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Policiales

Allanan un taller clandestino que adulteraba motos robadas

Tras arduas investigaciones en busca de una moto que le había sido robada a un estudiante del Colegio Nacional de la ciudad de Tafí Viejo, efectivos de la Comisaría de esa ciudad descubrieron un taller mecánico clandestino en el que se adulteraban motos robadas.
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7 años atrás

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Siguiendo las pistas del presunto autor del robo de la moto del adolescente, los efectivos allanaron este martes el taller ubicado en calles 9 de Julio y Entre Ríos de esa ciudad, donde se procedió al secuestro de tres motocicletas en cumplimiento de medidas dispuestas por la Justicia provincial. Al recibir un informe de la Oficina de Verificación de Dominio del Automotor, se constató que una de ellas tenía pedido de secuestro desde el 29 de septiembre de 2017 por un robo denunciado en la Comisaría de Monteros. En tanto, los otros dos rodados presentaban los dominios adulterados.

Según los primeros indicios del modus operandi del dueño del taller, un joven de 29 años, en ese lugar se dedican a desarmar motovehículos de dudosa procedencia, se adulteran los datos alfanuméricos del motor y cuadro, para luego venderlas a clientes que se convierten en víctimas de una estafa.

La investigación se inició el 24 de mayo pasado, cuando un hombre de 41 años había denunciado que a su hijo de 17 años le habían robado su motocicleta desde el patio del interior del Colegio Nacional, ubicado en calle 9 de Julio al 700, en Tafí Viejo.

De acuerdo a las primeras investigaciones, los efectivos habían determinado que el principal sospechoso del robo era otro estudiante de 17 años del turno noche de ese establecimiento educativo, quien habría vendido la moto a un costo menor al de mercado al dueño del taller clandestino.

La investigación policial estuvo supervisada por el comisario Gustavo Beltrán. La causa está en manos de la Fiscalía Especializada en Robos y Hurtos de la II Nominación del Centro Judicial Capital (CJC).

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Policiales

Tras un tiroteo entre dos familias, hubo allanamientos y secuestros de armas de fuego

Hay una persona demorada por averiguación de antecedentes que ya se encuentra a disposición de la Justicia.
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4 horas atrás

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4 octubre, 2026

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Personal de la Comisaría Alderetes avanza en la investigación de un violento episodio y desde la mañana de este sábado ejecutó una serie de allanamientos e incautó evidencia material.

“La causa parte el día 30 de septiembre donde, en horas de la tarde, dos familias conflictivas de esta ciudad se enfrentaron, realizando disparos de armas de fuego. Este hecho se produjo en plena vía pública” fueron las palabras del oficial principal Hasan Ale, responsable del caso en la mencionada dependencia policial.

Tras recabar información valiosa, recolectar testimonios vecinales y analizar registros fílmicos provenientes de distintas cámaras, los uniformados solicitaron una orden judicial para intervenir en diversos domicilios vinculados al caso donde confiscaron las prendas de vestir que los implicados habían usado al momento del delito y armamento. “Ahora estamos trabajando en este domicilio, donde luego del registro se han secuestrado múltiples armas de fuego, entre ellas, tenemos dos pistolas nueve milímetros, rifles de aire comprimido y gran cantidad de cartuchos de distintas marcas y calibres” mencionó el oficial principal.

En el marco de esa causa, hay una persona demorada por averiguación de antecedentes que ya se encuentra a disposición de la Justicia.

Por su parte, Hasan Ale también dijo: “Estamos trabajando fuertemente en la ciudad de Alderetes y los resultados están a la vista” remarcando, de esa manera, el firme compromiso que la Fuerza de Seguridad mantiene diriamente con la ciudadanía.

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Policiales

Denunciaron por presunto abuso sexual y extorsión laboral al sindicalista César González

De acuerdo con lo consignado en la presentación judicial, la denunciante habría ingresado a prestar servicios en el ámbito de la UTA bajo condiciones atípicas, percibiendo su remuneración directamente del peculio personal del denunciado en su oficina privada.
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2 días atrás

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2 octubre, 2026

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La Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Integridad Sexual y Género de Tucumán, bajo la dirección del fiscal Gonzalo Rodríguez, tramita el legajo caratulado como presunto abuso sexual con acceso carnal reiterado en contra del dirigente gremial César González, titular de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en la provincia.

Según consta en el escrito iniciado por la denunciante, con el patrocinio letrado de los abogados Juan Macario Santamarina y Gonzalo Ascárate, los hechos habrían comenzado en julio de 2018 y se habrían extendido durante más de siete años en el marco de una supuesta situación de dependencia laboral y económica.
Por su parte, González, acompañado por su abogado Ernesto Baaclini, señaló: «Desmiento categóricamente los hechos relatados en la denuncia, de la cual tengo pleno conocimiento. Todo fue planeado estratégicamente en relación a las elecciones del Gremio UTA. Detrás de esto, está involucrado un empresario del transporte público de pasajeros que avala a la lista negra que es opositora a nuestra gestión. Lo que no esperaban, es que las elecciones de UTA programadas para el 7 y 8 de octubre de 2026, fueron pasadas para 17 y 18 de diciembre de 2026. Espero que antes de las elecciones en diciembre, no inventen otra denuncia».

