El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) difundió el dato de inflación de noviembre, que presentó una suba del 12,8% el mes pasado (el más alto del año) y del 160,9% el último año. Además, desde enero, la inflación minorista fue del 148x%. De este modo, en los cuatro años de gestión de Alberto Fernández se acumuló una suba de precios del 1.000 por ciento, el mayor índice desde la hiperinflación de 1990.
Economía
La inflación en noviembre tuvo una suba del 12,8%
Según el Indec, la inflación ya acumula un aumento de 160,9% en los últimos doce meses, el mayor índice desde 1990.
En particular, los alimentos y bebidas subieron 15,7% el mes pasado y el 170% el último año.
Según informó el Indec, “el Nivel general del Índice de precios al consumidor registró un alza mensual de 12,8% en noviembre de 2023, y acumuló una variación de 148,2%. En la comparación interanual, el incremento alcanzó el 160,9%. La división de mayor aumento en el mes fue Salud (15,9%), producto de las subas en los medicamentos y en las cuotas de empresas de medicina prepaga. Le siguieron Alimentos y bebidas no alcohólicas (15,7%) -con las mayores subas en Aguas minerales, bebidas gaseosas y jugos, Frutas, y Verduras, tubérculos y legumbres- y Comunicación (15,2%), por los incrementos en servicios de telefonía móvil e internet”.
En tanto, “la división con mayor incidencia en todas las regiones fue Alimentos y bebidas no alcohólicas (15,7%). Al interior de la división tuvieron mayor incidencia las subas de Carnes y derivados, Aguas minerales, bebidas gaseosas y jugos, y Pan y cereales. Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en noviembre fueron Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (7,1%) y Educación (8,3%). A nivel de las categorías, el IPC Núcleo (13,4%)”, precisó el organismo liderado por Marco Lavagna.
Las estimaciones privadas
El Instituto de Estadística de los Trabajadores (IET) de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) indicó que “la aceleración de la inflación del mes pasado se produjo mayormente tras el ballotage del 19 de noviembre por la perspectiva de devaluación y desregulación de precios que ya advertía el gobierno entrante. Entre noviembre de 2019 y noviembre de 2023, los precios en promedio se multiplicaron por 10,13 veces mientras que el salario del sector privado registrado lo hizo por 9,9″.
“La inflación de los trabajadores se ubicó en el 12,1% en noviembre, acelerándose en 2,3 puntos respecto a los valores de octubre. Con este registro, la inflación alcanzó el 147,1% en los primeros once meses del año. En tanto, la inflación interanual (esto es, contra el mismo mes del año previo) alcanzó el 159,7%”.
Según el informe “la aceleración de la inflación del mes pasado se produjo mayormente tras el ballotage del 19 de noviembre. La perspectiva de devaluación sumada a la desregulación de precios – tras las primeras medidas del nuevo gobierno- viene generando desde entonces intensas subas de precios, que dejan un fuerte arrastre para diciembre. Con total seguridad, 2023 será por lejos el año de mayor inflación desde la híper de 1990″.
En tanto, el índice de precios al consumidor que mide la Fundación Libertad y Progreso (IPC-LyP) marcó un aumento de 12,6% para el mes pasado. Ese dato implica un quiebre sobre la desaceleración al 8,3% que se había registrado en octubre y una vuelta a los niveles registrados por la devaluación posterior a las PASO de agosto. “En cuanto a la variación interanual, la misma ascendió a 160,4%, 68 puntos más que un año atrás, y el valor más alto desde julio de 1991 (178,3%)”, indicaron.
“Los datos de la última semana mostraron que tras la segunda vuelta electoral los precios crecieron a un ritmo del 6,6% semanal, el mayor registro de toda la administración de Alberto Fernández”, explicó el informe de LyP.
“La suba estuvo impulsada por el rubro de alimentos y bebidas, donde anotamos subas del 12% para la mayor parte de los productos; algo vinculado al vencimiento del programa de Precios Justos que se renovó con actualizaciones del 12%. Y también por el lanzamiento de un nuevo tipo de cambio diferencial, 20% superior al oficial, para todas las exportaciones, equivalente a un salto cambiario para toda la canasta de productos transables que son parte de nuestra canasta exportable”, explicaron.
