«Argentina estuvo cuatro años gobernada por un mafioso», sostuvo Martín Soria
El ministro de Justicia aseveró no tener dudas sobre la existencia de la «mesa judicial», ya que según él, el país estuvo durante cuatro años gobernada por un mafioso y el instrumento que tenían era precisamente esa mesa judicial».
El ministro de Justicia, Martín Soria, afirmó que la Argentina «estuvo durante cuatro años gobernada por un mafioso» que como «instrumento» para «despedir trabajadores y meter presos a sindicalistas» contaba con una «mesa judicial».
En ese sentido, el funcionario nacional dijo que «tenemos un Poder Judicial en el cual Mauricio Macri no dejó ninguna fechoría por hacer».
En una entrevista con el diario Página/12 publicada este domingo, Soria dijo que hace un año «logramos conocer de primera mano cómo funcionaba todo ese plan sistemático de la mesa judicial con las visitas clandestinas de jueces a Olivos y la Casa Rosada antes de sacar un fallo para la tapa de Clarín o La Nación»
«Recién en diciembre pasado se encontró un video grabado por los propios funcionarios macristas en el que participaban senadores de la provincia de Buenos Aires, ministros de (María Eugenia) Vidal, funcionarios de la AFI, el intendente de La Plata y empresarios. Allí, el ex ministro de Trabajo, (Marcelo) Villegas, les explicaba cómo armar causas para despedir trabajadores y meter presos a sindicalistas», repasó el titular de la cartera de Justicia.
En ese marco, agregó: «Por eso no tengo ninguna duda de la existencia de la mesa judicial. Argentina estuvo durante cuatro años gobernada por un mafioso y el instrumento que tenían era precisamente esa mesa judicial».
Destacó que «todo esto lo que demuestra es que el verdadero ministro de Trabajo del expresidente Macri y de la exgobernadora Vidal era (Gustavo) Arribas, el jefe de los espías. En 2018, Macri eliminó el Ministerio de Trabajo de la Nación porque con la AFI le alcanzaba y le sobraba. La política laboral durante el macrismo era destruir el salario de los trabajadores y destruir a los sindicatos».
Al ser consultado como actúa el Poder Judicial ante la denuncia de la existencia de la mesa judicial, Soria expresó que «es muy difícil que entre bomberos se pisen la manguera» y recordó que junto a varios diputados pidió que citen a «Elisa Carrió, que fue la primera que habló de la mesa judicial para criticarla»
Al respecto, agregó: «Sin embargo, ha pasado un año y yo no escuché que la llamen a que cuente qué más sabe de la mesa judicial».
El funcionario nacional señaló asimismo que «a medida que pasa el tiempo y van saliendo más hechos a la luz, cada vez se les hace más difícil tapar el sol con las manos», y sentenció: «Las pruebas están todas, lo que sí tenemos es un Poder Judicial en el cual Mauricio Macri no dejó ninguna fechoría por hacer»
Además, subrayó que «hubo 38 traslados ilegales, camaristas puestos a dedo en lugares clave como (Leopoldo) Bruglia y (Pablo) Bertuzzi».
«Cuando se los llamó para regularizar la situación de esos traslados ilegales, inmediatamente presentaron un per saltum y la Corte Suprema en semanas resolvió, diciendo que los traslados son inconstitucionales pero hasta que no se hagan los concursos tienen que seguir ocupando esos cargos», añadió.
La Justicia de EEUU le incautó los teléfonos a Chiqui Tapia y otros dirigentes de la AFA antes del volver al país y deberán declarar el 30 de julio en Florida
El operativo ocurrió en el aeropuerto de Nueva York, antes de que el equipo argentino emprendiera el regreso a Buenos Aires tras su participación en la Copa del Mundo. La investigación también comprende a Pablo Toviggino, Diego Lucero y Javier Faroni
El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, vivió una situación incómoda minutos antes de emprender el regreso a la Argentina con parte del plantel de la Selección que disputó la última Copa del Mundo.
