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Argentina

Alberto Fernández en la apertura de sesiones: «Vamos a cambiar el rumbo del país»

El Presidente dio a conocer en el Congreso los lineamientos de su gestión ante los legisladores.

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Alberto Fernández inauguró hoy en el Congreso la Asamblea Legislativa y trazó las prioridades para su primer año de gestión. El Presidente guió parte de su discurso a las iniciativas para la legalización del aborto, cuyo proyecto de ley será enviado en los próximos diez días.

Además, dijo que impulsará una reforma judicial para licuar el poder de Comodoro Py. Puntualizó en la herencia de la gestión macrista, la inflación y lo que será la renegociación de la deuda en la víspera a una nueva misión del Fondo Monetario Internacional (FMI).

«Tenemos una situación extremadamente delicada», dijo. Avanzó con críticas a la fuga de capitales y prometió controlar a los formadores de precios.

El primer tema que abordó el Presidente fue indirectamente el de la herencia recibida. «La palabra se ha devaluado. Necesito que recupere el valor que tuvo. Toda simulación en los actos y en los dichos significa una estafa. En democracia, la mentira es la mayor perversión. Con este discurso vengo a darle a mi palabra el valor del compromiso. Vengo a decirles dónde estamos parados», dijo Fernández.

«Pasaron apenas 81 días. Adoptamos las medidas más urgentes las agenda de futuro que tenemos para afrontar. Encontramos una país dañado, con divisiones profundos y el tejido social dañado. No busco revanchas. El punto de partida no puede ser otro que el reconocimiento del punto exacto del que estamos», planteó.

Se refirió además a la inflación, el desempleo y el déficit. «La ley de emergencia económica fue el punto de arranque», dijo. Y remarcó sobre los incrementos salariales otorgados por decreto para el sector público y privado y otras medidas, como el congelamiento de los servicios públicos, el plan Precios Cuidados y el Ahora 12.

También defendió la política antidespidos, con el decreto que estableció la doble indemnización por 180 días.

El Presidente valorizó el programa contra el hambre. «Comer no puede ser un privilegio», señaló. Defendió la entrega de la tarjeta alimentar.

«Este Gobierno utilizará todas las herramientas legales para combatir la inflación. El país no resiste más a quienes priorizan su rentabilidad a costa de los pobres bobos que pagamos lo que consumimos», dijo, en un claro desafío a los formados de precios.

«Hay sectores que poco a poco comienzan a reactivarse. Hemos dado pasos firmes para tranquilizar la economía», argumentó el Presidente. «Soportamos un nivel récord de inflación del 53,8% durante 2019. Debemos enfrentar una deuda pública récord: solo en el año en que estamos los vencimientos de capital representan 48.968 millones de dólares más 14.838 millones en intereses», precisó.

Se refirió a la fuga de capitales. «Prácticas reñidas de cualquier tipo de progreso. Endeudarse solo para el beneficio de prestamistas. Hay que averiguar qué pasó y quiénes se beneficiaron con esas prácticas. Nunca más a un endeudamiento insostenible y a la puerta giratoria de dólares que dejaron tierra arrasada», dijo Fernández.

Fernández rescató el apoyo internacional para renegociar la deuda. También el del papa Francisco. «El Fondo Monetario Internacional (FMI) nos dio la razón que la deuda es insostenible y reconocieron que es grave. Hay un entendimiento mutuo. El acuerdo al que lleguemos con los tenedores debe ser sostenible y nos debe permitir ponernos de pie», dijo.

Prometió impulsar un proyecto de ley para promover inversiones locales e internacionales vinculadas al gas y al petróleo.

«Al campo lo hemos convocado. Que crezca es uno de nuestros objetivos», dijo sobre el sector agropecuario. «Aspiro a que a través del diálogo nos permita preservar las cuentas públicas», señaló sobre el posible aumento de las retenciones a la exportación de soja.

Apuntó a los servicios de inteligencia y dijo que impulsará un decreto para limitar la acción de los espías y su colaboración con la Justicia.