Por su parte, desde Ecolatina aseguraron que el IPC general de noviembre registró una suba del 12,7% respecto a octubre y del 161,1% en forma interanual, dejando atrás la moderación transitoria verificada en octubre en el marco de los diversos congelamientos aplicados por el Gobierno en la previa electoral y el menor arrastre de la devaluación post-PASO. “De este modo, nuestro índice acumuló un alza del 150,5% en lo que va del año”, aclararon.
“Luego de mostrar en octubre una menor dinámica respecto al promedio, Alimentos y bebidas¨ volvió a trepar por encima (+14,2%), aunque los aumentos fueron encabezados por Salud (+17,8%); Equipamiento y mantenimiento del hogar (+16,2%) y Esparcimiento (+16,1%). Por el contrario, Indumentaria (+8,2%), Educación (+8,7%) y Vivienda y Servicios Básicos (+9,4%) se elevaron por debajo de la media”, aseguraron.
La consultora C&T informó que su relevamiento arrojó un IPC del 11,5% en noviembre y una variación interanual del 161,6 por ciento. En paralelo, anticiparon que para diciembre se espera un nivel todavía superior. “El mes arrancó con diversos ajustes significativos luego del freno que había tenido lugar hasta las elecciones generales de octubre. Luego hubo una moderación y después del balotaje comenzaron a registrarse incrementos fuertes y generalizados”, explicaron.
Según C&T, salud fue el rubro de mayor suba a partir del alza del 19% en los medicamentos, una de las más altas de todos los rubros del IPC. En esparcimiento se destacaron el turismo y los equipos electrónicos; en el caso de los últimos, a pesar de las ofertas que tuvieron lugar durante el mes. Los electrodomésticos impactaron particularmente en equipamiento y mantenimiento del hogar, acompañados por los productos de limpieza y un nuevo aumento para las empleadas domésticas.
El cálculo de Eco Go sobre la inflación general de noviembre fue del 13,4 por ciento. Allí vale destacar que los alimentos subieron 3,4% en la última semana, un rubro sensible para los sectores de menores recursos.
Economía
Proyectan inversiones de hasta US$ 1.000 millones si se aprueba la nueva ley de biocombustibles
El aumento del porcentaje de corte de las naftas, del 12% actual al 15%, es uno de los puntos más importantes del proyecto oficial, consensuado con el sector productivo y las provincias (Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Tucumán, Salta y Jujuy).
Las industrias de bioetanol de maíz y de caña de azúcar se encuentran expectantes y proyectan inversiones de hasta US$ 1.000 millones si se aprueba el proyecto de ley de biocombustibles en el Congreso.
El aumento del porcentaje de corte de las naftas del 12% actual al 15% es uno de los puntos más importantes del proyecto de la senadora Patricia Bullrich, consensuado con el sector productivo y las provincias (Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, Tucumán, Salta y Jujuy).
Desde marzo, el Gobierno permite la posibilidad de que las petroleras puedan incrementar de manera voluntaria el corte al 15%, con el objetivo de que el aumento internacional del petróleo no impacte de lleno en el precio de los combustibles.
En la comparación de la obligación de corte con los países vecinos, Brasil lidera con 32%, seguido por Paraguay y Bolivia con 25%. Argentina se encuentra en cuarto lugar con 12% y Uruguay en quinto con 10%.
En 2025 se produjeron 1,3 millones de metros cúbicos de bioetanol, abasteciendo sin dificultades la mezcla E12 para las naftas, equivalente a 1,2 millones de m3. Si se hubiera aumentado al 15% el porcentaje de corte, el país habría ahorrado unos US$ 410 millones en importaciones de naftas, señala un informe del Centro Azucarero Argentino y la Cámara de Bioetanol de Maíz.
“En los ocho años previos, este beneficio a la balanza comercial del país acumuló US$ 5.051,8 millones. Asimismo, gracias al octanaje del bioetanol, las refinadoras de petróleo volvieron a tener en 2025 un sustancial ahorro en su costo de producción: compraron etanol por US$ 755,5 millones, evitando un costo extra de US$ 1.236,6 millones si hubiesen utilizado como fuente octánica al tolueno y de US$ 535,8 millones si optaban por sustituirlo por MTBE”, sostiene el reporte.
