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Tucumán

A dos meses del vencimiento de la concesión, se esperan definiciones de la Nación sobre el futuro de El Cadillal

La prórroga aparece como la opción más viable en el análisis del gobierno provincial ante el silencio de la nación.

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El Gobierno de Tucumán ingresó en una etapa de expectativa respecto del futuro del complejo hidroeléctrico de El Cadillal, cuya concesión —junto a las de Escaba y Pueblo Viejo— vencerá el próximo 31 de julio, tras tres décadas de administración por parte de Hidroeléctrica Tucumán SA. Mientras aún no hay anuncios oficiales del gobierno de Javier Milei, la Provincia sigue de cerca los pasos que dará la Nación y, paralelamente, analiza alternativas para tener algún grado de participación en el esquema futuro.

Luego de una semana marcada por gestos de satisfacción en la Casa de Gobierno, especialmente tras los avances en las obras vinculadas a la infraestructura hídrica, el escenario volvió a trasladarse hacia la incertidumbre. En el Ejecutivo provincial consideran posible que la Nación opte inicialmente por extender la concesión vigente, una estrategia que ya fue utilizada recientemente en otros procesos similares.

No obstante, distintas áreas técnicas elevaron propuestas para avanzar hacia un modelo que incorpore algún nivel de participación provincial. El objetivo, según trascendió, es acceder a energía a valores más bajos respecto de los actuales precios de mercado y generar excedentes económicos que permitan financiar nuevas inversiones y mejoras en las instalaciones.
Actualmente, tres ministerios del gabinete del gobernador Osvaldo Jaldo concentran esfuerzos sobre la situación del dique El Cadillal.
Por un lado, el Ministerio de Obras Públicas, encabezado por Marcelo Nazur, llevó adelante a través de la Dirección Provincial del Agua (DPA) la reparación de la presa lateral número 3, una obra que demandó más de dos años de ejecución y fue desarrollada por la Unión Transitoria de Empresas integrada por Sabavisa SA y Conorvial SA.
La semana pasada el gobernador encabezó un acto oficial luego de que el Organismo Regulador de Seguridad de Presas (Orsep) autorizara elevar la cota máxima de almacenamiento a 607,50 metros sobre el nivel del mar. La intervención había sido dispuesta por Jaldo mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia durante 2023, ante el riesgo generado por la aparición de grietas en esa estructura.
La obra demandó una inversión superior a los $ 15.300 millones y, según evaluaciones oficiales, permitió solucionar el problema detectado, aunque el Orsep recomendó mantener un seguimiento permanente sobre la evolución de los trabajos realizados.
En paralelo, la Fiscalía de Estado, dirigida por Gilda Pedicone, mantiene una demanda judicial en trámite ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°1 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del juez Enrique Alonso Reguera.
El reclamo busca recuperar los fondos que la Provincia destinó a las obras ejecutadas. La posición del Gobierno tucumano sostiene que el contrato firmado en la década de 1990 entre la Nación y la concesionaria establecía que Hidroeléctrica Tucumán SA debía asumir ese tipo de trabajos.
La empresa, sin embargo, rechaza esa interpretación y argumenta que los términos económicos de la concesión no le permitían afrontar una inversión de esa magnitud.
El tercer frente de trabajo se desarrolla en el Ministerio de Economía, conducido por Daniel Abad, que lleva adelante conversaciones con el Gobierno nacional respecto del futuro del complejo hidroeléctrico.
Aunque hasta el momento no existen resoluciones formales, antecedentes recientes vinculados a otras centrales hidroeléctricas muestran un esquema que contempla primero una prórroga contractual y posteriormente la apertura de un proceso licitatorio.

“Estamos esperando que se nos comunique qué se va a hacer”, indicaron fuentes oficiales.

Mientras aguardan definiciones, en Tucumán ya comenzaron a elaborarse alternativas concretas. Una de ellas fue planteada formalmente el año pasado por el interventor del Ente Regulador de Servicios Públicos de Tucumán (Ersept), José Ricardo Ascárate, durante una audiencia mantenida con el entonces secretario de Energía de la Nación, Eduardo Javier Rodríguez Chirillo.
En aquella oportunidad, Ascárate propuso que las centrales hidroeléctricas de El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo regresaran a la órbita provincial.
Las autoridades aclaran que no se trata de un proyecto cerrado, sino de una propuesta abierta a modificaciones y consensos con la Nación. El objetivo central sería aprovechar el vencimiento de la concesión como una oportunidad para fortalecer y jerarquizar esas estructuras energéticas.
Entre las alternativas analizadas aparece un nuevo modelo concesionario que permita al Gobierno provincial intervenir en la fijación de determinadas condiciones. Otra posibilidad consiste en avanzar con contratos de abastecimiento entre las empresas generadoras y la distribuidora local, una modalidad que ya se implementó en otros puntos del país.
Todas las variantes tienen un punto en común: aprovechar la flexibilización del mercado energético, teniendo en cuenta que desde este año las distribuidoras pueden adquirir hasta el 25% de la energía que requieren fuera del sistema administrado por Cammesa.
Por ahora, el desenlace permanece abierto y las decisiones finales siguen dependiendo de las definiciones que adopte la Nación.

