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Política

El Senado debate hoy modificaciones a la Ley de Glaciares

El oficialismo busca la media sanción de los cambios a la Ley de Glaciares para potenciar inversiones mineras.

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La Ley de Glaciares (26.639) se sancionó hace más de una década para establecer presupuestos mínimos en la protección de áreas con glaciares y periglaciares en todo el territorio argentino. Ahora, el Gobierno pretende aprobar una legislación para evitar sanciones judiciales por actividades de minería, hidrocarburos y litio en esos sectores.

El debate tendrá lugar este jueves, a partir de las 11, en la Cámara Alta. El tratamiento de la ley será dentro de las sesiones extraordinarias del Congreso, que finalizan el 27 de febrero.

Durante esa misma jornada, el Senado también discutirá otras temáticas de agenda: la Ley Penal Juvenil, la ratificación del acuerdo UE-Mercosur y el pliego de Fernando Iglesias como embajador ante la Unión Europea y Bélgica.

Principales modificaciones legales

La iniciativa de reducir la protección en las reservas hídricas incentivó el debate con expertos en el tema y con organizaciones ambientalistas. El Ejecutivo sostiene, por su parte, que buscan “dar mayor previsibilidad a proyectos productivos” y ordenar las competencias entre Nación y las provincias.

Uno de los ejes centrales de la modificación es la reinterpretación del Inventario Nacional de Glaciares. Este sistema se centra en conocer el número, área y distribución espacial de los cuerpos de hielo para definir el estado actual de las reservas hídricas cordilleranas.

El instrumento se mantendría en vigencia, pero con menos alcance. Es decir, ya no bastaría con que una zona hídrica esté bajo protección para impedir actividades como la minería. Para que un glaciar o periglaciar no se toque, debería demostrarse que cumple funciones clave como reserva estratégica de agua o recarga de cuencas.

En este sentido, fueron foco de atención los periglaciares, que son las zonas que rodean a los cuerpos hídricos. Su función es la regulación y el almacenamiento del agua.

Con la nueva ley, la protección hacia ellos se vería reducida y las provincias podrían dictaminar qué zonas preservar y cuáles no. Expertos advierten que cualquier alteración en esas zonas puede afectar indirectamente las reservas de agua.

En línea similar, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas marcó cuál sería el artículo “más regresivo de todo el proyecto”. Es el tercero y delimita que la protección no sería absoluta.

Dice que en caso de que una autoridad competente establezca que un glaciar o periglaciar no cumpla con alguna de las funciones previstas, no estarían alcanzados por las previsiones de la ley.

“De aprobarse la reforma, todos los glaciares y ambientes periglaciares pueden ser destruidos”, pronunciaron los expertos en la temática. La justificación radica en que solo consideraría para eliminar la protección “que el glaciar sea fuente de reserva estratégica o recarga de agua determinada políticamente por una autoridad provincial”.

Eso desecharía otras funciones ecosistémicas que cumplen: regulación del clima, de los océanos, uso de las comunidades o preservación de la biodiversidad.

Otro cambio destacado se refiere a las acciones comerciales que podrían realizarse en los glaciares. Hasta ahora, se encuentran prohibidas la minería y otras actividades industriales. Luego de la ley, se mantendrían las limitaciones, aunque cada provincia tendría la potestad de definir cuáles son “áreas de alteración relevante”.

Argumentos en contra

El primer reclamo vino desde la parte legal. El anuncio de la modificación en la ley vigente llegó a mediados de 2025 y lo tacharon de inconstitucional. Este argumento se sostiene hasta el presente. Tiene que ver con que altera un área que está contenida en una legislación mayor.

Glaciares se contemplan dentro del derecho al ambiente sano, garantizado por la Constitución. “Es un marco legal mayor. Una exigencia ambiental es el agua sana. Si contaminás el agua estás siendo inconstitucional”, opinaban ambientalistas en aquel momento.

Desde el ala política, el peronismo mayoritariamente se posiciona críticamente ante la desprotección de las zonas hídricas. Presentaron desde Unión por la Patria un “contraproyecto” a cargo de Eduardo Valdés.