La capacidad de producción actual es de aproximadamente 1,45 millones m3/año, mientras la demanda anual de bioetanol en Argentina ronda los 1,2 millones de m3/año, lo que deja una capacidad ociosa del 25%. “Este significativo incremento es resultado de más de US$ 1.500 millones desde 2012, a pesar de las numerosas dificultades económicas atravesadas por el país y la falta de una política de biocombustible clara y sostenible”, según las entidades. En el período 2024/2025 las inversiones superaron los US$ 150 millones.
Producción de bioetanol
En el marco de la II Cumbre del Bioetanol, Patrick Adam, gerente de la Cámara de Bioetanol de Maíz, comentó a PERFIL que “queremos salir del sistema actual de regulación excesiva, fórmulas de precios, cupos de producción que constituyen un cepo para seguir progresando. Entonces estamos con mucha expectativa con el proyecto de la senadora Bullrich, que desregula, genera mercados competitivos y autoriza nuevas movilidades ligadas al etanol”.
“Argentina ya no se puede permitir exportar el 70% de su producción de maíz sin darle valor agregado”, añadió.
Adam indicó que el nuevo marco regulatorio tiene tres vectores para el crecimiento del sector: la elevación del corte al 15%, la posibilidad de que las provincias tengan sus propias regulaciones con porcentajes de corte más altos y la apertura del mercado a vehículos “flex” como ocurre en Brasil. “Eso llevaría a triplicar la producción actual de la Argentina. Después de la sanción de la ley se esperan inversiones de US$ 400 millones en el corto plazo y US$ 1.000 millones a mediano y largo plazo”, añadió el gerente de la Cámara.
Por su parte, Jorge Etchandy, gerente del Instituto de Promoción del Alcohol y el Azúcar de Tucumán (IPAAT), comentó que “Tucumán forma parte de la Liga Bioenergética de las Provincias y el sueño es lograr un corredor de biocombustible desde Santa Fe hasta el norte con salida a los países limítrofes. Creo que estamos muy cerca de lograrlo, porque lo que pedimos en la ley es que en el territorio provincial, como productores de etanol, podamos tener cortes superiores al 15%”.
Otra oportunidad para el bioetanol es la elaboración de combustible sostenible de aviación (SAF). Claudio Molina, especialista en biocombustibles, afirmó que “son inversiones grandes, que no están restringidas por la ley actual, pero los inversores quieren más seguridades. Ahí podemos tener inversiones de US$ 1.000 millones”.
Molina agregó que “la Secretaría de Energía se ha manejado de manera muy informal, hay normas que no se han cumplido a lo largo del tiempo y entonces los inversores tienen miedo de que les cambien todos los días las reglas de juego. Por eso es importante que haya una ley y cumplirla”.
Producción de bioetanol
La nueva ley que espera la industria y las provincias
El proyecto de ley de biocombustibles establece algunos cambios con respecto a la ley actual. En el caso del biodiesel, producido fundamentalmente con aceite de soja, el corte obligatorio pasará del 7,5% actual al 10% a partir de los 12 meses de la sanción de la ley.
Con respecto al bioetanol para el corte de las naftas, el corte obligatorio ascenderá del 12% al 15%. En cuanto al origen, se mantendrá la división de 6% de bioetanol de maíz y 6% de caña de azúcar, mientras que el 3% restante “no estará sujeto a ninguna regulación sobre su materia prima de origen”.
A los fines del cumplimiento mensual de la mezcla obligatoria, el proyecto de ley señala que se deberá instrumentar un mercado electrónico “que concentre la comercialización de manera única, transparente y de acceso público, administrado por un organismo independiente con experiencia comprobada en negociación de productos energéticos y bajo estándares internacionales de comercio”. /Perfil
Economía
Las importaciones de prendas crecieron 65% en volumen y profundizaron la crisis de la industria textil argentina
La producción se desplomó 26,5% entre enero y mayo de este año, mientras las fábricas operan con casi la mitad de sus máquinas detenidas.
Los números dejan poco margen para las dudas sobre el momento que atraviesa la industria textil argentina. La producción se desplomó 26,5% entre enero y mayo de este año, mientras las fábricas operan con casi la mitad de sus máquinas detenidas y el entramado empresario pierde establecimientos mes a mes. En junio, el uso de la capacidad instalada del sector fue de apenas 46,6%, muy por debajo del 59,1% del promedio industrial, según el INDEC. En los primeros cuatro meses del año, además, 115 establecimientos dejaron de operar, de acuerdo con datos de la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA).