También prometió una reforma judicial. «Venimos a ponerle fin a la manipulación judicial y a la designación de jueces amigos», señaló. Y agregó: «Los delitos contra la administración pública dejarán de estar en manos de pocos jueces. Pasarán a ser juzgados por más de medio centenar de magistrados».

Mencionó también al hundimiento del submarino ARA San Juan. «Los 44 [tripulantes] están presente en los 44 millones de argentinos. Ordenamos el ascenso post mortem de cada uno de ellos», dijo.

En cuanto a la política exterior, el Presidente anunció el envío de tres proyectos de ley para reforzar el reclamo por la soberanía de las islas Malvinas. Y prometió endurecer las sanciones a los buques pesqueros.

Además, pidió dinamizar la integración del Mercosur y fortalecer la democracia en la región, aunque evitó mencionar a Venezuela. «En el Mercosur tenemos que fortalecer la integración y que se profundice una integración dinámica y que armonice estándares laborales, sociales y aduaneros», trazó el Presidente.

Recién a la hora de discurso, Fernández se refirió al aborto. «La legislación vigente no es efectiva. Desde 1921 se penaliza la interrupción voluntaria del embarazo. Es ineficaz desde su criterio preventivo. La amenaza penal fue ineficiente. También condenó a mujeres, generalmente de bajos recursos, a recurrir a la clandestinidad poniendo en riesgo su vida», planteó. Luego, agregó: «En el siglo XXI todo Estado debe comprender las necesidades individuales de cada uno. Por eso, en los próximos diez días presentaré un proyecto de ley que legalice el aborto en el tiempo inicial del embarazo, que permita a las mujeres acceder al sistema de salud cuando tomen la decisión de abortar».

Fue una de las medidas más aplaudidas. Incluso, en muchas bancas, los diputados exhibieron sus pañuelos verdes, en señal de apoyo a la iniciativa.

Tras profundizar en la agenda de género, Fernández retomó la agenda económica. «Nos queda casi todo el mandato por delante, solo vamos 81 días. Atravesamos un camino que tiene obstáculos. Pusimos cierto freno a la inflación. Pero debemos ponerle fin al vicio inflacionario. Hay otro obstáculo, otra inercia. Hay quienes no entienden aún que estamos subidos a un mismo barco. Necesitamos un equilibrio, económico y social. Restablecer prioridades. Primeros los últimos. Hay necesidades que deben ser atendidas. Tener mejores ingresos no es tener grandes ingresos. Hay que recuperar la movilidad social ascendente», dijo./LaNación.

Argentina

Alerta por la crecida del Paraná: el nivel del agua superó la marca de evacuación en Santa Fe y en Rosario alcanzó los 4,70 metros

El río subió casi dos metros en nueve semanas por los altos caudales de la cuenca alta y llegó a 4,47 metros, a poco más de medio metro del tope de alerta. Aunque se superaron las restricciones de la bajante, los buques siguen saliendo con carga parcial hacia el Río de la Plata.

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El río Paraná, arteria clave para las exportaciones agroindustriales de la Argentina, atraviesa un escenario hidrológico extraordinario: a la altura de Rosario, alcanzó en lo que va de noviembre de 2026 su nivel más alto para este mes desde 1998, marcando un récord en 28 años tras subir casi dos metros en apenas nueve semanas y quedar a escasos centímetros de la cota de alerta.

De acuerdo con un informe técnico elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) —firmado por Guido D’Angelo, Alfredo Sesé, Bruno Ferrari y Julio Calzada— sobre la base de datos del Instituto Nacional del Agua (INA), el hidrómetro rosarino marcó 4,40 metros el 10 de noviembre y ascendió a 4,47 metros el 11 de noviembre. De este modo, el caudal quedó a unos 60 centímetros de la cota de alerta (5,00 metros) y a 83 centímetros del nivel de evacuación (5,30 metros).

En términos semanales, el promedio de la semana 46 se ubicó en 4,28 metros, es decir, 1,9 metros por encima de la media de los últimos cinco años (2,37 m) y diez años (2,39 m). El salto contrasta drásticamente con el pasado reciente: en igual período de 2025 promediaba 2,32 metros y en 2024, en plena bajante, apenas llegaba a 0,58 metros, acumulando en las últimas nueve semanas un repunte sostenido desde los 2,35 metros registrados a mediados de septiembre.