Tucumán

El Presupuesto 2027 para San Miguel de Tucumán prevé gastos por $ 454.000 millones

El proyecto ingresó al Concejo Deliberante y contempla más de $153.000 millones para el pago de salarios municipales

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La intendenta Rossana Chahla presentó el proyecto de Presupuesto 2027 para San Miguel de Tucumán, que prevé gastos por aproximadamente $454.000 millones, un 29,9% más que los $349.000 millones contemplados en el presupuesto vigente. La iniciativa ya ingresó al Concejo Deliberante y deberá ser analizada por la comisión de Hacienda antes de su tratamiento en el recinto.

Se trata del último presupuesto correspondiente a la actual gestión municipal. Del monto total proyectado, $426.000 millones estarán destinados a la Municipalidad capitalina y unos $28.100 millones, equivalentes al 6,2%, corresponderán al Concejo Deliberante.

Uno de los principales componentes del cálculo de gastos es el pago de salarios. Según la propuesta, se destinarán $153.100 millones a remuneraciones del personal, lo que representa el 33,7% del presupuesto total.

De esa cifra, $131.200 millones corresponden al Departamento Ejecutivo municipal y $21.900 millones al Concejo Deliberante, presidido por Fernando Juri.

De dónde saldrán los fondos del Presupuesto 2027

El proyecto municipal incluye las siguientes previsiones de recursos para el próximo año:

  • $218.400 millones provenientes de impuestos, tasas y contribuciones.
  • $217.900 millones correspondientes a fondos nacionales y provinciales.
  • $18.000 millones contemplados para potenciales operaciones de crédito.

El incremento del 29,9% previsto para los gastos municipales se ubica por encima de las estimaciones de inflación para 2027.

De acuerdo con el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central citado en el proyecto, las previsiones privadas sitúan la inflación del próximo año en torno al 21,9%. Por su parte, el Gobierno nacional contempló una pauta del 18% en su propuesta presupuestaria.

Cómo será el tratamiento en el Concejo Deliberante

La iniciativa fue girada a la comisión de Hacienda, presidida por el concejal oficialista Emiliano Vargas Aignasse.

También integran ese espacio los peronistas Gonzalo Carrillo Leito y José María Franco, el radical José María Canelada y el representante de Libres del Sur, Gastón Gómez.

Durante el análisis del proyecto, los concejales podrán convocar a funcionarios del Ejecutivo municipal para que expliquen los detalles de la distribución de recursos y las prioridades de gasto.

Una vez concluido el estudio, la comisión deberá emitir un dictamen para que el Presupuesto 2027 pueda ser debatido y votado en el recinto.

Como antecedente, el Presupuesto 2026 fue aprobado por unanimidad en diciembre del año pasado.

El antecedente del Presupuesto 2026 y su ampliación

El presupuesto actualmente en ejecución fue aprobado por $349.000 millones, aunque durante este año el Ejecutivo municipal solicitó una readecuación de los fondos.

En septiembre, el Concejo Deliberante autorizó una ampliación de hasta el 15%, equivalente a un máximo aproximado de $52.000 millones, en un contexto de inflación acumulada del 30%.

En el presupuesto original de 2026, las áreas con mayores asignaciones fueron la Secretaría de Medio Ambiente, con $92.500 millones; Obras Públicas, con $73.500 millones; Servicios Públicos, con $42.300 millones; y la Secretaría General, con $35.300 millones.

Ahora, el Concejo Deliberante deberá definir si aprueba el nuevo cálculo de recursos y gastos presentado por Chahla para el último año de su actual mandato.

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Tucumán

Dictamen favorable a un proyecto para sancionar a quienes difundan contenidos falsos durante las campañas electorales

La Comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales avanzó con iniciativas vinculadas a la participación ciudadana, la difusión de contenidos falsos durante las campañas electorales y la transformación digital de la administración pública. Además, recibió a representantes del Poder Judicial y de FEPUT para analizar la regulación de la actividad de los peritos judiciales .

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La Comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales de la Legislatura de Tucumán dio dictamen a distintas iniciativas que se encontraban en estudio y que abordan aspectos vinculados al funcionamiento institucional y la modernización del Estado.

