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Política

Ante Jaldo, la SAT y EDET acordaron optimizar los servicios

De la reunión en Casa de Gobierno también participaron directivos del ERSEPT para abordar el abastecimiento de los servicios esenciales para la población.

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El gobernador, Osvaldo Jaldo, recibió esta mañana en su despacho de Casa de Gobierno a los representantes de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), del Ente único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán (Ersept) y EDET para abordar el abastecimiento de los servicios esenciales para la población.

Estuvieron presentes el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla; el vicepresidente primero de la Cámara, Regino Amado; gerente general de la SAT, Augusto Guraiib; el gerente general y el gerente general adjunto de EDET, Horacio Nadra y Luis López; Luis Morghenstein y Beatriz Bordinaro de Peluffo, presidente y vocal del Ersept; Eduardo Cobos, Defensor del Pueblo de la Provincia.

“Con las altas temperaturas y la escasez de lluvia, la provisión de agua y el servicio eléctrico se vieron resentidos. Por eso nos reunirnos para atender estos dos servicios básicos para Tucumán”, explicó Jaldo en rueda de prensa.

En esa línea, el mandatario remarcó que pidió que se tomen todos los recaudos necesarios para que se brinden los servicios como corresponde a cada tucumano. “El rol del Gobernador es bregar por el bienestar de la gente y por eso convoqué a las partes públicas y privadas que tienen la facultad de contralor a las empresas privadas. Hemos fijado mecanismos de comunicación porque no podemos permitir que los tucumanos sufran la falta de agua y luz”, enfatizó.

Tras la reunión, Guraiib se mostró conforme con lo pautado y aseguró que “se coordinaron puntos críticos de abastecimiento de servicio de agua, por ejemplo barrios periféricos donde la unica fuente de alimentación son los pozos”.

Coordinamos que haremos un mapeo pozo por pozo para atender específicamente esas situaciones. Hay circunstancias que exceden a ambas empresas que son las condiciones climáticas pero en casos puntuales, empezaremos a trabajar con una comunicación más fluida para que esos servicios no se vean resentidos”, afirmó.

A su turno, Nader sostuvo que “hay más de 400 pozos de la SAT con abastecimiento de energía eléctrica a los cuales los tenemos identificados”. “En verano, por naturaleza de las tormentas o las altas temperaturas, existirán problemas puntuales en el sistema eléctrico y la idea es asistir rápido e implementar una solución concreta”.

En ese sentido, el gerente de EDET dijo que la empresa ya tomó las previsiones para este año adquiriendo materiales y repuestos necesarios para resolver fallas o inconvenientes que puedan surgir.

Por su parte, el presidente del Ersept, Luis Morghenstein, agradeció al Gobernador “por involucrarse en un tema tan sensible como es la provisión de los servicios básicos y esenciales”. En ese sentido, destacó la coordinación y el diálogo que debe existir “entre las empresas prestatarias del servicios, en el que el Ersept no es ajeno, porque debe hacer el control y seguimiento de los servicios”.

Al respecto, Morghenstein explicó que el organismo solicitó un informe sobre “las diferentes situaciones que están sucediendo en toda la provincia (acerca de cortes de suministro) e informando el Gobierno”. Sobre la aplicación de posibles sanciones por incumplimiento en las prestaciones sostuvo que “las empresas no llegarían a esa situación, porque hay un compromiso entre la SAT y EDET para una solución inmediata. Sin embargo, el Ersept seguirá recorriendo los puntos donde hay situaciones de colapso para supervisar que los servicios lleguen a los vecinos”, concluyó.

Política

La Justicia archivó la causa por el crédito de U$S 57.000 millones que pidió Mauricio Macri al FMI

“Existen materias propias de los poderes del Estado que escapan al control judicial”, argumentaron los jueces.

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La Cámara Federal, con la flamante incorporación del juez Pablo Bertuzzi, archivó la causa en la que se investigaba al gobierno de Mauricio Macri por tomar un crédito de 57.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional.

Los camaristas Bertuzzi y su colega Mariano Llorens entendieron que se trató de una decisión política y que la fiscalía a cargo de Franco Picardi no logró probar la existencia de delitos.

“Existen materias propias de los poderes del Estado que escapan al control judicial”, argumentaron los jueces.