Caudales récord en Yacyretá y pronóstico del INA

La crecida obedece al fuerte aporte hídrico proveniente de la cuenca alta: según el parte diario del INA, el caudal afluente a Yacyretá trepó a 28.000 m³/s (superando el umbral de alerta de 25.000 m³/s), mientras que Itaipú erogó 17.000 m³/s. Aguas abajo, el tramo Corrientes–La Paz permanece en aguas altas con registros por encima del alerta en Corrientes, Barranqueras, Goya, Reconquista y La Paz; en tanto, el puerto de Paraná alcanzó los 5,23 metros (superando tanto el alerta de 4,70 m como la evacuación de 5,00 m) y Santa Fe marcó 5,02 metros.

Para los próximos días, el INA anticipa que el nivel en Rosario continuará en ascenso durante una semana —aunque a un ritmo menor— para luego estabilizarse en torno al pico entre los 7 y 14 días, advirtiendo que existe probabilidad de alcanzar o superar la cota de alerta e incluso el nivel de evacuación en los escenarios máximos. Si bien se proyecta un descenso gradual en los caudales salientes de Yacyretá y lluvias escasas en el Alto Paraná en el corto plazo, el gran volumen de agua en tránsito y posibles precipitaciones hacia fines de noviembre mantendrían el río en niveles muy elevados durante todo el mes.

Por qué los buques siguen saliendo con carga parcial del Gran Rosario

Pese al marcado aumento del caudal, los especialistas advirtieron que un Paraná más alto no habilita automáticamente a cargar más mercadería en los buques. Si bien permite aprovechar al máximo el calado de diseño de 34 pies de la Vía Navegable Troncal entre Timbúes y el océano —dejando atrás las pérdidas de la bajante 2020-2021—, la limitación determinante reside en los canales del Río de la Plata, cuya profundidad depende de mareas y vientos.

Por ese motivo, los barcos de gran porte que operan en las terminales del Gran Rosario continúan partiendo con carga parcial para completar sus bodegas en puertos de aguas profundas. Además, el informe señala que la crecida arrastra mayor cantidad de sedimentos que aceleran la colmatación de pasos críticos y generan corrientes intensas que exigen mayor mantenimiento y precisión en las maniobras fluviales.

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¿Por qué el próximo lunes 23 de noviembre es feriado nacional?

De esta manera, los argentinos tendremos un nuevo fin de semana largo que iniciará el 21 de noviembre extendendiéndose por tres días consecutivos.

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El calendario oficial de Argentina sumará un nuevo fin de semana largo durante el tramo final de noviembre. El próximo lunes 23 de noviembre será feriado nacional en todo el territorio, con tres jornadas consecutivas de descanso que se extenderán desde el sábado 21 hasta el lunes inclusive.

La medida responde a la aplicación de la normativa vigente sobre feriados trasladables, que permite reubicar determinadas fechas conmemorativas para fomentar el turismo interno y unificar los períodos de descanso en todo el país.

La jornada no laborable del lunes 23 de noviembre corresponde a la conmemoración del Día de la Soberanía Nacional, una fecha patria cuya efeméride original es el 20 de noviembre. El acontecimiento recuerda la gesta de la Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida en 1845, donde las fuerzas argentinas resistieron el avance de la escuadra anglo-francesa con el objetivo de resguardar la soberanía nacional y el control sobre los ríos interiores.

Debido a que la legislación argentina establece que esta fecha integra el esquema de feriados trasladables, el descanso correspondiente al viernes 20 se desplaza hacia el lunes siguiente y le da lugar al nuevo fin de semana largo de tres días.