Buscaría restringir la actividad minera e industrial en áreas de glaciares y periglaciares y reafirmar el valor de recurso natural estratégico de interés nacional para esos sectores. Eso priorizaría su preservación para consumo humano y riego por sobre cualquier interés económico.

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SESIÓN 26 DE FEBRERO

Política

Jaldo destacó las gestiones por obras y el avance del subsidio energético para el Norte

El gobernador repasó las gestiones realizadas en Buenos Aires vinculadas con el presupuesto nacional, obras de infraestructura y recursos para Tucumán. También señaló que el Gobierno nacional avanzó con la instrumentación de las compensaciones para la energía eléctrica en las provincias del Norte durante los meses de mayor consumo.

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El gobernador Osvaldo Jaldo destacó las gestiones realizadas ante el Gobierno nacional para incorporar obras de infraestructura y recursos destinados a Tucumán en el próximo Presupuesto de la Nación. Además, se refirió al avance de la medida que establece compensaciones para el consumo de energía eléctrica en las provincias del Norte durante los meses de mayores temperaturas.

Jaldo explicó que las gestiones realizadas en Buenos Aires tuvieron como objetivo obtener los recursos que corresponden a la provincia y avanzar con obras de infraestructura. En ese sentido, señaló que durante los casi tres años de gestión se ejecutaron proyectos vinculados con servicios esenciales.

“La verdad que hoy, si nosotros hacemos un análisis en estos casi tres años de gobierno que llevamos, hemos encarado obras de infraestructura que la verdad que son de niveles importantes de inversión, pero de servicios esenciales muy fundamentales, como una terminal nueva, un aeropuerto nuevo, rutas provinciales pavimentadas nuevas”, afirmó.

El gobernador también destacó el proceso de concesión de tramos de las rutas nacionales que atraviesan la provincia. “Hemos conseguido que el gobierno nacional ya concesione grandes tramos y casi 200 kilómetros de nuestras rutas nacionales, es decir, esas rutas nacionales que prácticamente hoy están abandonadas, bueno, ya hemos logrado que el gobierno nacional a través de licitación las puedan asignar para que las empresas puedan cuidar esas rutas nacionales”, sostuvo.

En relación con el Presupuesto nacional, Jaldo indicó que las gestiones también estuvieron vinculadas con la incorporación de obras y recursos para las provincias.

“Ustedes saben que ya se está poniendo en agenda el presupuesto de la Nación Argentina, y ese presupuesto incluye o debe incluir también a todos los distritos de la República Argentina, a todas las provincias. Y estos son los temas que estamos hablando, las obras que vamos a incluir en ese presupuesto, los recursos coparticipables que vamos a tener en ese presupuesto, los recursos específicos para diferentes áreas”, expresó.

El mandatario agregó que durante la semana mantuvo reuniones de trabajo junto con el ministro de Economía de Tucumán, Daniel Abad. “Es decir, que hemos trabajado toda la semana con el Ministro de Economía de la provincia y también con quien habla”, señaló.

Jaldo sostuvo que, pese al escenario nacional, la Provincia mantuvo la prestación de los servicios esenciales. “Nosotros somos optimistas, la situación es compleja pero ustedes ven que la gestión en Tucumán no se para, ustedes ven que nosotros con mucho esfuerzo económico y financieramente la provincia viene haciendo mucho equilibrio, cumpliendo con los servicios esenciales en todas las áreas”, afirmó.

Compensaciones para el consumo eléctrico

Por otra parte, el gobernador se refirió al reclamo de las provincias del Norte para acceder a un esquema de compensaciones similar al establecido para las denominadas zonas frías.

Jaldo recordó que Tucumán acompañó la iniciativa vinculada con el subsidio al gas para las provincias del sur y planteó la necesidad de contemplar las particularidades climáticas del Norte.

“Nosotros bajo ningún punto de vista nos oponíamos, al contrario. Apoyábamos esa ley de zona fría, que no era otra cosa de subvencionar el gas, que es un servicio esencial para las provincias del sur del país, donde la gente vive casi todo el año bajo cero, con mucho frío y con temperaturas que el ser humano necesita calefaccionarse para poder vivir”, explicó.

