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Política

AETAT usó cartas documento para defender su pedido de un boleto a $ 2.400

Las misivas, en duros términos y dirigidas a las autoridades municipales y al gremio de choferes, elevaron la tensión en medio del debate sobre el precio del boleto urbano.

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La crisis del transporte público urbano en San Miguel de Tucumán sumó este miércoles un nuevo capítulo de tensión política e institucional luego del fuerte enfrentamiento entre empresarios del sector y funcionarios municipales por la actualización del boleto de colectivo. 
La Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT) envió cartas documento a la intendenta Rossana Chahla, al Concejo Deliberante y al secretario de Movilidad Urbana, Carlos Arnedo, mientras advirtió que el sistema atraviesa una situación “crítica” y que, sin una recomposición tarifaria, la prestación del servicio “resulta inviable”.

El vicepresidente de AETAT, Jorge Berretta, defendió públicamente el estudio de costos presentado por las empresas y acusó al municipio de desconocer acuerdos técnicos alcanzados durante reuniones previas entre ambas partes.

“Las falacias que esgrime públicamente Arnedo contradicen lo que discutimos en cuatro reuniones técnicas”, sostuvo el dirigente en una entrevista.
Según explicó Berretta, durante esos encuentros se analizaron los costos reales del sistema y existían coincidencias entre los cálculos del municipio y los elaborados por las empresas. “El estudio de ellos tenía un error en la cantidad de boletos, con el 18% de suba de abril. Coincidíamos. Eran valores similares”, afirmó.
El referente empresarial aseguró que el análisis técnico realizado por el sector arroja actualmente un valor del boleto cercano a los $ 2.400, aunque aclaró que las empresas son conscientes de la compleja situación económica que atraviesan el país y la provincia.
En ese marco, cuestionó con dureza algunos planteos oficiales sobre la metodología utilizada para determinar el costo del pasaje. “Es una aberración pedir un estudio técnico por línea: eso es mala fe o ignorancia”, disparó.
Berretta vinculó además el deterioro financiero del sistema con la caída en la cantidad de pasajeros transportados y señaló directamente a la expansión de aplicaciones de movilidad como uno de los factores que afectaron al sector.
“Abrieron la canilla a otros tipos de transporte: las aplicaciones. Todo eso hace que tengamos menos pasajeros por kilómetro”, indicó.
El dirigente también remarcó que las empresas absorbieron durante meses los incrementos salariales y las subas en el precio del combustible sin trasladar completamente esos costos al boleto. “El gasoil aumentó un 60% desde febrero hasta ahora”, puntualizó.
La crisis financiera del sistema también comenzó a impactar directamente sobre el pago de salarios. Berretta confirmó que las empresas propusieron a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) abonar el sueldo de mayo en tres cuotas, previstas para los días 5, 12 y 19 de junio.
“Lo hacemos para que no se pierdan fuentes de trabajo, porque sino es imposible”, explicó. Luego agregó: “El aguinaldo y el sueldo… imaginate la situación”.
La gravedad del escenario quedó reflejada además en una nota enviada por AETAT al secretario general de UTA, César González, donde las compañías aseguraron que existe “imposibilidad de hacer frente al pago diferenciado del combustible” y advirtieron que mantener operativo el servicio público “resulta inviable”.
En el documento, los empresarios señalaron además que los salarios correspondientes al mes actual recién pudieron abonarse el día 15 y describieron un cuadro de “imposibilidad económica y financiera”.
El conflicto escaló aún más con el envío de cartas documento dirigidas a funcionarios municipales. En esos escritos, AETAT acusó a integrantes del Ejecutivo capitalino de haber realizado declaraciones “inexactas, maliciosas y faltas a la verdad” respecto del estudio tarifario presentado por el sector.
Uno de los documentos apunta directamente contra el secretario de Movilidad Urbana, Carlos Arnedo, cuya actuación fue duramente cuestionada por la entidad empresaria.
En la carta, AETAT sostuvo que el funcionario “ha demostrado una alarmante incapacidad técnica y política” y lo acusó de intentar “eludir su responsabilidad funcional”.
También le exigieron que “cese en su actitud omisiva” y advirtieron sobre posibles acciones civiles y penales por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Otro de los textos enviados por la entidad empresarial denuncia una “postura obstructiva” dentro del municipio y acusa a funcionarios de generar “confusión en la opinión pública”.
“Le informamos y le exigimos que corte de inmediato la confusión que genera en sus pares y en la opinión pública”, señala uno de los párrafos más duros de las presentaciones.
En paralelo, AETAT describió un panorama económico alarmante para las empresas de colectivos. Según el sector, “el sistema comercial opera bajo un esquema de asfixiante endeudamiento crónico” y la delicada situación financiera “apenas permite mantener un stock mínimo de flota en funcionamiento”.
Mientras tanto, el Concejo Deliberante continúa analizando el futuro del cuadro tarifario del transporte urbano en la capital tucumana.
La semana pasada, la comisión de Transporte del cuerpo legislativo recibió al secretario de Movilidad Urbana, Carlos Arnedo, para analizar el informe elaborado por el municipio sobre la situación del servicio.
Tras una reunión que se extendió durante cuatro horas, el funcionario y varios concejales aclararon que no existieron definiciones sobre un eventual aumento del boleto debido a que consideran insuficientes los datos aportados por las empresas.
La comisión presidida por José María Franco, del bloque Peronismo de la Capital, había solicitado semanas atrás un informe oficial para contrastarlo con el estudio presentado por AETAT, que fija un valor técnico ideal del pasaje en $ 2.400.
Durante la exposición, Arnedo presentó datos extraídos del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) y detalló los aportes económicos que actualmente realiza el municipio encabezado por Rossana Chahla para sostener el funcionamiento del servicio.
El funcionario insistió en que el incremento solicitado por las empresas resulta imposible de aplicar en el actual contexto social y económico.
“Por supuesto, también he manifestado que los $ 2.400 de aumento que piden los empresarios es absolutamente impagable, en un estado donde la situación social y económica en la Capital y en la Provincia, producto de las decisiones nacionales, indudablemente lo hacen poco factible”, remarcó Arnedo.
En medio del debate tarifario, el conflicto entre empresarios, municipio y concejales profundiza la incertidumbre sobre el futuro del transporte urbano tucumano, en un escenario marcado por el deterioro financiero del sistema, la caída de pasajeros y las crecientes dificultades para sostener la prestación del servicio.