Cuáles son los últimos feriados del año
 

Una vez superado el fin de semana largo de noviembre, el cronograma oficial de Argentina ingresará en su recta final con las últimas tres jornadas de descanso en diciembre antes de despedir el 2026:

-Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos
 

-Martes 8 de diciembre: feriado nacional inamovible por el Día de la Inmaculada Concepción de María

-Viernes 25 de diciembre: feriado nacional inamovible por la celebración de la Navidad. Último fin de semana largo del año. /Ambito

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Greenpeace denunció que se perdieron miles de hectáreas de bosques nativos en Santiago y Salta

La organización detectó 73.224 hectáreas deforestadas en cuatro provincias y cuestionó los recortes presupuestarios y la reforma de la Ley de Bosques.

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La deforestación continúa avanzando sobre los bosques nativos del norte argentino. Entre enero y septiembre de 2026 se desmontaron 73.224 hectáreas en Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa, según un relevamiento de Greenpeace realizado mediante la comparación de imágenes satelitales. 
 
La superficie afectada equivale a la del Parque Nacional Calilegua o a cuatro veces la extensión de la Ciudad de Buenos Aires. A este escenario se suma el incumplimiento presupuestario de la Ley de Bosques, que compromete los recursos destinados a la conservación de estos ecosistemas. 
 
Frente a esta situación, la organización reclama que se mantenga la normativa y que los desmontes ilegales y los incendios forestales sean considerados delitos penales.
 
Santiago del Estero y Salta
El relevamiento de Greenpeace, al que accedió Economía Sustentable, identificó a Santiago del Estero como la provincia con mayor superficie deforestada durante los primeros nueve meses del año, con 35.368 hectáreas.
En segundo lugar se ubicó Salta, con 20.122 hectáreas, seguida por Chaco, con 9.339 hectáreas, y Formosa, con 8.395 hectáreas.
Estas cifras corresponden al monitoreo satelital realizado por la propia organización ambientalista y no a una estadística oficial del Estado nacional.

Manifestantes de Greenpeace despliegan una bandera gigante en reclamo por la protección de los bosques nativos y contra la deforestación en ArgentinaGreenpeace registró 73.224 hectáreas deforestadas en Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa entre enero y septiembre de 2026

Los datos muestran que la pérdida de cobertura forestal alcanza a distintas zonas del norte argentino. A partir de este diagnóstico, Greenpeace cuestionó los mecanismos de fiscalización de los gobiernos provinciales y las decisiones del Ejecutivo nacional en materia de conservación ambiental.

Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace Andino, sostuvo que las multas económicas no funcionan como un freno efectivo para los desmontes ilegales y afirmó que algunos empresarios agropecuarios las incorporan como parte de sus costos de producción.

“Las multas económicas no están sirviendo para frenar los desmontes ilegales. Los empresarios agropecuarios las incluyen como un costo de producción. Además, hay una clara complicidad de los gobiernos provinciales, que controlan muy poco, flexibilizan sus normativas y autorizan deforestar donde no está permitido. Mientras el Gobierno nacional recorta los fondos para la conservación y promueve la modificación de la Ley de Bosques”, advirtió Giardini, según el comunicado difundido por la organización el 26 de octubre de 2026 al que tuvo acceso Economía Sustentable.
 

Greenpeace cuestionó las multas y reclamó sanciones penales por los desmontes

Para Greenpeace, uno de los principales problemas es que las sanciones económicas no alcanzan para desalentar la destrucción de los bosques. La organización sostiene que las multas pueden terminar incorporadas a los costos de las actividades agropecuarias, sin modificar las decisiones de quienes realizan desmontes ilegales.

La crítica también apunta a las administraciones provinciales, a las que la entidad responsabiliza por la falta de controles y por flexibilizar las regulaciones ambientales. Estas afirmaciones corresponden a la posición expresada por sus representantes y forman parte del reclamo para reforzar la aplicación de la normativa vigente.

El planteo se vincula, además, con el compromiso internacional asumido por la Argentina durante la Cumbre Climática de Glasgow de 2021. En ese encuentro, el país respaldó el objetivo de detener y revertir la pérdida de bosques para 2030.

Sin embargo, Giardini consideró que las políticas actuales no permiten avanzar hacia esa meta y cuestionó las modificaciones que impulsa el Gobierno nacional sobre la legislación forestal.

