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Política

Acevedo encabezó una reunión sobre el desarrollo urbano en Tucumán

El Vicegobernador recibió una propuesta que apunta a intercambiar experiencias con la ciudad colombiana de Medellín para estudiar su evolución en movilidad, accesibilidad y planificación urbana.

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El vicegobernador, Miguel Acevedo, encabezó esta mañana un encuentro en la Legislatura, donde representantes de la Fundación Tucumán y Meta Tucumán expusieron los lineamientos del «Proyecto Medellín». La iniciativa busca generar un intercambio de experiencias con la ciudad colombiana para analizar su transformación en materia de movilidad, accesibilidad y planificación urbana.

El encuentro fue impulsado por la legisladora Carolina Vargas Aignasse y contó con la participación de Alberto Núñez (Fundación del Tucumán), Francisco De Rosa (Meta Tucumán) y el asesor Pablo Peralta. Durante la reunión, se detallaron los avances de Medellín en el desarrollo urbano y se exploraron oportunidades para aplicar estrategias innovadoras en Tucumán.

Tras la reunión, la legisladora Vargas Aignasse destacó la importancia de fortalecer el trabajo conjunto entre el sector público y privado en Tucumán. «La provincia de Tucumán tiene que ser un todo y que todos somos importantes desde el sector público para definir políticas públicas, pero siempre escuchando todo lo que el sector privado, que es quien da trabajo genuino, quien invierte, quien corre riesgos, quien hace crecer la provincia económicamente, se pueda potenciar un trabajo en común», remarcó.

«Hay experiencias que han vivido desde estas instituciones que han venido a trasladarle al Vicegobernador y también hacerle una invitación muy importante para una experiencia que tienen en Medellín, que es en el campo mundial uno de los lugares en donde, a través de la innovación, se han podido ver verdaderos cambios que tienen que ver con cuestiones no solamente económico de política pública, sino de idiosincrasia y antropológicas con respecto a los ciudadanos y la calidad de vida», precisó.

Por su parte, Alberto Núñez expresó que el objetivo de la reunión fue presentar al Vicegobernador una visión más amplia, enfocada en la posibilidad de construir una relación más fluida entre el sector público y privado. Señaló que la idea es desarrollar proyectos comunes que, en última instancia, contribuyan a la transformación de Tucumán.

«Dentro de uno de esos le hemos planteado el tema de lo que viene siendo la misión a Medellín. Tuvimos la primera experiencia el año pasado y este año estamos repitiendo entre el 27 de abril y el 2 de mayo», dijo. En este sentido, expresó: «Lo hemos visto muy entusiasmado el Vicegobernador en esto de construir juntos. Está esa disposición y ese compartir que realmente tenemos que trabajar en proyectos a largo plazo que sean independientes de quién esté gobernando y que lo sigan sacando adelante para poder transformar Tucumán».

A su turno, Francisco De Rosa consideró que «tenemos que cambiar nuestra forma de concebirnos como tucumanos, individualmente y hacia los otros tucumanos, hacia la norma, hacia nuestra provincia y hacia el futuro». «Para eso, tenemos que pensar de manera diferente, tenemos que unirnos, tenemos que identificar, tenemos que respetar la norma y tenemos que integrarnos desde lo privado con lo público», detalló.

«Esto nos enseña mucho la gente de Medellín y por eso estamos tratando de llevar la mayor cantidad posible de gente que conozca esa experiencia que es una experiencia latina, una experiencia muy cercana. Ha tenido mucho éxito y creemos que es totalmente aplicable acá y que nos va a hacer vivir mejor a todos», concluyó.

Política

Mohamed y Madkur asumieron la conducción de la UNT hasta el 2030

Las nuevas autoridades juraron en el teatro Alberdi. El rector anunció medidas contra el abandono estudiantil, cambios en la emisión de títulos y mayor transparencia en el uso de los fondos de YMAD.