Según pudo reconstruir Infobae, agentes de la Oficina Federal de Investigaciones de los Estados Unidos (FBI) demoraron al dirigente en el aeropuerto internacional JFK de Nueva York y le solicitaron sus teléfonos celulares y sus dispositivos electrónicos.
Las fuentes locales que confirmaron el hecho aseguraron que las autoridades también se llevaron computadoras y teléfonos de otros integrantes de la comitiva que viajó a Buenos Aires el lunes pasado en el vuelo charter AR 1971 operado por la compañía Aerolíneas Argentinas.
El despegue, que en un principio se había anunciado para las 6:00, se realizó finalmente cerca de las 8:15, lo que postergó el arribo del plantel subcampeón del mundo al aeropuerto internacional de Ezeiza, en donde lo esperaban miles de fanáticos que querían celebrar el desempeño del equipo en el Mundial.
Entre los jugadores que viajaron con Tapia no se encontraban Lionel Messi y Rodrigo De Paul. La Pulga llegó a la Argentina un día después, en su avión privado, y se recluyó en su domicilio de Rosario junto a su familia.
Según documentos judiciales a los que accedió este medio, Tapia deberá presentarse a declarar ante la Corte del distrito sur de Florida. También se le solicitó que aporte toda la información disponible que posee relacionada con Tourprodenter, incluidas comunicaciones con Pablo Toviggino, Diego Lucero y Javier Faroni.
Todos ellos están siendo investigados en un caso que puso el foco sobre la estructura financiera utilizada para administrar los contratos comerciales internacionales de la AFA. Tourprodenter, administrada por Faroni, es una sociedad registrada en Florida como agente comercial exclusivo de la AFA para acuerdos de patrocinio, amistosos y derechos de televisión.
El escándalo y una declaración clave
La investigación que ahora derivó en la incautación de teléfonos y dispositivos electrónicos comenzó a tomar forma durante el Mundial. Mientras Claudio “Chiqui” Tapia y la cúpula de la AFA acompañaban a la Selección en Estados Unidos, agentes del FBI y fiscales del Departamento de Justicia comenzaron a reconstruir las maniobras realizadas mediante la estructura financiera utilizada para administrar los contratos comerciales internacionales de la entidad. Las operaciones bajo análisis superan los 300 millones de dólares.
Uno de los primeros pasos conocidos de la pesquisa fue la citación del empresario Guillermo Tofoni, quien mantiene un enfrentamiento judicial con la AFA y denunció el funcionamiento de esa estructura comercial. El encuentro se realizó de manera presencial en Miami, se extendió durante más de dos horas y estuvo orientado a obtener información y documentación sobre el movimiento de fondos a través de bancos y sociedades radicadas en territorio estadounidense.
La investigación está encabezada por tres fiscales federales especializados en delitos económicos y financieros. Se trata de Patrick Gushue y Christopher Ting, radicados en Washington, y Michael Berger, integrante de la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida. Gushue forma parte de la Unidad de Integridad Bancaria del Departamento de Justicia, mientras que Berger cuenta con experiencia en causas complejas de lavado de activos.
Las medidas conocidas inicialmente no implicaban la existencia de imputaciones ni la apertura formal de una causa penal. Los investigadores se encontraban en una etapa preliminar destinada a reconstruir el circuito completo del dinero, identificar a las personas y sociedades que intervinieron, determinar quiénes fueron los beneficiarios finales de las transferencias y establecer si alguna de las operaciones puede configurar delitos bajo la legislación de los Estados Unidos.
En el centro de la investigación aparece Tourprodenter LLC, la sociedad de Faroni y su esposa, Erica Gillette, que fue designada por decisión de Tapia como agente exclusivo para cobrar los contratos internacionales de la AFA. La empresa quedó a cargo de recibir ingresos provenientes de patrocinadores, derechos comerciales, partidos amistosos y otros negocios vinculados con la Selección argentina, además de percibir comisiones por su intervención y por la logística de las operaciones.