La Procuración del Tesoro durante el gobierno de Javier Milei se retiró como querellante, por lo que solo puede ser apelada por la fiscalía.

En primera instancia, la decisión había sido de la jueza María Eugenia Capuchetti y ahora fue ratificada por la Cámara Federal.

El ministro Juan Bautista Mahiques, el camarista Pablo Bertuzzi y la ministra Alejandra Monteoliva

Los imputados, que ahora quedaron desvinculados de sospecha, son el propio Macri, el exministro de Hacienda Nicolás Dujovne y los actuales Luis Caputo y Federico Sturzenegger, que eran autoridades del Banco Central y de la Secretaría de Finanzas.

Uno de los principales argumentos del tribunal es que en el préstamo del FMI de 2018 no aparecían “conductas penalmente relevantes”, a pesar de las objeciones de irregularidades administrativas que marcó la fiscalía.

El camarista Mariano Llorens en su despacho de Comodoro Py

El acuerdo era por US$ 50.000 millones y fue ampliado a US$ 57.100 millones. Para la Cámara, no quedó pendiente una investigación relevante capaz de modificar el desenlace.

El fiscal Picardi había objetado la falta de intervención del Congreso en la toma del préstamo y supuestas irregularidades en el procedimiento administrativo: la falta de un decreto presidencial que formalizara el acuerdo, la inexistencia de una intervención del jefe de Gabinete y la actuación del Ministerio de Hacienda en lugar del Ministerio de Finanzas.

También había mencionado la inexistencia de un dictamen del Banco Central previsto por la ley 24.156 y la apertura de expedientes administrativos una vez ya suscripto el entendimiento.

Se investigó la hipótesis de una administración fraudulenta, pues un informe de la SIGEN estimaba un perjuicio patrimonial para el Estado de 29.618 millones de dólares que para la Cámara no son suficientes para sostener una acusación.

Los camaristas entendieron que no hubo delito de abuso de autoridad, pues ese ilícito “exige que el funcionario dicte resoluciones u órdenes contrarias a la Constitución o las leyes, con dolo específico de violar la norma”.

Y agregaron que “no toda cuestión vinculada a las formas procedimentales de la administración pública configura un ilícito”.

“No es posible inferir que el proceder de los imputados haya estado guiado por el propósito de violar la ley”, afirmaron los camaristas.

Hablaron de un contexto de “urgencia financiera” durante la negociación del préstamo y señalaron que no hubo perjuicio patrimonial a sabiendas prejudicial o con sustracción de fondos.

“El deterioro patrimonial del Estado, por sí solo, no equivale a la acreditación del elemento subjetivo de la defraudación”, sostuvo y recordó que ese delito requiere que fondos públicos sean desviados de un destino fijado por leyes.

El tribunal dijo que la investigación duró cinco años, que el archivo no fue prematuro y sostuvo que “la fiscalía no logró articular una hipótesis delictiva que, sobre la base de la prueba reunida, permita afirmar con entidad suficiente la existencia de los delitos invocados”. /La Nación 

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Política

Milei anunció sanciones a empresas que exploten recursos en Malvinas, la construcción de una base naval en Ushuaia y llamó a la «unidad nacional»

El Presidente anunció un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, sanciones para empresas vinculadas con explotaciones no autorizadas y un Consejo de Seguridad Nacional.

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El presidente Javier Milei cerró este jueves su cadena nacional con un anuncio concreto: el Gobierno enviará al Congreso un paquete de proyectos para reforzar la defensa de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y los recursos naturales de la zona.

El mandatario habló rodeado por todo su Gabinete y planteó que la cuestión Malvinas no puede limitarse al reclamo diplomático. Su Gobierno, sostuvo, utilizará herramientas económicas, judiciales, legales y diplomáticas para defender la soberanía y los recursos argentinos.

“Por eso, no alcanza con sostener nuestro reclamo: el Estado argentino tiene la obligación de utilizar todas las herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales disponibles para defender nuestra soberanía y nuestros recursos”, afirmó.

Y agregó: “Eso exige leyes adecuadas, organismos del Estado coordinados y herramientas efectivas para avanzar en un objetivo que trasciende a cualquier gobierno”.

La advertencia por el proyecto petrolero Sea Lion

Uno de los puntos centrales del discurso fue el avance del proyecto Sea Lion, al que Milei presentó como una amenaza concreta sobre los recursos petroleros ubicados en el área de la disputa.