Política

Un funcionario clave de Justicia fue al Mundial pese al pedido oficial de evitar viajes para ver a la Selección

Santiago Viola, número dos del Ministerio de Justicia, viajó a Estados Unidos para presenciar el partido de Argentina ante Suiza. Desde el Gobierno explicaron que fue una “excepción” y aseguraron que pidió licencia para extender su estadía.

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La decisión de un alto funcionario del Gobierno de viajar a Estados Unidos para ver a la Selección Argentina en el Mundial generó sorpresa dentro de la administración nacional, luego de que se conociera que Santiago Viola, viceministro de Justicia, estuvo presente en el partido ante Suiza disputado en Kansas City.

Viola, que ocupa el segundo cargo en el Ministerio de Justicia y además es apoderado nacional de La Libertad Avanza, viajó la semana pasada y tenía previsto regresar inicialmente durante el fin de semana, pero finalmente extendió su permanencia en el país norteamericano hasta el próximo viernes.

Desde su entorno indicaron que el funcionario solicitó licencia y que todos los gastos del viaje fueron afrontados de manera personal.

«Se pidió licencia», explicaron desde el Ministerio de Justicia, que conduce Juan Bautista Mahiques, al justificar la ausencia del funcionario.

Una excepción dentro del Gobierno

El viaje de Viola ocurrió en un contexto en el que la Casa Rosada había transmitido que el presidente Javier Milei y los integrantes del Gabinete no asistirían a los partidos del Mundial en Estados Unidos.

Según fuentes oficiales, tanto Milei como la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, rechazaron invitaciones para presenciar encuentros del torneo, incluida la final en caso de que Argentina logre llegar a esa instancia.

En ese marco, desde el Gobierno calificaron el caso de Viola como “una excepción”, ya que el funcionario había informado previamente sus planes y obtuvo autorización para realizar el viaje.