El deterioro alcanza además al empleo y al entramado empresario. En abril, el conjunto de textil, confección, cuero y calzado contabilizaba 95.094 puestos formales, con 1.241 empleos menos que en marzo.
Pero las dificultades no quedan únicamente del lado de la producción. En julio, las ventas minoristas pyme de textil e indumentaria cayeron 5,6% interanual y 5,5% respecto del mes anterior, mientras que en los primeros siete meses del año acumularon una baja del 4,6%.
La Cámara de la Mediana Empresa (CAME) vinculó la caída con un consumidor que posterga la renovación del guardarropa y concentra sus compras en productos indispensables. Al mismo tiempo, los comerciantes manifestaron preocupación por la creciente oferta de prendas importadas, los costos fijos y el encarecimiento del financiamiento.
La presión externa también aparece en las estadísticas sectoriales. Durante 2026, las importaciones de prendas terminadas crecieron 65% en volumen, mientras que entre enero y junio las compras de maquinaria textil alcanzaron u$s60,2 millones y mostraron una caída del 28% en la inversión tecnológica.
Detrás de estos números aparecen fábricas que directamente dejaron de producir, compañías que redujeron su estructura al mínimo y empresas que recurrieron a la Justicia para intentar evitar la quiebra.
Las fábricas que bajaron la persiana en 2026
Uno de los casos más resonantes fue Will Der SA, que durante agosto cerró sus plantas de General Pacheco y Las Flores y despidió a 120 trabajadores. La compañía se dedicaba a la fabricación de indumentaria deportiva y había trabajado para marcas como Adidas, Puma, Lacoste, Fila y New Balance.
En La Rioja, Hilado también debió cerrar definitivamente después de atravesar dificultades para sostener su actividad. La empresa se dedicaba a la confección de prendas para grandes marcas de indumentaria y su salida afectó a 60 trabajadores.
También Emilio Alal SACIFI cerró su actividad textil y dejó a más de 200 empleados despedidos. El 27 de febrero, el proceso fue clasificado judicialmente como «Gran Concurso – Categoría A».
La crisis tampoco distinguió trayectoria. La Texto Fabril, histórica fábrica de Alta Gracia, Córdoba, cerró sus puertas a punto de cumplir 80 años de actividad. Dedicada a fabricar elásticos para ropa interior y vendas quirúrgicas, dejó sin trabajo a sus últimos 29 empleados.
En Tucumán, Panpack terminó de cerrar su planta de Los Nogales. La fábrica producía tejidos, bolsas, hilos y cintas de rafia de polipropileno y dejó a alrededor de 70 personas sin empleo.
La Rioja volvió a sumar otro caso con Mazalosa, grupo propietario de Portsaid, Desiderata y System, que cerró su fábrica del Parque Industrial provincial. La planta confeccionaba prendas para las marcas de la compañía y la decisión afectó a unos 20 trabajadores.
El ajuste también alcanzó al comercio. Manki, después de una década en el mercado de indumentaria, anunció el cierre de seis de sus siete locales propios y mantuvo solamente el punto de venta de Recoleta y su canal online para liquidar el stock. La compañía no informó públicamente cuántos puestos quedaron afectados.
Para otras empresas, la salida durante 2026 no fue bajar definitivamente la persiana, sino recurrir al concurso preventivo para reorganizar sus deudas y tratar de mantener la operación.
Uno de los casos más importantes por tamaño fue Textil Amesud. La fabricante que abasteció a grandes marcas deportivas internacionales ingresó al proceso con un pasivo de $12.156 millones y una producción muy alejada de su potencial: actualmente fabrica alrededor de 115 toneladas mensuales de telas, pese a contar con capacidad para producir unas 700.
En Mar del Plata, Textilana, la histórica compañía detrás de Mauro Sergio, también solicitó su concurso preventivo para reorganizar pasivos superiores a los $2.400 millones. Pese a continuar operativa, la fábrica funciona aproximadamente al 60% de su capacidad instalada.
El fenómeno alcanzó además a la ropa infantil. Owoko, a través de las sociedades Kokoloko y De Niños, recurrió a la Justicia con pasivos superiores a $2.800 millones. Actualmente, ambas sociedades mantienen 39 puestos registrados.
