Avanzan las obras del edificio que albergará al escuadrón de Fuerzas Federales en Aguilares
Mansilla se reunió con el Director general de la Agencia Regional Federal NOA-Tucumán de la Policía Federal Argentina y ambos se comprometieron a seguir trabajando en conjunto para fortalecer la seguridad y combatir eficazmente los delitos federales y comunes.
En una importante reunión llevada a cabo este viernes, el presidente subrogante de la Legislatura a cargo del Poder Ejecutivo, Sergio Mansilla, se reunió con el Comisario Walter Bernal, director general de la Agencia Regional Federal NOA-Tucumán de la Policía Federal Argentin, para abordar los avances en las obras del edificio que albergará al escuadrón de Fuerzas Federales en Aguilares.
Durante el encuentro, del que también participó el ministro del Interior, Miguel Acevedo, se destacó que la construcción de las instalaciones alcanzó un avance de obra del 50%, y se espera que en julio, miembros de la Policía Federal se instalen allí. El espacio tendrá capacidad para hasta 300 personas.
En diálogo con la prensa, Bernal hizo hincapié en que el traslado del escuadrón no significa que la Policía Federal se retire de Concepción por completo, ya que allí “quedará un destacamento donde se asignará personal encargado de investigaciones y brigada”.
Bernal explicó, además, las razones por las cuales se eligió Aguilares como sede del nuevo escuadrón de Fuerzas Federales. “Es una ciudad en desarrollo, la tercera en el sur de la provincia. Su población está en crecimiento y es necesaria nuestra presencia para combatir el narcomenudeo, y demás delitos federales, ayudando también a la Policía provincial con los delitos comunes”, sostuvo.
El destacamento en Aguilares tendrá como función principal combatir el delito federal en su ámbito y colaborar con las fuerzas policiales provinciales. Bernal resaltó el éxito del Operativo Lapacho, en el cual la Policía Federal ha estado trabajando de manera efectiva junto a las autoridades provinciales.
En ese sentido, el comisario anunció que la Policía Federal fortalecerá su presencia en la zona sur con la incorporación de más móviles y personal.
«No vamos a seguir tolerando este tipo de acciones de los estudiantes»
El gobernador también planteó un abordaje integral de la situación: “Los padres tienen que hacerse cargo, los docentes acompañar y el Gobierno poner límites”.
El gobernador Osvaldo Jaldo, advirtió que ante la proliferación de amenazas de tiroteos en escuelas de la provincia «se aplicará en un 100% el Decreto que firmó esta semana, reclamó medidas firmes pero planteó un abordaje integral de la situación.
En diálogo con La Gaceta, el jefe de Estado provincial manifestó: “No vamos a seguir tolerando este tipo de acciones de parte de los estudiantes; hay que ponerles límites a los chicos y eso es aplicar el 100% del decreto del Poder Ejecutivo”, afirmó Jaldo ante la andanada de amenazas de tiroteos mediante pintadas en establecimientos escolares de la provincia.
«Es un delito»
En ese sentido el titular del PE aseguró: “Lo que están haciendo los chicos es un delito: decir que puede haber tiros es una amenaza, y eso es un delito. Y a los delitos les tiene que caer todo el peso de la ley”, sostuvo, al tiempo que remarcó que la normativa recientemente firmada refuerza ese criterio.
Recordemos que el Gobernador firmó el miércoles el Decreto N° 772/7 del Ministerio de Seguridad, que instruye a la cartera que conduce Eugenio Agüero Gamboa y a la Policía a intensificar acciones preventivas, de disuasión e intervención dentro y fuera de las escuelas.
La normativa también contempla la expulsión y aprehensión de alumnos involucrados en estos hechos, con eventual traslado al Instituto Padre Brochero, en Benjamín Paz. Además, establece la responsabilidad de padres y tutores por la conducta de los menores y advierte que las instituciones podrían perder subsidios si no garantizan el cuidado de los estudiantes.
“Lo que no se puede permitir es que los chicos sigan haciendo amenazas y generen preocupación en los padres y complicaciones en la vida educativa”
Jaldo planteó un abordaje integral: “Los padres tienen que hacerse cargo, los docentes acompañar y el Gobierno poner límites”. Y agregó: “No se puede seguir haciendo la vista gorda a la problemática que están viviendo los establecimientos educativos en Tucumán”, sostuvo.
Si bien consideró válido el trabajo de los gabinetes pedagógicos interdisciplinarios, fue crítico sobre su efectividad: “Todas las medidas de contención son importantes, pero hay que ver cómo se venía trabajando. Claramente no está funcionando”.
15 denuncias
Según precisó Jaldo, hasta el momento se registraron al menos 15 denuncias en diferentes instituciones de la provincia con pintadas amenazantes en los baños de dichos establecimientos.
“Los responsables tienen que ser juzgados por la Justicia y llevados a Cura Brochero. Y los docentes, si no denuncian, se convierten en cómplices. Tenemos que darle un corte a todo esto”, enfatizó el titular del Poder Ejecutivo.
Jaldo insistió en que el problema excede a la provincia, pero subrayó la responsabilidad local. “Lo que estamos viviendo en los establecimientos educativos excede los límites de Tucumán, pero como autoridades provinciales nos tenemos que preocupar por lo que pasa aquí”, afirmó.
Sanciones disciplinarias
El gobernador también se refirió a un caso reciente en Yerba Buena, donde un alumno de 13 años confesó haber realizado una amenaza. “A pesar de que es menor de edad y aunque tenga problemas, el colegio tiene que evaluar la expulsión. De nada sirve que produzcan semejante revuelo y que todo quede en nada”, indicó.