Uno de los proyectos propone promover, garantizar y fortalecer los mecanismos de participación ciudadana en la provincia, como complemento de la democracia representativa. La iniciativa busca facilitar el control social de la gestión pública y fomentar la colaboración entre el Estado y la sociedad.

También obtuvo dictamen una propuesta destinada a prevenir y sancionar la difusión de noticias falsas y contenidos manipulados durante las campañas electorales provinciales.

A estos proyectos se suma “Tucumán Ágil”, una iniciativa que apunta a modernizar la administración pública y avanzar en la transformación digital del Estado provincial mediante la incorporación progresiva de herramientas tecnológicas.

Por otra parte, la comisión recibió a funcionarios del Poder Judicial y a integrantes de la comisión directiva de la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Tucumán (FEPUT), con quienes analizó el proyecto que busca regular la actividad de los peritos profesionales que intervienen en los distintos fueros del Poder Judicial de la provincia.

Sobre esta última propuesta no se emitió dictamen. Sin embargo, se acordó continuar con el intercambio y el análisis del proyecto, con el compromiso de avanzar hacia un despacho en el corto plazo. La reunión fue encabezada por la presidenta de la comisión, legisladora Carolina Vargas Aignasse.

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Tucumán

El 80% de los comerciantes tucumanos asegura que sus ventas cayeron o están estancadas

Un relevamiento privado realizado en octubre también muestra cambios en los hábitos de consumo y dificultades para sostener la rentabilidad.

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El 80% de los comerciantes tucumanos asegura que sus ventas se estancaron o disminuyeron durante los últimos tres meses, según una encuesta realizada en octubre por el programa Tucumán se Expresa, de la asociación civil Construcción Popular. El relevamiento también muestra cambios en los hábitos de consumo, dificultades para sostener la rentabilidad y un escenario de expectativas divididas sobre la economía.

De acuerdo con el informe, al que tuvo acceso Tendencia de Noticias, el 42,5% de los comerciantes afirmó que sus ventas permanecieron estancadas, mientras que el 37,5% registró una caída. Apenas el 20% de los encuestados manifestó haber experimentado un crecimiento en su actividad.

Sin embargo, pese al complicado panorama comercial, el 53,1% expresó confianza en las políticas económicas implementadas por el Gobierno nacional desde 2023, encabezado por Javier Milei.

Los tucumanos compran menos y buscan productos más baratos

El relevamiento también identificó modificaciones importantes en el comportamiento de los consumidores, que buscan reducir sus gastos frente a las dificultades económicas.

Según los comerciantes consultados, la tendencia más frecuente es reemplazar productos habituales por segundas marcas o alternativas más económicas. Otra conducta extendida es disminuir las cantidades compradas.

También se registró un mayor uso de financiación y una búsqueda más estricta de ofertas y promociones, esta última mencionada por el 13,8% de los encuestados.

Frente a este escenario, muchos comerciantes optaron por modificar sus estrategias para conservar clientes y sostener sus negocios.

El 35,4% aseguró que absorbe los aumentos de costos y resigna parte de sus ganancias para evitar trasladarlos completamente a los precios finales.

En tanto, el 13,9% decidió reducir la variedad de productos y el stock disponible, el 12,7% extendió su jornada laboral y el 11,4% recortó gastos operativos.

Qué les reclaman los comerciantes a los gobiernos

La principal preocupación del sector continúa siendo la evolución de los precios. El 35% de los encuestados considera prioritario controlar la inflación y estabilizar los precios.

Por su parte, el 30% reclama una reducción de impuestos y el 17,5% pide medidas destinadas a incentivar el consumo interno.

En cuanto a la valoración política, el estudio encontró diferencias entre los niveles nacional y provincial.

Mientras que el 53,1% manifestó confianza en las políticas económicas nacionales, el 41,5% desaprueba la gestión del Gobierno de Tucumán. Otro 37,8% considera que la administración provincial “hace lo que puede”.

La mitad espera una recuperación de las ganancias

A pesar de las dificultades actuales, una parte importante de los comerciantes mantiene expectativas favorables para los próximos meses.

El 50% proyecta que su rentabilidad aumentará en un plazo de seis a doce meses, mientras que el 28,6% considera que permanecerá sin cambios y el 10% anticipa un empeoramiento.

Estas expectativas también se reflejan en los planes de inversión. El 43,8% de los comerciantes encuestados afirmó que proyecta invertir capital o contratar personal en el corto plazo.

En cambio, el 38,7% prevé mantener su estructura actual y el 17,5% evalúa reducirla.

De esta manera, el informe muestra un sector comercial golpeado por el estancamiento del consumo, pero que todavía conserva expectativas de recuperación, incluso entre quienes reconocen que sus ventas no lograron mejorar durante el último trimestre.

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