En ese marco, sostuvo que el Norte necesitaba una medida vinculada con el consumo eléctrico, debido a las altas temperaturas durante el verano.

“De la misma manera se tenía que tomar la decisión e instrumentar una medida similar para el norte argentino, pero una medida que tenía que ver con subvencionar la energía, porque nosotros, a diferencia del sur, más que calefaccionarnos, nosotros en época de verano tenemos que refrigerarnos. Y eso se hace con los artefactos eléctricos y utilizamos la energía eléctrica”, indicó.

El gobernador afirmó que la medida ya obtuvo sanción y que el Gobierno nacional trabaja en su instrumentación.

“Por eso hemos conseguido el subsidio a las energías eléctricas, es decir, que durante cuatro meses en el año, los años donde las temperaturas suben a los niveles máximos y hay un mayor consumo, va a haber subvención en función al consumo, en función a los ingresos de la familia”, manifestó.

Finalmente, Jaldo sostuvo que el beneficio alcanzará a distintos departamentos de Tucumán durante el próximo verano. “Esto es lo que nosotros estamos hoy trabajando en la instrumentación porque ya en este verano vamos a tener las compensaciones de la energía en diferentes departamentos de nuestra querida provincia de Tucumán”, afirmó.

“Eso la verdad que ya es un hecho, es un logro y nosotros hemos cumplido la palabra porque en las sesiones ya se le dio sanción a lo que es la zona fría, entonces el Gobierno ya está trabajando en la instrumentación de las compensaciones para la energía eléctrica en el norte de la provincia”, concluyó.

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Política

Tucumán adherirá a bajar la imputabilidad de menores y prepara cambios para poder aplicarla desde septiembre

El vicegobernador Miguel Acevedo confirmó que la provincia adecuará su legislación penal juvenil a la nueva normativa nacional. Anticipó que habrá una reunión con la Corte, el Poder Ejecutivo y legisladores para definir cómo se implementará el régimen en Tucumán.

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Tucumán adherirá a la ley nacional que establece un nuevo régimen de responsabilidad penal juvenil y reduce la edad de imputabilidad, según confirmó el vicegobernador Miguel Acevedo durante el desarrollo de su agenda de actividades realizada en Casa de Gobierno.

El titular del Poder Legislativo explicó que la provincia deberá realizar las modificaciones necesarias para adaptar la normativa nacional a su propia realidad y anticipó que la aplicación podría comenzar este mismo año, teniendo en cuenta que la ley nacional entrará en vigencia a partir de septiembre.

Vamos a adherir y vamos a tener que hacer las adecuaciones necesarias para que se pueda implementar aquí en Tucumán”, afirmó Acevedo al ser consultado sobre la posición de la provincia frente al nuevo régimen.

La implementación, según explicó, requerirá un trabajo coordinado entre los distintos poderes del Estado. “Tenemos que articular el accionar, no tan sólo legislativo con el Poder Judicial sino también con el Poder Ejecutivo”, señaló.

En ese sentido, adelantó que el próximo martes se realizará una reunión en la Corte con representantes del Poder Judicial, el Ejecutivo y la Legislatura, además de integrantes de la comisión que trabaja sobre la adecuación normativa. El objetivo será avanzar en una legislación que pueda aplicarse efectivamente en la provincia, contemplando las particularidades locales.

Acevedo remarcó además que el nuevo esquema no debería limitarse a una respuesta punitiva, sino que debe contemplar la posibilidad de recuperación y reinserción de los jóvenes que sean alcanzados por la normativa.

Aunque hayan delincuencias, serán condenados, pero queremos que esos que condenemos se puedan recuperar. Son jóvenes, no estamos hablando de adultos”, sostuvo.

Una implementación que demandará recursos

El vicegobernador también advirtió que adaptar la legislación no será suficiente. La aplicación del nuevo régimen requerirá estructura, recursos y previsiones presupuestarias, por lo que el Poder Ejecutivo deberá contemplar las erogaciones necesarias para ponerlo en funcionamiento.