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Sergio Mohamed y Horacio Madkur asumieron anoche como rector y vicerrector de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) y estarán al frente de la casa de estudios hasta mayo de 2030. Durante el acto, realizado en el teatro Alberdi, Mohamed anticipó que su gestión seguirá los lineamientos del Plan Estratégico Institucional 2022-2030 y anunció medidas para reducir el abandono estudiantil, agilizar la entrega de títulos, disminuir la cantidad de docentes interinos y transparentar el destino de los fondos provenientes de YMAD.

La ceremonia comenzó a las 20.30 y se extendió durante poco más de dos horas. La vicerrectora subrogante, María Cristina Grunauer de Falú, tomó juramento a las nuevas autoridades y puso así fin a los tres meses de conducción interina que comenzaron el 1 de junio.

Entre los asistentes estuvieron el vicegobernador Miguel Acevedo; la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla; el diputado nacional Pablo Yedlin; la senadora nacional Sandra Mendoza; intendentes, ministros provinciales, integrantes de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, ex rectores de la UNT y rectores de universidades privadas de la provincia.

La hoja de ruta

En su primer discurso como rector, Mohamed combinó referencias a su historia personal con definiciones sobre el escenario que atraviesa la educación superior. Recordó que es nieto de un inmigrante sirio que no sabía leer ni escribir y destacó que la UNT le permitió obtener los títulos de técnico, ingeniero civil y magíster, además de ejercer la docencia durante 37 años.

Frente al escenario presupuestario nacional, sostuvo que la discusión sobre las universidades “no es una mera cuestión contable”. “Estamos debatiendo qué lugar ocupa el conocimiento en la Argentina y qué tipo de sociedad queremos construir”, afirmó.

También advirtió sobre las dificultades salariales y presupuestarias y sobre “el riesgo de perder el talento científico y tecnológico que nos costó años construir”.

Mohamed reivindicó la gestión de Sergio Pagani y Mercedes Leal, de la que formó parte como secretario de Obras y Planeamiento, y anticipó una línea de continuidad. Señaló que la hoja de ruta de su administración será el Plan Estratégico Institucional 2022-2030.

Entre las metas enumeró la implementación de un sistema de alerta temprana contra el abandono estudiantil, la creación de una oficina de egresados, la reducción a 60 días del plazo para la emisión de títulos y la disminución del 25% al 15% de la proporción de docentes interinos.

También se refirió al destino de las utilidades de YMAD. Aseguró que las prioridades para la ejecución de obras serán establecidas por el Consejo de Decanos y refrendadas por el Consejo Superior, y prometió publicar información detallada sobre cada proyecto.

“No podemos ni debemos permitir la más mínima duda sobre el destino de cada peso invertido”, enfatizó.

Además, convocó a un “gran acuerdo institucional” y resumió el objetivo para los próximos cuatro años: “Trataremos de que la película en el 2030 sea mejor”.

Foco en los estudiantes

Madkur también reivindicó el proceso iniciado durante el rectorado de José García y continuado por Pagani y Leal. Al referirse a Mohamed, destacó su experiencia y su método de trabajo.

“Una estructura se mide por lo que resiste. Y Sergio sabe de eso más que nadie. Su ejemplo de trabajo es para muchos de nosotros una medida”, expresó.

El nuevo vicerrector puso especialmente el foco en los alumnos. “Los estudiantes son una promesa, una promesa que la Universidad le hace al país”, afirmó. Y anticipó: “Como Mohamed, vamos a poner el foco solo en los estudiantes. No hay otro objetivo”.

También reivindicó a los trabajadores no docentes, de quienes señaló que “sostienen lo invisible y lo invisible es lo que más pesa”.

El respaldo de la Provincia

Acevedo ratificó el acompañamiento de la Provincia a las nuevas autoridades. “Creemos y confiamos en una universidad pública, gratuita y de calidad”, sostuvo.

El vicegobernador destacó además la expansión de la oferta académica hacia el interior y el boleto estudiantil gratuito como herramientas para favorecer la inclusión y reducir la deserción. Aseguró que los poderes Ejecutivo y Legislativo continuarán trabajando “a la par” de la UNT y recordó los convenios que la Legislatura mantiene con distintas unidades académicas.

