La formuló un grupo de economistas, que incluye a varios argentinos, que consideran que el Fondo pierde credibilidad con el continuo incumplimiento de las metas de varios gobiernos; qué alternativa sugirió

Con 22 acuerdos firmados -y en su mayoría incumplidos- con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y nueve defaults en su historia, la Argentina es un país “excepcional” y no por buenos motivos. Tal vez por esta razón, el FMI le bajó hoy el pulgar a la propuesta de un grupo de economistas para que países como la Argentina, que suelen incumplir sus acuerdos con el organismo, puedan refinanciar sus deudas sin nuevas exigencias, a cambio de pagar una tasa mayor que otras naciones.

El Comité Latinoamericano de Asuntos Macroeconómicos y Financieros (CLAAF), que incluye a economistas de alto nivel y exministros de Hacienda formuló esta idea, según informó la agencia Reuters. El grupo incluye a tres argentinos: el ex ministro Roque Fernández, al ex viceministro Pablo Guidotti y al experto académico Guillermo Calvo.

La idea, afirmó, limitaría el costo de credibilidad que afecta al Fondo por el incumplimiento serial de países como la Argentina de las metas acordadas en sus programas. De hecho, el Gobierno ahora pretende renegociar las metas del primer trimestre que no cumplió y también las del resto del año, porque afirma que la sequía le impedirá cumplirlas.

Pero la vocera del FMI, Julie Kozack, no tuvo demasiadas contemplaciones en la conferencia de prensa habitual que brinda desde Washington.

“La estamos analizando, pero en general cuando pensamos en la situación reciente y las dificultades de los últimos años, el FMI respondió de manera ágil. De hecho, aprobamos 300 mil millones de dólares en financiamiento para nuestros países miembros”, explicó. El Fondo tiene 190 países socios sobre 194 reconocidos como tales por la ONU.

“Llevamos a cabo diferentes mecanismos, la asignación de DEG, programas de emergencia por la pandemia que brindaron gran liquidez, el fondo fiduciario para la resiliencia, creamos el mecanismo para las crisis alimentarias que se dio por la invasión rusa a Ucrania y permitimos más agilidad en los programas. Fuimos muy ágiles y esa es la metodología que vamos a mantener”, aseguró.

Por otro lado, Kozack reiteró la habitual fórmula diplomática para referirse al estado de las conversaciones con el Gobierno sobre la posibilidad de recibir más recursos: “Hay negociaciones constructivas”, indicó, sin dar detalles, pese a la ansiedad del Gobierno por los vencimientos que operan este mes y las reservas netas negativas del Banco Central.

El CLAAF indicó que “en el caso de un programa fallido, como el caso de Argentina, el FMI se enfrenta a una elección difícil. Para refinanciar un préstamo existente, el FMI puede verse obligado a aceptar un mal programa y ser excesivamente indulgente al otorgar sucesivas exenciones por el incumplimiento de los objetivos del programa”.

De lo contrario, “si no se acuerda un nuevo programa, el FMI no tiene más opción que obligar al país deudor a caer en mora con la institución. Ambas alternativas están lejos de ser óptimas. La primera erosiona la credibilidad del FMI, mientras que la segunda es una especie de “opción nuclear” que puede agravar considerablemente la inestabilidad económica del país involucrado y puede conducir a disturbios sociales y políticos”.

Según este grupo, “para permitir la refinanciación de un préstamo fallido sin obligar al FMI a aceptar programas débiles o inconsistentes, el Comité considera que los préstamos relacionados con programas fallidos deberían ser refinanciados con un recargo (surcharge) de interés, pero sin requerir un nuevo programa del FMI. El FMI debería tener la capacidad de refinanciar, por solo una vez, un préstamo relacionado con un programa fallido mediante un nuevo préstamo con alargamiento de plazos (por ejemplo, con un vencimiento a 10 años), pero sin involucrar un nuevo programa”.

“El recargo de interés representa un costo para el país deudor, pero también es un incentivo para negociar en el futuro un nuevo y adecuado programa. Cuando se acuerda un nuevo programa, el recargo de interés debe ser eliminado”, aclararon.

Además, el grupo le solicitó al FMI que cree un Fondo de Mercados Emergentes de 300.000 millones de dólares que pueda realizar recompras temporales de deuda soberana de países seleccionados con fundamentos sólidos.

En este sentido, los expertos afirmaron que el FMI carece actualmente de las herramientas, la financiación y la flexibilidad necesarias para hacer frente a un contagio financiero, que podría extenderse a los países con buena saluda en una economía mundial inestable, en medio de la continuidad de la guerra en Ucrania y las tensiones entre EEUU y China.

Roque Fernández, Pablo Guidotti y Guillermo Calvo, los economistas que impulsaron el pedido al Fondo Monetario

“Los mercados emergentes fueron golpeados durante y después de la pandemia. Aunque por el momento hemos pasado lo peor, la lección de la pandemia es que el FMI necesita más potencia de fuego para estar preparado ante la próxima crisis o conmoción mundial”, afirmó Liliana Rojas-Suarez, que lidera el grupo y dirige la Iniciativa para América Latina del Centro para el Desarrollo Global.

Reuters destacó que “la propuesta se conoce en un contexto de creciente tensión entre el FMI y la Argentina, que intenta reestructurar su programa de 44.000 millones de dólares con el organismo con una inflación de casi el 109% y unas reservas de dólares cada vez menores. Los economistas también han advertido del riesgo que suponen los niveles récord de deuda soberana en otras economías emergentes”.