Otro caso fue Fantome Group, fabricante que produjo para marcas como Reebok, Kappa, Kevingston y Billabong. La compañía llegó al concurso con una estructura reducida a alrededor de 20 empleados y señaló entre sus dificultades la pérdida de clientes que comenzaron a reemplazar producción local por mercadería importada.
En paralelo, Ted Bodin ingresó en concurso preventivo con un pasivo aproximado de $2.005 millones, frente a activos cercanos a $780 millones. La histórica marca de indumentaria femenina mantiene 34 trabajadores y ocho locales, mientras busca reestructurar sus obligaciones para continuar funcionando.
La situación alcanzó incluso a A. Mutz y Cía., fabricante de medias, ropa interior y prendas de punto vinculada a marcas como Zorba, Mercury y Mutz Sport. La empresa recurrió al concurso tras registrar pérdidas superiores a $941 millones y acumular decenas de cheques rechazados.
Entre las pymes industriales, los números muestran un deterioro algo más moderado que el registrado por el conjunto de la actividad textil, aunque igualmente negativo. En mayo, la producción pyme de textil e indumentaria acumulaba una caída del 3,9% durante 2026 y las plantas utilizaban en promedio el 54,5% de su capacidad instalada, según CAME.
El relevamiento también detectó presión de la oferta importada, menores márgenes y un consumidor que se desplazó hacia productos de menor valor y marcas secundarias.
De fabricar a importar
Uno de los casos más resonantes fue Will Der SA, que durante agosto cerró sus plantas de General Pacheco y Las Flores y despidió a 120 trabajadores. La compañía se dedicaba a la fabricación de indumentaria deportiva y había trabajado para marcas como Adidas, Puma, Lacoste, Fila y New Balance.
En La Rioja, Hilado también debió cerrar definitivamente después de atravesar dificultades para sostener su actividad. La empresa se dedicaba a la confección de prendas para grandes marcas de indumentaria y su salida afectó a 60 trabajadores.
También Emilio Alal SACIFI cerró su actividad textil y dejó a más de 200 empleados despedidos. El 27 de febrero, el proceso fue clasificado judicialmente como «Gran Concurso – Categoría A».
La crisis tampoco distinguió trayectoria. La Texto Fabril, histórica fábrica de Alta Gracia, Córdoba, cerró sus puertas a punto de cumplir 80 años de actividad. Dedicada a fabricar elásticos para ropa interior y vendas quirúrgicas, dejó sin trabajo a sus últimos 29 empleados.
En Tucumán, Panpack terminó de cerrar su planta de Los Nogales. La fábrica producía tejidos, bolsas, hilos y cintas de rafia de polipropileno y dejó a alrededor de 70 personas sin empleo.
La Rioja volvió a sumar otro caso con Mazalosa, grupo propietario de Portsaid, Desiderata y System, que cerró su fábrica del Parque Industrial provincial. La planta confeccionaba prendas para las marcas de la compañía y la decisión afectó a unos 20 trabajadores.
El ajuste también alcanzó al comercio. Manki, después de una década en el mercado de indumentaria, anunció el cierre de seis de sus siete locales propios y mantuvo solamente el punto de venta de Recoleta y su canal online para liquidar el stock. La compañía no informó públicamente cuántos puestos quedaron afectados.
Las empresas que buscan sostenerse
Para otras compañías, la salida durante 2026 no fue bajar definitivamente la persiana, sino recurrir al concurso preventivo para reorganizar sus deudas y tratar de mantener la operación.
Uno de los casos más importantes por tamaño fue Textil Amesud. La fabricante que abasteció a grandes marcas deportivas internacionales ingresó al proceso con un pasivo de $12.156 millones y una producción muy alejada de su potencial: actualmente fabrica alrededor de 115 toneladas mensuales de telas, pese a contar con capacidad para producir unas 700.
En Mar del Plata, Textilana, la histórica compañía detrás de Mauro Sergio, también solicitó su concurso preventivo para reorganizar pasivos superiores a los $2.400 millones. Pese a continuar operativa, la fábrica funciona aproximadamente al 60% de su capacidad instalada.
El fenómeno alcanzó además a la ropa infantil. Owoko, a través de las sociedades Kokoloko y De Niños, recurrió a la Justicia con pasivos superiores a $2.800 millones. Actualmente, ambas sociedades mantienen 39 puestos registrados.