El Presidente aseguró que el Gobierno detectó que el proyecto tiene prevista la fecha para comenzar la explotación petrolera offshore en los próximos meses.

Si hoy no actuamos con firmeza y celeridad, en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar”, advirtió.

Para Milei, permitir que avance la explotación generaría además un efecto político sobre la disputa de soberanía.

“Además, el avance de esta explotación generará un incentivo para que el Reino Unido profundice la ocupación de las Islas y continúe explotando nuestros recursos”, sostuvo.

El mandatario remarcó que, según la posición argentina, existe desde hace décadas un llamado de las Naciones Unidas a Argentina y Reino Unido para que no adopten acciones unilaterales sobre el territorio mientras continúa la controversia de soberanía, incluyendo la explotación de recursos naturales

En ese sentido, calificó al proyecto Sea Lion como particularmente grave porque implica, según planteó, “la extracción de un recurso no renovable que pertenece a los argentinos”.

Qué cambios anunció Milei

El Presidente anticipó el envío al Congreso de un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que tendrá tres objetivos principales.

El primero será modificar la Ley 26.659 para endurecer las sanciones y penas contra las compañías vinculadas con operaciones no autorizadas, especialmente aquellas relacionadas con la explotación petrolera.

La segunda medida será la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, que tendrá como función definir una política de seguridad nacional de aplicación obligatoria y transversal para todo el Estado.

Según explicó Milei, ese organismo también establecerá un marco para la protección de la infraestructura crítica y para la protección aeroespacial y marítima de la Nación.

El tercer objetivo será otorgarle al Consejo determinadas facultades para que el Estado pueda responder con herramientas económicas y diplomáticas frente a actores estatales que amenacen la seguridad nacional.

También habrá consecuencias para empresas que presten servicios

El Gobierno buscará además ampliar las consecuencias penales y administrativas para aquellas empresas que presten servicios a compañías que realicen explotaciones hidrocarburíferas no autorizadas.

La intención, según explicó el Presidente, es evitar que distintos actores puedan participar indirectamente de actividades que el Estado argentino considera ilegales por desarrollarse sobre recursos alcanzados por la disputa de soberanía.

Una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego

Otro de los anuncios centrales fue el avance en la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego.

Para concretar esa obra, Milei anunció que ampliará los recursos destinados al Ministerio de Defensa mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia.

También anticipó un incremento de las capacidades en materia de telecomunicaciones.

El Presidente destacó que la nueva infraestructura permitirá convertir a la Argentina en “un polo logístico más importante del Atlántico Sur” y consideró que será fundamental para fortalecer la proyección geopolítica del país en una región estratégica.

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El decreto reglamentario y el control sobre las empresas

Milei también detalló las medidas incluidas en el decreto reglamentario dictado este jueves.

En primer lugar, se instruirá a los distintos organismos del Estado que detecten incumplimientos legales a remitir esa información a la Cancillería, para que pueda impulsar las sanciones correspondientes.

En segundo término, se reglamentará el procedimiento para otorgar mayor coordinación y celeridad a esas actuaciones.

Finalmente, se incorporarán declaraciones juradas en los trámites hidrocarburíferos y en el RIGI, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de la legislación y evitar que se autoricen actividades a empresas que estén explotando recursos en la Plataforma Continental Argentina sin reconocer la soberanía nacional.

“Las Malvinas son argentinas”

En el tramo político de su mensaje, Milei volvió a establecer cuál es la posición de su Gobierno sobre la disputa.

“Las Malvinas son argentinas, por historia y por derecho, no hay discusión al respecto”, afirmó.

El Presidente sostuvo que las islas formaron parte del territorio argentino desde los orígenes de la Nación y recordó la ocupación británica de 1833.

Según Milei, el Reino Unido “expulsó a las autoridades argentinas e instaló una situación colonial que se perpetúa hasta nuestros días”.

En esa línea, también afirmó que los habitantes de las islas “no tienen un derecho legítimo a la autodeterminación”.

Milei vinculó la seguridad nacional con la economía

Otro de los conceptos centrales de la cadena nacional fue la definición de seguridad que planteó el Presidente.

Debemos entender que la prosperidad es condición necesaria para la seguridad y la seguridad es condición necesaria para la supervivencia”, sostuvo.