“Argentina está lejos de cumplir con el compromiso de Deforestación Cero para el año 2030, firmado en la Cumbre Climática de Glasgow realizada en 2021. Ante esto, la flexibilización de la Ley de Bosques que promueve el Gobierno nacional resulta inadmisible, ya que generará un aumento significativo de la deforestación. Por el contrario, debemos prohibir y penalizar la destrucción de bosques nativos”, señaló el coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace Andino.

La propuesta de la organización consiste en incorporar sanciones penales para quienes destruyan bosques de manera ilegal y evitar que estos hechos queden sujetos únicamente a multas administrativas.

Activistas bloquearon una topadora que desmontaba 700 hectáreas en Salta

El reclamo de Greenpeace también tuvo una expresión concreta en el territorio. El 4 de noviembre de 2026, activistas de la organización intervinieron en una finca ubicada a unos 50 kilómetros de la ciudad de Orán, en Salta, donde denunciaron tareas de desmonte sobre una superficie de 700 hectáreas.
Troncos de árboles talados y apilados en un área de bosque, como evidencia del avance de la deforestación
La organización ambiental cuestionó los recortes presupuestarios y la posible reforma de la Ley de Bosques

Según informó Greenpeace en su comunicado del 4 de noviembre, la organización detectó la actividad mediante imágenes satelitales y sobrevuelos. Durante la intervención, sus integrantes se interpusieron entre la topadora y el bosque para impedir que la maquinaria continuara avanzando.

Posteriormente, bloquearon su funcionamiento mediante la colocación de un cepo en las palancas de manejo. También instalaron una faja de clausura con la inscripción “crimen ambiental” y desplegaron un cartel dirigido al presidente Javier Milei.

El mensaje decía: “Milei: ni con motosierra ni con topadora. La Ley de Bosques no se toca”.

La acción buscó visibilizar el avance de los desmontes y cuestionar las iniciativas oficiales que, según Greenpeace, podrían reducir las restricciones ambientales. La superficie de 700 hectáreas corresponde al desmonte identificado por la organización en esa finca y no debe confundirse con el total provincial registrado durante el relevamiento de enero a septiembre.

Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace Argentina, también cuestionó las decisiones del Ejecutivo nacional y la actuación de las administraciones provinciales.

“Mientras el Gobierno nacional recorta los fondos de la Ley de Bosques y promueve su modificación, la deforestación avanza con la evidente complicidad de los gobiernos provinciales, que controlan muy poco, flexibilizan sus normativas y autorizan desmontes donde está prohibido”, advirtió.
 

El Presupuesto 2027 contempla una reducción de los fondos para la Ley de Bosques

Otro de los puntos centrales del reclamo es el financiamiento previsto para conservar los bosques nativos durante 2027.

Según el análisis difundido por Greenpeace, el proyecto de Ley de Presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo asigna al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos apenas el 4% de los recursos que le corresponderían según los criterios establecidos por la normativa.

El proyecto de Presupuesto 2027, identificado como expediente 0013-JGM-2026 y presentado ante el Congreso el 15 de septiembre, incluye en su artículo 16 una asignación de $24.668 millones para ese fondo y otros $3.654,56 millones para el Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos. La comparación con los recursos que exige la ley es la que utiliza Greenpeace para fundamentar su cuestionamiento presupuestario.

Estos fondos están destinados a financiar tareas de control de la deforestación ilegal, prevención y combate de incendios forestales y programas de conservación. La reducción de los recursos disponibles, según advierte la organización, puede limitar la capacidad de las autoridades para sostener esas actividades.

A este escenario se suma el proyecto de modificación de la legislación forestal. De acuerdo con la interpretación de Greenpeace sobre la iniciativa oficial, los cambios elevarían del 20% al 80% la proporción de áreas donde estaría permitido autorizar desmontes.

La normativa vigente es la Ley Nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, sancionada en 2007. Uno de sus principales instrumentos es el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), que clasifica las superficies según su valor de conservación y establece qué actividades pueden desarrollarse en cada zona.