Otro caso fue Fantome Group, fabricante que produjo para marcas como Reebok, Kappa, Kevingston y Billabong. La compañía llegó al concurso con una estructura reducida a alrededor de 20 empleados y señaló entre sus dificultades la pérdida de clientes que comenzaron a reemplazar producción local por mercadería importada.
En paralelo, Ted Bodin ingresó en concurso preventivo con un pasivo aproximado de $2.005 millones, frente a activos cercanos a $780 millones. La histórica marca de indumentaria femenina mantiene 34 trabajadores y ocho locales, mientras busca reestructurar sus obligaciones para continuar funcionando.
La situación alcanzó incluso a A. Mutz y Cía., fabricante de medias, ropa interior y prendas de punto vinculada a marcas como Zorba, Mercury y Mutz Sport. La empresa recurrió al concurso tras registrar pérdidas superiores a $941 millones y acumular decenas de cheques rechazados.
Entre las pymes industriales, los números muestran un deterioro algo más moderado que el registrado por el conjunto de la actividad textil, aunque igualmente negativo. En mayo, la producción pyme de textil e indumentaria acumulaba una caída del 3,9% durante 2026 y las plantas utilizaban en promedio el 54,5% de su capacidad instalada, según CAME.
El relevamiento también detectó presión de la oferta importada, menores márgenes y un consumidor que se desplazó hacia productos de menor valor y marcas secundarias.
De fabricar a importar
Uno de los casos que mejor sintetiza el cambio que atraviesa parte del sector es el de IGT33 SA, compañía detrás de Rever Pass y Be Rebel. La empresa ingresó en concurso preventivo con deudas superiores a los $7.000 millones, aunque mantiene activa su planta de Ricardo Rojas, más de 100 trabajadores y 13 locales comerciales.
En medio de la reestructuración, sin embargo, la propia firma comenzó a reemplazar parte de su matriz productiva por un esquema con mayor participación de productos importados.
El movimiento coincide con una tendencia que aparece tanto en los relevamientos industriales como comerciales. CAME detectó entre los fabricantes una mayor presión competitiva de productos del exterior y, entre los comercios, una creciente presencia de prendas importadas.
El concurso preventivo tampoco significa que las dificultades desaparezcan una vez abierto el expediente. En varios casos, las compañías llegan a esa instancia con estructuras laborales y productivas ya muy reducidas.
Remeras del Sur, fabricante de indumentaria corporativa para compañías como Claro, Mercedes-Benz, Michelin y Toyota, ingresó en concurso preventivo con un pasivo cercano a los $357 millones. Al momento de iniciar el proceso mantenía apenas siete empleados.
En Santa Fe, Texilo SA solicitó su concurso con deudas superiores a los $2.500 millones. La empresa busca utilizar el procedimiento para mantener activa su planta de Desvío Arijón y preservar sus 24 puestos de trabajo.
Una situación todavía más extrema atraviesa Fisipa, fabricante de hilados sintéticos instalada en la histórica planta de la ex Sniafa, en La Plata. La firma llegó al concurso con un pasivo de $565,4 millones y solamente ocho trabajadores registrados.
También Lulea Mindful Athletes, dedicada a la indumentaria deportiva, recurrió este año a la Justicia con un pasivo cercano a $974 millones. Entre los factores señalados por la compañía aparecen la caída del consumo, los costos financieros y la mayor presencia de productos importados.
La diferencia entre los casos es importante: un concurso preventivo no equivale a una quiebra ni un cierre de planta significa necesariamente la desaparición completa de una empresa. Pero durante los primeros ocho meses de 2026, ambas situaciones comenzaron a repetirse dentro de una industria que produce menos, tiene buena parte de sus máquinas detenidas y enfrenta un mercado interno todavía debilitado.
Con la producción acumulando una caída superior al 26% hasta mayo, las ventas minoristas nuevamente en retroceso durante julio y menos de la mitad de la capacidad textil en funcionamiento en junio, los cierres dejaron de aparecer como episodios aislados.
El mapa que dejan estos casos muestra una industria en plena reconfiguración: algunas compañías dejaron de fabricar, otras intentan sostenerse con estructuras más chicas y un tercer grupo empieza a complementar o reemplazar producción local con mercadería del exterior. El desafío ya no pasa solamente por recuperar el nivel de actividad, sino por encontrar un modelo de negocios que pueda sostenerse en un mercado con mayor presencia importada y un consumidor más selectivo.
FUENTE: Ámbito Financiero
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