van a realizar”, explicó.

Adelantó que algunas actividades se desarrollarán en la Legislatura y otras podrían realizarse en espacios diferentes, de acuerdo con las características de cada propuesta.

“Queremos invitar a la ciudadanía a que participe. Seguramente vamos a dar el cronograma en su momento para que aquellos que estén interesados en los temas que esta Legislatura ha desarrollado durante el año y en los desafíos que se va a proponer a futuro, vengan y participen”, sostuvo.

Finalmente, Acevedo reafirmó la decisión de mantener una institución abierta a la comunidad: “La Legislatura está abierta, lista para escuchar, para mostrar y recibir a todos los tucumanos y tucumanas”.

De la reunión participaron el presidente subrogante, Sergio Mansilla; el vicepresidente segundo, Alfredo Toscano; el secretario legislativo, Claudio Pérez; el prosecretario legislativo, Alejandro Martínez; y los legisladores Mario Leito, Nancy Bulacio, Silvia Elías de Pérez, Agustín Romano Norri, Ricardo Bussi, José Macome, José Cano, Alberto Olea, Claudio Viña y Ernesto Gómez Rossi.