El viceministro fue fotografiado en las tribunas del estadio de Kansas City con la camiseta argentina durante el triunfo del seleccionado nacional.

Cómo fue el viaje

Viola partió el jueves pasado en un vuelo de Aerolíneas Argentinas rumbo a Miami, donde reside parte de su familia. Para asistir al partido adquirió la entrada mediante reventa en Estados Unidos, una modalidad permitida en ese país.

Desde su entorno aseguraron que el viaje fue realizado con fondos propios y que no implicó gastos para el Estado.

El rol de Viola dentro del oficialismo

Santiago Viola mantiene una relación cercana con Karina Milei desde los primeros años del armado libertario. Es apoderado nacional de La Libertad Avanza y llegó al Ministerio de Justicia en marzo, luego de la salida de Sebastián Amerio.

Además, representa al Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura.

Consultado sobre el viaje, el funcionario decidió no realizar declaraciones.

Mientras tanto, desde la Casa Rosada insistieron en que ningún otro integrante del Gobierno tiene previsto viajar para ver los próximos partidos de Argentina, aunque no explicaron los motivos por los cuales Viola recibió autorización para asistir al encuentro mundialista.

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Política

Piden informes al Gobierno por el paso del buque de guerra británico HMS Medway

Se trata de un grupo de diputados del Peronismo Federal presentó un pedido de informes para que el gobierno de Javier Milei explique qué actuaciones realizó frente al tránsito de la embarcación.

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El paso del buque militar HMS Medway, perteneciente a la Royal Navy del Reino Unido, por aguas del Atlántico Sur bajo jurisdicción argentina, continúa generando repercusiones políticas. Un grupo de diputados del Peronismo Federal presentó un pedido de informes en la Cámara baja para que el gobierno de Javier Milei explique qué actuaciones realizó frente al tránsito de la embarcación que había zarpado desde las Islas Malvinas y navegó rumbo al Estrecho de Magallanes.

La iniciativa, encabezada por Guillermo Michel y acompañada por los diputados Guillermo Snopek, Juan Pablo Luque, Pablo Yedlin, Ernesto «Pipi» Alí, Kelly Olmos, Moria Lanesan Sancho, Emir Félix y Victoria Tolosa Paz, solicita que el Gobierno informe si tuvo conocimiento previo del desplazamiento de la embarcación y qué medidas adoptó una vez detectado el episodio.

El pedido se produce días después de que trascendiera que el HMS Medway ingresó en aguas bajo jurisdicción argentina sin una comunicación previa por parte del Reino Unido, situación que volvió a poner bajo la lupa los mecanismos de confianza militar establecidos entre ambos países tras la Guerra de Malvinas.

Qué información reclamaron los diputados

En el proyecto, los legisladores solicitaron que el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Defensa y la Armada Argentina respondan cinco puntos centrales:

-Si el Gobierno tuvo conocimiento previo del tránsito del HMS Medway.

-Si existió una notificación oficial por parte del Reino Unido y por qué canales diplomáticos o militares se realizó.

-Si el desplazamiento del patrullero se ajustó a los convenios bilaterales vigentes.

-Qué procedimientos activan la Armada, Defensa y Cancillería cuando detectan un buque militar extranjero en aguas bajo jurisdicción argentina.

-Si el Poder Ejecutivo presentó o prevé presentar una protesta diplomática formal ante el Reino Unido.

El antecedente que reavivó la polémica

Según confirmaron fuentes oficiales, la Armada Argentina detectó el desplazamiento del HMS Medway mientras navegaba desde las Islas Malvinas hacia el Estrecho de Magallanes. El episodio generó preocupación porque, de acuerdo con la información conocida, no se habría realizado la comunicación previa prevista en los mecanismos de intercambio establecidos por el Acuerdo Madrid II, firmado en 1990 para reducir riesgos de incidentes militares entre ambos países.

Tras detectar el movimiento del patrullero, la Cancillería analizó la posibilidad de presentar una protesta diplomática por el incumplimiento de esos procedimientos, aunque hasta el momento no trascendió una posición oficial definitiva.