Y agregó: “La seguridad nacional no es solamente la defensa física de nuestro territorio. Es aquello que asegura la supervivencia y la prosperidad de la Nación a lo largo del tiempo”.

A partir de esa definición, Milei sostuvo que la seguridad nacional debe abarcar no solamente la defensa y la inteligencia, sino también la economía.

El Presidente presentó así su paquete de medidas sobre Malvinas como parte de una estrategia más amplia de defensa de la soberanía, con nuevas herramientas legales, mayor coordinación estatal y un refuerzo de las capacidades militares y estratégicas.

“Eso exige leyes adecuadas, organismos del Estado coordinados y herramientas efectivas para avanzar en un objetivo que trasciende a cualquier gobierno”, insistió.

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Política

Jaldo destacó que Tucumán lidera el crecimiento del empleo privado en todo el país

El mandatario citó un artículo publicado por el diario Clarín, basado en datos del INDEC, SIPA, AFCP y CAME, según el cual solamente cinco de las 24 provincias argentinas registraron crecimiento del empleo privado formal durante ese período.

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El gobernador Osvaldo Jaldo destacó el crecimiento del empleo privado formal en Tucumán y señaló que la provincia encabezó el listado nacional de distritos que lograron aumentar este indicador durante los últimos tres años.

En ese sentido, Jaldo citó un artículo publicado por el diario Clarín, basado en datos del INDEC, SIPA, AFCP y CAME, según el cual solamente cinco de las 24 provincias argentinas registraron crecimiento del empleo privado formal durante ese período.

“Según estos datos analizados, las provincias que lograron en estos tres años anotar positivos en el empleo privado formal, con el permiso de todos, Tucumán encabezó la nómina con una suma de 8,3%”, afirmó el mandatario.

De acuerdo con los datos mencionados por Jaldo, Tucumán se ubicó en primer lugar, seguida por Neuquén, con un crecimiento del 6,8%; La Rioja, con 1,2%; San Juan, con 0,7%; y Río Negro, con 0,5%.

El gobernador utilizó estos indicadores para destacar la importancia de diversificar la matriz productiva y fortalecer las distintas actividades económicas de las provincias.

“Todas las actividades, de las más pequeñas, las más importantes, todas suman, todas dinamizan la economía en el país y la provincia, y todas generan en mayor o menor escala trabajo genuino para nuestra gente”, sostuvo.

El ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, dijo: “nos preocupamos todos los días, día a día, en que no sé cierren empresas, tratamos de sostenerlas. Ayer, en la Unión Industrial, dijimos cuál era el aporte que hace la provincia en materia de exención tributaria. Dentro de esa exención tributaria, alícuota cero, hay un condicionante que es que las empresas no despidan gente. El Estado contribuye con el impuesto de todos los ciudadanos tucumanos para que esas empresas se mantengan en pie. La condición es que no echen gente”.

De acuerdo al artículo publicado en el diario Clarín ayer, 2 de septiembre, el incremento del desempleo y la baja de la actividad económica había sido una de las principales preocupaciones expresadas por empresarios en el Día de la Industria. El informe destaca:

El trabajo privado, realizado en base a datos del INDEC, SIPA, AFCP y CAME, comparó la situación de distintos segmentos tomando como base la previa del arranque de la actual gestión presidencial.

Uno de los puntos más delicados que analiza el informe es el laboral. Destaca que el registro de asalariados privados en el SIPA descendió de 6,38 millones en diciembre de 2023 a 6,10 millones en mayo de 2026, lo que implica la destrucción neta de 274.600 empleos registrados (una contracción del 4,3% en 30 meses).

La sangría ocupacional mostró además un marcado sesgo territorial, afectando a 19 de las 24 provincias.
Según los datos que analiza la Fundación Encuentro, solo cinco provincias lograron anotar saldos positivos en el empleo privado formal: Tucumán encabezó la nómina con una suba del 8,3%, seguida por Neuquén con un 6,8%, y con incrementos menores La Rioja (1,2%), San Juan (0,7%) y Río Negro (0,5%).
El informe concluye identificando un reducido grupo de sectores que lograron crecer en el período 2023-2026: el agropecuario, la minería y extracción de hidrocarburos, las finanzas y el rubro de impuestos netos de subsidios.

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