La CGT comienza un plan de lucha con movilizaciones y un paro general aún sin fecha
Los sindicatos agrupados en la CGT organizaron la serie de protestas contra Javier Milei junto con las dos CTA, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y diversas organizaciones sociales.
A través de negociaciones reservadas con el Gobierno, la CGT logró que se corrigieran las restricciones a la caja sindical incluidas en la Ley de Modernización Laboral, pero el gesto libertario no dará lugar a una tregua: este miércoles, a las 15, comenzará el nuevo plan de lucha cegetista con una movilización al Congreso para acompañar el reclamo de los jubilados.
Los sindicatos agrupados en la CGT organizaron la serie de protestas contra Javier Milei junto con las dos CTA, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y diversas organizaciones sociales, pero, a pesar de que habían amagado con replicar el esquema que se utilizó contra la reforma jubilatoria de Emmanuel Macron, en 2023, basado en movilizaciones y paros sectoriales y rotativos que se prolongaron durante semanas, finalmente se aplicará una versión light de ese modelo.
La explicación del giro fue expuesta sin rodeos por un jefe gremial: “No hay clima. En las empresas la gente estaba con la cabeza en el Mundial y después tampoco tendremos muchas garantías de que acaten los paros que van a afectar su bolsillo o que puedan poner en riesgo su fuente de trabajo”.
Ese diagnóstico empujó una salida pragmática. La prioridad pasó a ser la calle, con acciones de menor riesgo para los trabajadores y con la mira puesta en sumar adhesión de otros sectores sociales, especialmente de la clase media, para crear las condiciones de un futuro paro general contra la administración de Javier Milei.
Según lo acordado por las 3 centrales obreras y las confederaciones sindicales, luego de la marcha de este miércoles se realizará el 7 de agosto una movilización por el Día de San Cayetano y se seguirá, en fechas por definir, con una concentración ante el Ministerio de Economía en rechazo del endeudamiento familiar, la participación en la Semana Social de la Iglesia, una movilización por el Día de la Industria (el 2 de septiembre), una acción para acompañar la visita del papa León XIV a la Argentina, en noviembre próximo y otra marcha cuando se realice la próxima convocatoria al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil.
Esta agenda de medidas, según lo resuelto, será el “camino” que llevará a una gran protesta nacional, como un paro general de 24 o 36 horas, con la incorporación de otros sectores de la sociedad para darle más fuerza.
La jugada más audaz será la apuesta de “capitalizar” la visita del Papa al país en busca de alguna señal que se interprete como un respaldo a los reclamos del sindicalismo. Una de las ideas es tratar de que la recorrida de León XIV por la ciudad de Buenos Aires se acerque lo máximo posible al edificio de la CGT, donde lo esperarían las columnas de dirigentes y trabajadores.
Además de priorizarse la presencia en la calle, el plan de lucha incluye la realización de asambleas en los lugares de trabajo y “acciones disruptivas” como la entrega de folletos explicativos de los reclamos en estaciones de trenes y aeropuertos en todo el país.
A este esquema de protestas se sumará el paro nacional docente que se impulsa desde la Secretaría de Políticas Educativas de la CGT, conducida por Sergio Romero (UDA), que se concretaría en agosto y al que se sumarán CTERA y otros sindicatos del sector.
La CGT también resolvió abrir contactos con entidades empresariales del interior para consensuar acciones comunes, bajo la idea de que tanto empresarios como trabajadores son “víctimas del modelo Milei”. A la vez, se decidió que entre 15 y 20 dirigentes por gremio acompañen conflictos puntuales en empresas del AMBA y del interior, además de reforzar el trabajo con las delegaciones regionales cegetistas.