Según el CLAAF, el nuevo fondo “debería ser gestionado por el FMI, pero tener su propio balance, capitalizado con 300.000 millones de dólares, lo que equivale aproximadamente al 20% del total de la deuda soberana internacional pendiente de los mercados emergentes”.

“El capital podría estar respaldado por líneas swap de los principales bancos centrales de los países ricos”, afirmaron.

En este sentido, indicaron que el FMI “sólo debería intervenir en situaciones en las que la probabilidad de una interrupción súbita y sistémica de las entradas de capital en los mercados emergentes sea muy alta y así ayudaría al Fondo a proporcionar liquidez rápidamente en caso de crisis”.

“Con demasiada frecuencia, el FMI tiene las manos atadas ante una crisis financiera. Este nuevo fondo le permitiría desempeñar las funciones de prestamista internacional de última instancia y proporcionar rápidamente la liquidez que necesitan los mercados emergentes”, expresó Rojas-Suárez.

Cabe recordar que el Gobierno firmó el actual programa de facilidades extendidas en marzo del 2022, en lugar del stand by que había negociado el presidente Mauricio Macri en 2018 por USD 57.000 millones.

Apenas asumió, Alberto Fernández suspendió el programa anterior cuando el FMI había desembolsado USD 44.000 millones.

Paradójicamente, ante la sequía y la falta de liquidación de dólares del agro por la alta brecha cambiaria, ahora el Gobierno le reclama al FMI que le otorgue una suma similar a la que rechazó hace cuatro años, cercana a los USD 12.000 millones.

Así lo anunciaron Sergio Massa, Elbio Laucirica y Juan José Bahillo.

El ministro de Economía Sergio Massa, el presidente de CONINAGRO, Elbio Laucirica, y el secretario de Agricultura, ganadería y pesca, Juan José Bahillo, anunciaron que se entregarán Aportes No Reembolsables por $1.000 millones para ayudar en la etapa de siembra a las cooperativas.

La reunión se dio este jueves por la noche en la que comieron asado con ensaladas y tomaron agua y gaseosas. De postre, probaron un almendrado.

El anuncio se da luego que Bahillo haya participado más temprano en Agroactiva, evento en el que dijo que “el Estado está para acompañar la fuerza de los productores en su tarea de fortalecer el crecimiento con inclusión social”. 

El secretario estuvo presente en el corte de cinta de la muestra agropecuaria en la ciudad santafesina de Armstrong y, junto al Banco Nación, lanzó una línea de crédito de $60 mil millones a tasa bonificada para la agroindustria. 

Bahillo destacó “el interés que hay en el mundo por la Argentina”, tras la gira que realizó el ministro Massa. Además, remarcó que los problemas del país se solucionan con “más crecimiento y exportación”.

La medida es de carácter temporal y está destinada a la reducción del precio de los automóviles, camiones, autobuses y furgonetas sustentables como incentivo para la renovación de la flota.

Los vehículos producidos en Argentina que cumplen con los requisitos de sustentabilidad y autopartes del Mercosur estarán habilitados para incorporarse al programa de incentivos a la industria que rige en Brasil tras un acuerdo entre ambos países.

La iniciativa dispuesta por el Gobierno de Lula Da Silva, que establece un mecanismo de descuento en los valores de vehículos más sostenibles para facilitar su compra por parte de particulares y empresas, se comunicó por medio de la medida provisional 1175/2023 publicada en el Diario Oficial brasileño, equivalente al Boletín Oficial.

El embajador, Daniel Scioli celebró el acuerdo remarcado que “gracias a gestiones de la Embajada, Brasil incluyó en su programa de incentivos a la industria a los vehículos producidos en la Argentina que cumplen con los requisitos de sustentabilidad y autopartes del Mercosur”, a través de su cuenta de Twitter.

Además, precisó que “esto consolida la venta de los modelos Peugeot 208 Style y Cronos producidos en Córdoba y en Tres de Febrero” y aseguró que implica «más exportaciones, trabajo argentino e ingreso de dólares genuinos para el país”.

La medida que lleva la firma del presidente Lula prevé la reducción del precio de los automóviles, camiones, autobuses y furgonetas como incentivo para la renovación de la flota, según informó la Agencia del Senado de Brasil y en principio estará vigente por cuatro meses

El programa prevé que en los primeros 15 días posteriores a la publicación de la medida, la venta con descuento sea exclusiva para personas físicas, pero este período podrá extenderse hasta 60 días debido a la demanda. Luego de eso, las personas jurídicas también podrán adquirir automóviles.

En total, el Gobierno brasileño destinará 1.500 millones de reales en créditos fiscales, de los cuales 500 millones serán para estimular el intercambio por automóviles menos contaminantes, 700 millones para camiones y 300 millones para autobuses y furgonetas.

Para posibilitar la reducción de los precios de los vehículos, las automotrices recibirán créditos fiscales para ofrecer un descuento patrocinado, deducido directamente del valor final, entre 2.000 y 8.000 reales en los automóviles; de 33.600 para 80.300 reales para camiones; y de 38.000 a 99.400 reales en autobuses y furgonetas.

Los criterios para definir el descuento tendrán en cuenta la eficiencia energética del vehículo, el precio del bien y el contenido nacional de los componentes. En el caso de camiones y autobuses, el comprador deberá disponer de un vehículo con licencia con más de 20 años de fabricación y aún así enviarlo para su reciclaje.