El sistema contempla tres categorías. La categoría I, identificada con el color rojo, comprende áreas de muy alto valor de conservación, donde no se permiten desmontes. La categoría II, de color amarillo, incluye sectores en los que pueden desarrollarse determinados usos sustentables, aunque tampoco está habilitada la eliminación del bosque. Por último, la categoría III, identificada con el color verde, corresponde a zonas de menor valor de conservación, donde pueden autorizarse transformaciones parciales bajo los procedimientos y requisitos establecidos.

Esta clasificación determina las condiciones de uso de cada territorio. Por eso, desde Greenpeace advirtieron a Economía Sustentable que los cambios propuestos podrían ampliar las superficies susceptibles de ser desmontadas y reducir el alcance de las protecciones actuales.

¿Cuáles son las consecuencias de la deforestación en Argentina?

La pérdida de bosques nativos también tiene consecuencias sobre los ecosistemas y las comunidades que dependen de ellos. Los árboles y la vegetación cumplen funciones relacionadas con la regulación del agua, la protección de los suelos, la conservación de especies y la captura de carbono.

Cuando desaparece esa cobertura vegetal, el territorio queda más expuesto a procesos como la erosión, la desertificación y las inundaciones. Greenpeace advierte que la transformación de estos ambientes también reduce los espacios disponibles para numerosas especies y altera sus condiciones de alimentación y reproducción.

La organización incluye entre las consecuencias de la deforestación los problemas que pueden enfrentar las comunidades campesinas e indígenas. En distintas zonas del norte argentino, los bosques forman parte de sus actividades cotidianas y constituyen una fuente de alimentos, madera y plantas medicinales. La modificación de esos territorios puede afectar sus formas de vida y generar conflictos vinculados con la tenencia de la tierra.

En su comunicado del 4 de noviembre, Greenpeace también relacionó la pérdida de cobertura forestal con una mayor exposición a los efectos de la crisis climática y del fenómeno conocido como Súper Niño. Esa relación forma parte de la advertencia ambiental expresada por la organización.

“La deforestación nos vuelve más vulnerables a los efectos de la crisis climática y el Súper Niño. Más desmontes provocan más inundaciones, desaparición de especies, desertificación, enfermedades, desalojos de campesinos e indígenas, y pérdida de alimentos, maderas y medicinas. Destruir bosques es un ecocidio que debe prohibirse y convertirse en un delito penal”, sostuvo Cruz.

El diagnóstico de Greenpeace también incluye los incendios forestales. Según las estimaciones difundidas por la entidad, durante 2026 el fuego afectó a más de 60.000 hectáreas en la Patagonia. Se trata de una cifra correspondiente a otra región del país y a un fenómeno distinto de la deforestación contabilizada en las cuatro provincias del norte.

La organización reclama que tanto los desmontes ilegales como los incendios forestales sean incorporados a un régimen de sanciones penales.
 

Greenpeace espera un fallo de la Corte Suprema por los bosques del Gran Chaco

La protección de los bosques nativos del norte argentino también llegó a la Justicia. En 2019, Greenpeace presentó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra las provincias de Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa, además del Estado nacional.

Según explicó la organización al informar sobre la presentación judicial, el planteo cuestiona la destrucción del hábitat de los yaguaretés que sobreviven en el Gran Chaco argentino y denuncia incumplimientos de la Ley Nacional de Bosques Nativos.

Cuando presentó la demanda, Greenpeace citó estimaciones científicas que indicaban que quedaban menos de 20 ejemplares de yaguareté en esa región. La cifra corresponde a las estimaciones mencionadas por la entidad en el marco de su reclamo judicial.

La presentación apunta a establecer responsabilidades de las autoridades nacionales y provinciales en la protección de esos territorios y de las especies que los habitan. De acuerdo con la información difundida por Greenpeace, la Corte Suprema declaró su competencia en la causa y todavía se espera una resolución del máximo tribunal.

El expediente constituye otro de los antecedentes del reclamo de la organización para que se garantice el cumplimiento de la legislación ambiental en las provincias del norte.  /Economía Sustentable

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