Implementar y llevar a cabo la medida que se tome implica una erogación, implica tener una estructura, implica que el presupuesto del Poder Ejecutivo contemple las acciones que vayamos a desarrollar”, explicó.

Acevedo señaló que el gobernador Osvaldo Jaldo está siguiendo el proceso y destacó que Tucumán ya cuenta con antecedentes y herramientas vinculadas al abordaje de menores en conflicto con la ley.

La confirmación se produjo durante el homenaje a Juan Bautista Alberdi, realizado en Casa de Gobierno en el marco de las actividades organizadas junto al Colegio de Abogados, que celebra sus 100 años. Durante el acto también se destacó la realización de una nueva edición de la Bienal Argentina de Fotografía, prevista para octubre en distintos espacios de la provincia.

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Política

Fracasó la reunión del Consejo del Salario y el Gobierno establecerá el nuevo haber mínimo

El Consejo del Salario no logró un acuerdo para establecer el nuevo mínimo en las remuneraciones y el nuevo mínimo será establecido por el Gobierno.

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El Consejo del Salario no logró un acuerdo para establecer el nuevo mínimo en las remuneraciones y el nuevo mínimo será establecido por el Gobierno.

Los gremios solicitaron un mínimo de $ 911.000, mientras que los empresarios ofrecieron $ 400.000.

A la fecha el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) es de $376.600, cifra a la que se llegó aplicando el cronograma de ajustes que se había fijado en la reunión de noviembre de 2025.

Este valor es una referencia que, además de fijar una remuneración básica, sirve para la determinación de algunos programas sociales, prestaciones y subsidios.

La conversación se dio en medio de una solapada intención del gobierno nacional de lograr que los salarios mínimos de bolsillo se acerquen a los $ 800.000, lo que representaría un bruto cercano a $ 1.100.000.

Si bien este tema no estuvo en la agenda del encuentro que se realizó este mediodía, la discusión quedó flotando luego que en las últimas horas la Secretaría de Trabajo hiciera trascender la intención del Gobierno nacional.

El Consejo del Salario es una instancia en la que dialogan representantes de los trabajadores, empleadores, el Estado nacional y los gobiernos provinciales para determinar ese piso salarial.

Se viene realizando en el último tiempio de manera virtual, a través de Zoom, y la CGT había reclamado la semana pasada que en el encuentro de este viernes se regrese a la presencialidad, pero el Gobierno no accedió a la petición sindical.

De la reunión participaron por el sector empleador: Juan José Etala, José Luis Zapata y Horacio Martínez (UIA); Ricardo Diab y Juan Massi (CAC).

Por el sector trabajador: Jorge Solá, Cristian Jerónimo, Octavio Argüello y Luna Villar (CGT); Claudio Mani, Hugo Yasky, Hugo Godoy y Ricardo Peidro (CTA Autónoma y CTA de los Trabajadores).

También estuvieron los asesores técnicos de todas estas organizaciones.

Las críticas de ATE

Finalizada la reunión del Consejo del Salario Mínimo, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, se quejó que los empresarios propusieron un aumento de 1,8% en septiembre y 1,7% para octubre hasta abril, y planteó que “este Gobierno terminó convirtiendo al salario mínimo en un subsidio”.

“El Consejo del Salario debiera ser la paritaria de los que no tienen paritarias. Joden y dejan desprotegidos al 40% de los trabajadores. El SMVM sigue siendo de indigencia. No es vital porque no alcanza para vivir, tampoco es móvil porque se ubica por debajo de la inflación”, agregó el dirigente estatal en un comunicado.

“El Consejo del Salario es inservible, es una puesta en escena. Hace más de dos años que no hay acuerdos y se termina resolviendo por una resolución del Gobierno. ¿El Consejo existe? Si seguimos así, el Consejo va a existir pero los salarios van a desaparecer. Este organismo nació para garantizar dignidad y no pobreza legal como sucede hoy. Ha sido copado por los grandes empresarios y se reúne sólo para convalidar lo que ellos resolvieron previamente con el Gobierno”, finalizó Aguiar.

FUENTE: Noticias Argentinas

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