La reforma tributaria impulsada por el Gobierno nacional continúa en agenda, aunque a un ritmo más lento del esperado por la administración de Javier Milei. Mientras avanzan algunas medidas puntuales, como la reciente reducción de retenciones al agro, desde el Ministerio de Economía volvieron a enviar señales claras sobre la intención oficial de modificar el esquema impositivo vigente y avanzar sobre tributos provinciales y municipales considerados distorsivos para la economía.
En ese contexto, la Nación convocó a gobernadores e intendentes a revisar el peso de Ingresos Brutos y de las tasas municipales aplicadas sobre las ventas, dos cargas que el Ejecutivo considera entre los principales factores que reducen la competitividad de la producción nacional.
El planteo encuentra respaldo en un reciente informe elaborado por el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), que advirtió que las distorsiones tributarias actuales afectan seriamente el funcionamiento de la economía y encarecen la actividad productiva.
Según el análisis, una reforma impositiva de fondo requiere necesariamente un acuerdo político entre los tres niveles del Estado: Nación, provincias y municipios.
Desde Idesa señalaron que medidas aisladas, como reducciones parciales de impuestos, representan apenas alivios temporales y “buenos gestos”, aunque insuficientes para resolver el problema estructural del sistema tributario argentino.
El antecedente más cercano de una negociación fiscal integral entre la Nación y las provincias fue el Consenso Fiscal de 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, que contemplaba una reducción gradual de las alícuotas de Ingresos Brutos.
Sin embargo, ese esquema terminó fracasando y ahora el debate gira en torno a las razones de ese resultado.
Para Idesa, la discusión no pasa únicamente por la falta de voluntad política, sino también por errores de diseño estructural del acuerdo.
El instituto planteó un ejercicio teórico basado en una cadena productiva simple de tres eslabones, donde cada etapa representa un tercio del valor agregado total y soporta cargas tributarias similares. Según el informe, aun con rebajas progresivas de impuestos, el impacto final sobre los precios termina siendo limitado.
Pero el organismo considera que el problema principal no está únicamente en las alícuotas, sino en la complejidad administrativa del sistema tributario argentino.
“Cientos de alícuotas y normas diferentes, algunas no disponibles en internet y de interpretación ambigua, conforman un entramado extremadamente engorroso”, advirtió el estudio.
A esto se suman, según Idesa, los mecanismos de pagos adelantados, que incrementan tanto los costos financieros como la carga burocrática para empresas y contribuyentes.
El informe sostiene que incluso si las alícuotas bajaran, los elevados costos transaccionales permanecerían intactos y terminarían diluyendo cualquier mejora esperada en términos de competitividad.
En esa línea, el organismo advirtió además sobre el riesgo de repetir errores del pasado si se intenta revivir el esquema del Consenso Fiscal de 2017.
“Lo más probable es que no se cumpla porque es muy difícil impedir que las provincias implementen mecanismos indirectos para compensar la pérdida de recaudación”, señaló el reporte.
Entre esas maniobras, Idesa mencionó la posibilidad de reducir formalmente las alícuotas mientras se incrementan los pagos a cuenta o anticipos tributarios que luego no son reintegrados a los contribuyentes.
Del lado de las provincias, la discusión también aparece atravesada por una fuerte preocupación fiscal. Los gobernadores reclaman garantías de compensación económica si finalmente se avanza con una reducción de Ingresos Brutos, ya que ese tributo representa cerca del 80% de la recaudación total de muchos distritos del interior del país.
Frente a ese escenario, el instituto propuso como alternativa la creación de un “Súper IVA”, un esquema que absorbería simultáneamente Ingresos Brutos y las tasas municipales sobre ventas.
La idea contempla una alícuota superior al actual IVA del 21%, aunque menor a la carga tributaria efectiva que hoy pagan consumidores y empresas al sumar impuestos nacionales, provinciales y municipales.
Según Idesa, este modelo permitiría simplificar el sistema, reducir costos administrativos y disminuir los niveles de evasión.
Además, al aplicarse sobre el valor agregado y no directamente sobre el precio de venta, facilitaría reintegros a exportadores y garantizaría igualdad tributaria entre productos nacionales e importados.
El informe también sostiene que este mecanismo podría incorporar devoluciones o compensaciones específicas para familias de bajos ingresos.
“Resucitar el Consenso Fiscal de 2017 es garantizar la repetición del fracaso”, concluyó el trabajo elaborado por Idesa.
Para la entidad, una reducción gradual de alícuotas provinciales difícilmente logre efectos significativos sobre la competitividad y, además, resultaría muy compleja de sostener para las administraciones provinciales.
Por eso, el organismo insistió en que una reforma tributaria profunda debería avanzar hacia un esquema integral basado en un Súper IVA que unifique tributos y reduzca la presión administrativa sobre el sector productivo argentino.