Acevedo también explicó la ausencia del gobernador Osvaldo Jaldo. Señaló que el mandatario tenía otros compromisos previstos en su agenda, entre ellos una actividad en San Pablo, y que por cuestiones de tiempo no podía participar de ambos actos.

“Me pidió a mí que lo represente”, indicó el vicegobernador, quien transmitió el respaldo de Jaldo a Mohamed y Madkur y les deseó “el mayor de los éxitos” en la nueva gestión.

El cierre de la transición

La asunción marcó también el final del período de transición que atravesó la UNT durante los últimos tres meses. Grunauer de Falú, quien quedó al frente del Rectorado como vicerrectora subrogante desde el 1 de junio, volverá ahora a concentrarse en la conducción de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.

La actividad institucional continuará hoy. A las 17 se realizará la primera sesión ordinaria del Consejo Superior con Mohamed al frente del cuerpo y con la integración definitiva de sus miembros.

Entre los cambios estará la incorporación de Aída Olmos en representación de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología, luego de que Mohamed dejara el Decanato para asumir la conducción de la Universidad.

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Política

El Gobierno denunciará penalmente a cinco empresas petroleras que operan en Malvinas

La Oficina del Presidente informó que Pablo Quirno presentó una denuncia contra cinco compañías por la exploración y explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte.

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El Gobierno nacional presentó una denuncia penal contra cinco empresas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas, según informó este lunes la Oficina del Presidente. La presentación fue realizada por el canciller Pablo Quirno, con el patrocinio letrado del procurador del Tesoro, Sebastián Amerio.

La denuncia alcanza a Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco Atlantic Oil & Gas Ltd. Según el comunicado oficial, algunas de estas compañías contarían presuntamente con licencias otorgadas por el Reino Unido para realizar actividades hidrocarburíferas en la Cuenca Malvinas Norte.

Qué plantea la denuncia del Gobierno

La Oficina del Presidente sostuvo que la presentación constituye una acción concreta para proteger los recursos naturales y defender la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, además de los espacios marítimos e insulares correspondientes.

En ese sentido, el Gobierno afirmó que continuará «investigando y promoviendo las acciones que sean necesarias para no dejar impune ningún acto que vulnere los derechos soberanos de la República Argentina».

El comunicado también informó que el presidente Javier Milei firmó una instrucción presidencial dirigida al ministro de Economía, Luis Caputo, para que se priorice en la elaboración del Proyecto de Presupuesto Nacional 2027 el desarrollo de la Base Naval Integrada Ushuaia y de otros proyectos estratégicos.

La instrucción establece que esos proyectos deberán ser incluidos en el presupuesto que será remitido al Congreso Nacional el próximo 15 de septiembre, con el objetivo de fortalecer la Seguridad Nacional y la protección de los intereses soberanos argentinos.

Según la Oficina del Presidente, las medidas forman parte de una política integral destinada a fortalecer las capacidades del Estado argentino para defender su territorio, proteger sus recursos naturales y resguardar sus intereses estratégicos.

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Política

El Estado debe pagarles 10 millones de dólares a los abogados de Cristina Kirchner

La Dirección Nacional de Vialidad había iniciado la demanda en 2018, durante la administración de Mauricio Macri, y reclamaba entonces $22.300 millones a la expresidenta y a otros involucrados pero el expediente quedó paralizado.

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Una grave omisión de las autoridades de Vialidad Nacional durante el gobierno de Javier Milei dejó al Estado al borde de tener que pagar casi US$10 millones en honorarios a los abogados de Cristina Kirchner y de los demás acusados en la causa Vialidad.

El desembolso todavía no está firme porque deberá ser revisado por la Corte Suprema. Sin embargo, se originó después de que el organismo estatal no impulsara dentro de los plazos correspondientes una demanda civil destinada a recuperar fondos públicos.

La inactividad del Estado había comenzado durante la presidencia de Alberto Fernández, pero la caducidad se terminó de consumar entre el 17 de marzo y el 7 de abril de 2025, cuando Javier Milei ya llevaba más de un año en el poder.