Agregó que «la denunciante era abogada del gremio. Y pidió indemnización por medio de cartas documento».
De acuerdo con lo consignado en la presentación judicial, la denunciante habría ingresado a prestar servicios en el ámbito de la UTA bajo condiciones atípicas, percibiendo su remuneración directamente del peculio personal del denunciado en su oficina privada. En ese contexto, el imputado habría ejercido un control total sobre la única fuente de ingresos del hogar familiar de la denunciante, condicionando de manera explícita la regularización de su trabajo a requerimientos de carácter sexual.
Ante las constantes negativas de la presunta víctima, se habrían ejecutado represalias económicas sistemáticas que incluyeron la retención y el retraso de salarios, la postergación de aumentos salariales aplicados a otros profesionales y la imposición de condiciones arbitrarias para el goce de licencias. La denuncia señala además el uso presuntamente extorsivo de la cobertura médica del hermano de la mujer, quien posee una discapacidad severa, supeditando su permanencia laboral a la baja de dicho beneficio de salud, situación que habría desencadenado la renuncia forzada de la damnificada tras sufrir graves secuelas en su salud psicofísica.

 

Ante la gravedad de los hechos expuestos y «la influencia gremial que ejercería el imputado», la representación legal de la denunciante solicitó la adopción inmediata de medidas de protección preventiva e inminente tutela judicial efectiva. Entre las peticiones dirigidas al fiscal interviniente figura la prohibición de acercamiento para el imputado en un radio no menor a trescientos metros respecto de la presunta víctima, su núcleo familiar, su domicilio real y su puesto de trabajo en la Secretaría de Trabajo.
Asimismo, se requirió una orden de abstención absoluta de realizar actos de turbación, hostigamiento u intimidación de manera directa o por interpósita persona, ya sea de forma presencial, telefónica o digital. A fin de resguardar la salud mental de la denunciante, evitar instancias de revictimización y preservar el valor probatorio del testimonio, la querella solicitó con carácter urgente fijar fecha para la recepción de su declaración bajo la modalidad de Cámara Gesell, invocando las previsiones del Código Procesal Penal de Tucumán, la legislación provincial y la Ley Nacional de Protección Integral a las Mujeres.

 

El planteo para asumir el rol de Querellante Particular se fundamenta en el artículo 89 del Código Procesal Penal de Tucumán, destacando la legitimación activa de la denunciante, quien posee título de abogada y reviste la condición de víctima directa de los hechos investigados. En ese sentido, la presentación requiere fijar fecha para la suscripción del «poder apud acta» junto a sus letrados patrocinantes, Santamarina y Ascárate, a fin de formalizar su intervención en el Legajo S-028511/2026.
La solicitud sostiene que la participación activa de la víctima dentro del sistema acusatorio adversarial garantiza el derecho a ofrecer prueba, impulsar la acusación y controlar la actuación fiscal, apoyándose en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sentada en los precedentes Santillán y Quiroga. Asimismo, la postura de la querella invoca las garantías de la Constitución Nacional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención de Belém do Pará y el catálogo de derechos procesales de la Ley 26.485, los cuales imponen al Estado el deber de debida diligencia reforzada en investigaciones de violencia de género. /El Tucumano

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Brutal ataque: discutieron, lo apuñaló y le dejó la hoja del cuchillo incrustada en el cuello

La víctima pelea por su vida en el Hospital Padilla. El Ministerio Fiscal solicitó que el acusado permanezca detenido bajo la modalidad de prisión preventiva.

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3 días atrás

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1 octubre, 2026

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El hecho es investigado por la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios II, a cargo de Carlos Sale, quien fue representado por la auxiliar de fiscal Luz Becerra en la audiencia que se llevó a cabo para proceder al control de la aprehensión, formalización de la investigación, y pedido de medidas de coerción de máxima intensidad por parte del Ministerio Fiscal (MPF).

Como primer punto, la representante del MPF relató las circunstancias de la aprehensión realizada el 29 de septiembre de 2026, a las 08:30 horas, solicitando que se declare legal y legítima. A continuación, al formular los cargos, narró el hecho ocurrido el 27 de septiembre a las 5:20 horas, por el que se acusa al imputado, detallando la calificación legal provisoria como homicidio en grado de tentativa, en calidad de autor.

Finalmente, la investigadora fiscal solicitó como medida de coerción de mayor intensidad la prisión preventiva del acusado por el plazo de 90 días, hasta el lunes 28 de diciembre de 2026, ante la presencia de los riesgos procesales de peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigación, y para progresar en la realización de las medidas correspondientes de caso.

“La víctima está en un estado grave. Entendemos que es prudente y razonable pedir la prisión preventiva para avanzar en la investigación. Debemos realizar un segundo examen a la víctima para determinar si ha evolucionado, también resguardar los testimonios de los testigos y analizar el cuchillo secuestrado mediante pericia genética”, explicó la Auxiliar de Fiscal.

Por su parte, el juez interviniente resolvió hacer lugar a todos los requerimientos expuestos por parte de la acusación pública durante la audiencia multipropósito.

El hecho

El 27 de septiembre de 2026, a las 05.20 horas, en la vereda de calle William Blis al 800 de la ciudad de San Miguel de Tucumán, José María Sánchez (a) “Pepón”, mantuvo una pelea con Jonathan Manuel Garay, a quien Sánchez, con claras intenciones de causarle la muerte, utilizando un cuchillo sierrita, le asestó una puñalada en la región cervical superior posterior, quedando la hoja de la cuchilla de 10 centímetros incrustada en el cuello de la víctima.

Luego del ataque, Sánchez se dio a la fuga del lugar, y Garay fue trasladado de urgencia al Hospital Padilla, donde fue intervenido quirúrgicamente para extraerle la cuchilla, encontrándose en grave estado y no habiéndose provocado su fallecimiento por la intervención médica, circunstancia ajena a la voluntad del imputado.

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