La CGT iniciará su nuevo plan de lucha, curiosamente, la misma semana en que salieron a la luz las negociaciones reservadas con el Gobierno que mantuvieron sus líderes dialoguistas, y que terminaron con el decreto para corregir la reglamentación de la Ley de Modernización Laboral, que había perjudicado a los sindicatos en dos puntos clave para su financiamiento.
Por un lado, se utilizaba el salario básico convencional como base de cálculo de las cuotas solidarias y otros aportes pactados en los convenios colectivos de trabajo, una fórmula que reducía potencialmente el volumen económico de esos montos acordados entre empresarios y dirigentes gremiales.
Por otro lado, el tope del 2% de los salarios fijado en la reforma laboral para las cuotas solidarias había sido interpretado de manera tan amplia que también alcanzaba a los aportes empresariales que, vía convenio colectivo, son destinados a mutuales, seguros de vida, seguros de sepelio o mejoras en la obra social.
En ambos casos, la rectificación del Gobierno que, gracias a la negociación la CGT, puso a salvo esos dos ítems cruciales de la caja sindical llegó con el decreto 612 que fue publicado este lunes en el Boletín Oficial. Aun así, la CGT ratificó su plan de lucha que comienza este miércoles, por más que se haya abierto un interrogante: ¿habrá una convocatoria libertaria al diálogo para evitar que se profundicen las protestas?
Hoy nadie lo cree posible, sobre todo porque también arrancó informalmente la campaña electoral, pero también parecía imposible que la Casa Rosada corrigiera la reglamentación de la reforma laboral en favor del poder sindical. Las próximas semanas serán decisivas para medir la temperatura del conflicto Gobierno-CGT. / Infobae
Organizaciones sociales y Polo Obrero marcharán para reclamar contra los recortes a planes sociales
Tras el fallo judicial que habilitó al gobierno de Javier Milei y Sandra Pettovello a avanzar con la baja del programa Volver al Trabajo, organizaciones piqueteras y sociales resolvieron una Jornada Nacional de Lucha con cortes de ruta, asambleas y movilizaciones en todo el país.
Este miércoles, 22 de Julio, el Polo Obrero junto a otras organizaciones sociales concentrarán desde las 9,30, en Parque 9 de Julio para marchar a Plaza Independencia.
Tras el fallo judicial que habilitó al gobierno de Javier Milei y Sandra Pettovello a avanzar con la baja del programa Volver al Trabajo, organizaciones piqueteras y sociales resolvieron una Jornada Nacional de Lucha con cortes de ruta, asambleas y movilizaciones en todo el país.
La Sala I de la Cámara Federal de San Martín revocó la medida cautelar que mantenía vigente el programa Volver al Trabajo, mientras se resolvía el amparo presentado por beneficiarios del programa.
Con esta decisión, el gobierno quedó habilitado para avanzar con las bajas de un ingreso del que dependen más de un millón de trabajadores desocupados. El proceso judicial continúa, pero la protección cautelar fue dejada sin efecto.
Frente a este ataque, las organizaciones sociales se reunieron de urgencia en todo el país y resolvieron responder con una Jornada Nacional de Lucha el próximo 22 de julio, con cortes de ruta, asambleas y movilizaciones en todo el territorio nacional.
«No estamos frente a una simple discusión administrativa. La eliminación del Volver al Trabajo golpea a quienes sostenemos comedores comunitarios, tareas barriales y múltiples trabajos comunitarios en medio del ajuste, la desocupación y el hambre. Mientras el gobierno descarga la crisis sobre los sectores más empobrecidos, continúa beneficiando al gran capital y aplicando las exigencias del FMI«, advirtieron en un comunicado de Polo Obrero.
«La respuesta será unitaria. Llamamos a ganar las calles en defensa del derecho al trabajo, contra las bajas y por un ingreso para todas y todos los trabajadores desocupados. El 22 de julio volvemos a las calles en todo el país para enfrentar este nuevo ataque del gobierno de Milei y Pettovello. ¡No a la baja del programa Volver al Trabajo! Trabajo sin salario es esclavitud!«, consignaron.