Mayor presencia policial
Al concluir la entrevista, el Primer Mandatario adelantó que se reforzará la presencia policial en las escuelas donde se detectaron amenazas, especialmente en aquellas consideradas de mayor riesgo. Incluso, señaló que los uniformados podrían recorrer los establecimientos junto a las autoridades educativas para prevenir nuevos episodios.
Jaldo, Acevedo y Chahla dialogaron sobre el desarrollo de obras comunitarias
Analizaron la concreción de obras comunitarias de acuerdo al trabajo mancomunado entre la provincia y la ciudad para mejorar la calidad de vida de los vecinos.
El gobernador, Osvaldo Jaldo, se reunió en Casa de Gobierno con el vicegobernador, Miguel Acevedo y la intendente de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla.
Durante el encuentro, las autoridades provinciales y municipales dialogaron sobre el desarrollo de obras para mejorar la calidad de vida de los vecinos capitalinos, entre las que se destacó el próximo inicio de obras de un sistema de desagües para el Barrio 360 Viviendas, entre otras infraestructuras que posibilitarán asegurar el normal escurrimiento de las aguas.
A la vez, valoraron como positivas las gestiones impulsadas por la provincia ante Nación que posibilitaron la adjudicación de obras de agua potable por una inversión de $180.000 millones para la concreción del nuevo acueducto de Vipos que abastecerá a 250.000 tucumanos de San Miguel de Tucumán, Tafí Viejo, Villa Carmela, entre otras localidades.
Asimismo, analizaron la concreción de otras obras comunitarias de acuerdo al trabajo mancomunado entre la provincia y la ciudad.
El Gobierno dio de baja esta semana más de 900 servicios que prestaba elInstituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) en el marco de los recortes que se vienen aplicando al organismo desde 2024. La medida fue formalizada por la Resolución 42/2026, publicada en el Boletín Oficial, y según el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, responde a una “baja demanda”.
La resolución suprimió casi 1000 prestaciones vinculadas, principalmente, a ensayos microbiológicos fundamentales para la seguridad alimentaria (detección de Salmonella, E. coli, Listeria) y al control de contaminantes como micotoxinas; al análisis de calidad de agua y efluentes (potabilidad, metales, compuestos orgánicos); a servicios de metrología y calibración de instrumentos (termómetros, prensas, equipos electrónicos); y a ensayos para la industria en áreas como materiales de construcción, seguridad eléctrica y electrónica, control de combustibles (naftas, gasoil) y pruebas sobre componentes de seguridad en transporte (ascensores, automotriz).
Desde el INTI señalaron que estos ensayos dados de baja eran capacidades que además se empleaban en procesos más complejos, como la asistencia técnica, el desarrollo de productos y la ayuda para que empresas accedan a mercados externos.
La versión preliminar de la resolución que circuló antes de su publicación oficial generó fuerte rechazo sindical y movilizaciones en los alrededores del predio del INTI en Villa Martelli. Los gremios y trabajadores expresaron su malestar y advirtieron sobre el impacto laboral y técnico de la medida.
El texto oficial argumenta que “una gran cantidad de servicios desarrollados no tuvieron demanda efectiva, o poseen oferta privada”, lo que implicaría un uso subóptimo de recursos estatales al mantener prestaciones que no son requeridas o que pueden proveer empresas privadas.
Empleados del INTI, en diálogo con La Nación, sostienen que desde la asunción del presidente Javier Milei hay una intención de reducir y redefinir el rol del organismo —que califican como un desmantelamiento— lo que podría justificar despidos y retiros voluntarios dentro de una política de reducción del Estado. Según esas fuentes, la resolución podría implicar más de 700 despidos.
La explicación de Sturzenegger
Horas después de la publicación, Sturzenegger defendió la medida afirmando que muchos de los servicios “no tenían suficiente demanda” y que eran prestaciones que puede ofrecer el sector privado. Según el ministro, varios servicios no revestían la condición de bienes públicos ni tenían especificidad técnica particular; describió ejemplos como pruebas de durabilidad de productos que, en su visión, podrían realizar empresas del mercado.
Sturzenegger sostuvo que el INTI ofrecía algunos servicios a precios muy bajos, lo que implicaba un subsidio indirecto de los contribuyentes a ciertas empresas. Como ejemplo mencionó el control de expendio de surtidores de combustibles, donde dijo que “un 12% de la planta del instituto hacía ese test” y que los costos asociados (viáticos, transporte) convertían a ese servicio en un beneficio para las petroleras financiado por el Estado.
El ministro argumentó que la medida libera actividad para el sector privado y evita que clientes queden “atrapados” en el INTI por falta de alternativas privadas, situación que, según él, limitaba el desarrollo del mercado.
Recortes
El INTI cuenta actualmente con aproximadamente 2300 empleados y más de 250 reparticiones, frente a los 3100 trabajadores que tenía en 2023. El Gobierno señaló que cerca del 20% de los departamentos del organismo cumplen funciones que califica como “puramente administrativas” y por esa razón impulsó recortes.
En 2025 la administración intentó transformar al INTI en una dirección dentro de la Secretaría de Industria y Comercio, lo que habría implicado la pérdida de su autonomía y autarquía financiera, así como la disminución del carácter federal del organismo. Esa iniciativa fue revertida por la Justicia.
Ante la medida vigente, se convocó a una conferencia de prensa de trabajadores del INTI, con la participación de personalidades del ámbito de la ciencia, la educación y representantes políticos y sindicales, prevista para el martes 21 de abril a las 10.
La eliminación de servicios por parte del Estado plantea un debate sobre la definición de funciones estatales estratégicas frente a la provisión privada de determinados ensayos y calibraciones. En ese marco, la resolución y las reacciones que generó ponen en evidencia las tensiones entre eficiencia administrativa, protección del empleo y mantenimiento de capacidades técnicas en organismos públicos con impacto sobre salud pública, producción y comercio.