Durante ese período, las autoridades designadas para conducir Vialidad Nacional no realizaron las actuaciones necesarias para mantener vigente el reclamo. La Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal consideró entonces que se había producido la “caducidad de la instancia” y dio por terminado el juicio.

El resultado de esa falla administrativa puede convertirse en un golpe millonario para las arcas públicas: los honorarios regulados a favor de doce abogados ascienden a $13.614 millones, equivalentes a casi US$10 millones con IVA incluido.

Es decir, mientras el Estado todavía intenta ejecutar el decomiso dispuesto contra Cristina Kirchner por su condena penal, una negligencia procesal de sus propios funcionarios podría obligar a todos los contribuyentes a pagar una cifra multimillonaria a las defensas.

La Dirección Nacional de Vialidad había iniciado la demanda en 2018, durante la administración de Mauricio Macri, y reclamaba entonces $22.300 millones a la expresidenta y a otros involucrados. El objetivo era obtener una reparación económica por las presuntas irregularidades investigadas en la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz.

Pero el expediente quedó paralizado. Aunque la falta de actividad se arrastraba desde la gestión anterior, el plazo decisivo venció bajo la administración libertaria sin que las autoridades de Vialidad consiguieran evitarlo.

Después de perder el juicio, el organismo presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema. El máximo tribunal deberá resolver si confirma la caducidad o si permite reabrir la demanda y evita que el Estado deba afrontar los honorarios.

Por ahora, la Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal suspendió el trámite de regulación y cobro hasta que se conozca la decisión de la Corte. Por esa razón, los casi US$10 millones todavía no fueron pagados ni pueden considerarse una obligación definitivamente firme.

Los abogados de Cristina Kirchner, Luis Goldín y Fernando Muriel, acudieron directamente al máximo tribunal para intentar destrabar el cobro. Denunciaron una supuesta “privación de justicia” y solicitaron que se anule la resolución que mantiene congeladas las regulaciones.

Del total cercano a US$10 millones, los representantes de la expresidenta tienen regulados aproximadamente US$575.764: unos US$359.354 para Goldín y US$216.410 para Muriel. El resto corresponde a los abogados de los otros acusados y absueltos alcanzados por el juicio.

El profesional con la regulación más elevada es Miguel Ángel Arce Aggeo, defensor de Juan Carlos Villafañe y José Raúl Santibáñez, quien podría percibir alrededor de US$2,4 millones. Mariano Fragueiro Frías y Mario Fernando Ganora tienen asignados cerca de US$1,2 millones cada uno.

Otros letrados cuentan con honorarios calculados entre aproximadamente US$433.000 y US$867.000, según las personas a las que representaron y las tareas desarrolladas dentro del expediente.

La regulación fue realizada el 9 de abril de 2026. Los abogados la consideraron insuficiente, mientras que Vialidad sostuvo que los montos eran excesivos. Posteriormente, el 14 de julio, los camaristas Florencia Nallar y Juan Perozziello Vizier resolvieron frenar el procedimiento hasta que se pronuncie la Corte.

El caso expone una contradicción difícil de explicar: el Estado buscaba recuperar una suma multimillonaria, dejó vencer el juicio por falta de impulso y ahora corre el riesgo de terminar pagando casi US$10 millones a las defensas.

La responsabilidad administrativa atraviesa dos gobiernos, pero el momento determinante ocurrió durante la presidencia de Milei. Las autoridades de Vialidad que estaban en funciones no evitaron la caducidad y dejaron abierta una factura que, si la Corte confirma el fallo, será afrontada con recursos públicos.

Ahora el máximo tribunal tiene en sus manos dos discusiones económicas vinculadas con Cristina Kirchner: por un lado, el recurso de Vialidad para intentar revivir la demanda civil; por otro, la presentación de los abogados que pretenden avanzar con el cobro de sus honorarios.

Hasta que la Corte se expida, el pago permanece suspendido. Pero la falla ya dejó al Estado expuesto a perder definitivamente el reclamo y cargar sobre los contribuyentes una obligación cercana a los US$10 millones.

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