«Es una provocación»

Al fundamentar el pedido de informes, Guillermo Michel sostuvo que «lo que sucedió con este buque no puede entenderse de otra manera que una provocación del Reino Unido hacia la República Argentina y hacia la defensa de la soberanía de las Islas Malvinas».

En el texto presentado, los diputados afirman que la presencia de una embarcación militar británica navegando desde las Islas Malvinas por aguas bajo jurisdicción argentina «constituye un hecho de extrema gravedad que no puede ser naturalizado».

Michel también advirtió que la situación «interpela directamente la defensa de nuestra soberanía y la protección de los intereses estratégicos de la Nación en el Atlántico Sur», al considerar que la consolidación de una presencia militar extranjera en un territorio cuya soberanía reclama la Argentina compromete recursos pesqueros, energéticos, la proyección antártica y los derechos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.

Por último, el legislador sostuvo que «frente a estos hechos, el Estado argentino debe actuar con firmeza, transparencia y una posición diplomática clara e inequívoca en defensa del interés nacional», al tiempo que cuestionó la política del Gobierno respecto de la defensa del territorio marítimo, la presencia en la Antártida y la protección de los recursos estratégicos del país.

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Política

Descontarán la pensión de Cristina Fernández de Kirchner en más de $3 millones por mes

ANSES abonará la pensión determinada por la Justicia, pero con un recorte que percibía la expresidenta por vivir en zona austral.

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Tras conocerse la medida judicial que estableció la restitución de la pensión que percibía Cristina Fernández Kirchner, el Ministerio de Capital Humano anticipó que acatará el fallo pero ejecutará un descuento millonario sobre la suma que debía cobrar la expresidenta. Se trata de un nuevo revés hacia la situación patrimonial de la dirigente, en medio de su condena penal.

Según pudo confirmar Ámbito con fuentes oficiales, el descuento a Cristina Kirchner alcanza los $3.136.630 mensuales, del total de $15.683.154 en bruto que le corresponde a la expresidenta en concepto de pensión. La ANSES se sujetará a las definiciones judiciales y establecerá dos descuentos: uno por los aportes obra social y el impuesto a las Ganancias; y el otro correspondiente al pago adicional que percibía por habitar en zona austral, dado que actualmente transita su arresto domiciliario en la ciudad de Buenos Aires.

Se estima que este descuento superior a los tres millones de pesos continuará hasta, al menos, alcanzar un total de los $660.052.338 que la expresidenta percibió en concepto de vivir en la zona austral sin cumplir esa condición. A fines de junio, la Cámara Federal de la Seguridad Social había aceptado el recurso presentado por la presidenta del Partido Justicialista para que vuelva a percibir la pensión por el fallecimiento de Néstor Kirchner.

La Corte Suprema desestimó un recurso de Cristina Kirchner por el decomiso de $685.000 millones

La Corte Suprema dejó firme la actualización del monto del decomiso en la causa Vialidad, en la que fue condenada la expresidenta Cristina Kirchner, entre otros, acusados. El monto pasó de $85.000 millones a $685.000 millones.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaron por inadmisibles los planteos de la expresidenta y de Lázaro Báez, entre otros acusados que se oponían al decomiso y al sistema de actualización del mismo fijado por los jueces de la causa.

Casación mantuvo sin cambios las restricciones de su prisión domiciliaria

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó el recurso presentado por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner contra las condiciones impuestas para el cumplimiento de su prisión domiciliaria y confirmó íntegramente la decisión del Tribunal Oral Federal N° 2.

Por mayoría, los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña resolvieron mantener el régimen vigente, al considerar que no existen circunstancias nuevas que justifiquen flexibilizar las condiciones de ejecución de la pena. La Cámara entendió que el correcto cumplimiento de las condiciones no alcanza, por sí solo, para modificar el régimen vigente.

La defensa había solicitado que se eliminara el régimen de autorización previa para las visitas, que se retirara la tobillera electrónica y que se dejaran sin efecto las restricciones horarias para acceder a la terraza del edificio de San José 1111. También sostuvo que Cristina Kirchner cumplió durante un año todas las reglas impuestas y que debía aplicarse el principio de progresividad de la pena.

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